Este no es el México de antes. Vivimos en una democracia, pero muy vulnerable, pues está siendo acosada por la delincuencia organizada, que trata de tomar control de modo territorial, kilómetro a kilómetro.
En menos de diez meses han sido asesinados 140 políticos, considerando el periodo que va de septiembre del 2017, hasta fines de junio del 2018 y aún faltan tres días para que finalice el mes.
De estos ejecutados por arma de fuego, 48 eran candidatos que estaban participando de la actual contienda electoral.
La Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, explica que casi todos estos asesinatos fueron ejecutados en municipios de menos de 50,000 habitantes.
Guerrero 14, Michoacán 5, Puebla 5, Oaxaca 4, Edomex 4, Jalisco 4, Guanajuato 3, Colima 3, Chihuahua 2, Sinaloa 1, Quintana Roo 1, Coahuila 1 y San Luis Potosí 1, es el número de candidatos.
A su vez, mil candidatos renunciaron y se abstuvieron de hacer campaña durante el presente proceso electoral.
Sin embargo, las autoridades federales y estatales no han tomado conciencia del grave riesgo que esto representa para la seguridad nacional.
Siguiendo una estrategia de guerrillas, la delincuencia organizada ha ido tomando el control de plazas pequeñas y desprotegidas. El asesinato de candidatos es una estrategia de alto impacto emocional para mostrar a quienes tomen cargos, principalmente alcaldes, que el cártel local, que domina la plaza, está por encima de las autoridades legítimas. Es una exhibición de poder.
De este modo les imponen funcionarios, como el secretario de seguridad pública y además le exigen cuotas que deben pagar de la tesorería municipal, así como la asignación de obras públicas para sus empresas, con las cuales los delincuentes blanquean su dinero.
El gobierno federal ha abandonado muchas regiones del país, que han caído bajo control de cárteles regionales ante la indiferencia de gobierno y sociedad. La inacción ha sido uno de los más desastrosos legados que deja la administración del presidente Peña Nieto en el rubro de la seguridad pública. Hay regiones donde la gobernabilidad la ejerce la delincuencia.
Una de las dos prioridades del nuevo gobierno será garantizar la seguridad púbica en todo el territorio. Para ello debe rescatar la gobernabilidad en esas zonas donde la delincuencia impone su ley.
El segundo reto es reconstruir la credibilidad y la confianza como valores de nuestra sociedad.
¿Usted cómo lo ve?
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