La semana entrante, no se sabe aún si antes o después del próximo jueves 8 de agosto, día en que comparecerá ante un juez federal por las acusaciones de la llamada “estafa maestra”, Rosario Robles Berlanga deberá responder también ante la justicia de Quintana Roo.
La Fiscalía de ese estado la acusa de participar en el desvío de recursos hacia empresas fantasma, a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) —en un mecanismo similar al de la “estafa maestra” o acaso parte de él— con los que se habrían financiado campañas políticas priistas y/o enriquecido a funcionarios del gobierno del hoy procesado exgobernador Roberto Borge Angulo.
Y es que entre el 27 de noviembre de 2015 y el 18 de agosto de 2016, el SQCS facturó a la Sedatu, entonces bajo el mando de Robles Berlanga, 806 millones 616 mil 882 pesos por trabajos que ni se ejecutaron en dicha dependencia del estado ni participó su personal o equipo.
El referido monto ingresó a la cuenta 4029654258 de HSBC a nombre del SQCS, donde quedó registrado contablemente en libros. Esa dependencia del gobierno quintanarroense pagó, durante el mismo período, facturas por 782 millones 843 mil 52 peso. El pago se hizo a razones sociales indicadas por la propia Sedatu y el SQCS nunca recibió en su almacén u oficinas algún bien o servicio relativo a ese pago.
El remanente, es decir, 23 millones 773 mil 830 pesos, se utilizó para pagar pasivos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
De los 41 proveedores a los que se pagó, 19 presentaron inconsistencias fiscales: domicilios inexistentes, falta de registros en el padrón del SAT, suposición de actividades, giro diferente al del servicio prestado y domicilios fiscales de empresas diferentes, pero en el mismo lugar.
Sin recibir facturas, por ejemplo, el SQCS pagó 110.8 millones de pesos a una empresa en liquidación llamada Desarrollo Publicitario ADP; 58.9 millones de pesos a Agatha Líderes Especializados, empresa sin activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir; 3.5 millones de pesos a Comercializadora y Proyectos del Sur, empresa que carece de registro ante el SAT y que comparte domicilio fiscal con Comercializadora Polígono con sede en Mérida, Yucatán; 106.5 millones de pesos a Comercializadora Green Recyt, empresa no activa en el padrón de contribuyentes del SAT; y 25.6 millones de pesos a Asesorías y Servicios Break, con inconsistencias en sus datos de ubicación.
Por otra parte y de acuerdo con un oficio firmado por Francisco Javier Orellana, subdirector de administración del SQCS, la empresa Telecast S.A. facturó con irregularidades diversos equipos, alguno de los cuales no se encuentran dentro de los activos de la dependencia. Es el caso de una estación terrena receptora (factura 795 por 16 mil 100 dóalres), receptor decodificador (CFDI de serie/folio TCII-803 por tres mil 758 dólares) y Encoder Scopus-Codificador (CFDI de serie/folio TCII 821).
De equipos como los anteriores no existe evidencia de su ingreso a las instalaciones del SQCS ni se encuentran resguardados por ninguno de sus empleados.
Por todas estas irregularidades se han fincado cargos contra el exdirector del SQCS, Jorge Acevedo Marín y el subdirector general de administración, Gerardo Antonio Vázquez Handall.
Instantáneas:
1. NO LO SUELTAN. Difícil que una vez saboreadas las mieles del poder haya quienes quieran dejar de probarlas. Ni Martí Batres en la presidencia del Senado ni Yeidckol Polevnsky en la dirigencia nacional de Morena parecen estar dispuestos a dejar sus posiciones de poder. Yeidckol ha intensificado sus llamadas a senadores del partido para ofrecerles posiciones cómodas dentro de sus comités estatales si respaldan la permanencia de ambos. La mayoría de los legisladores morenistas no están conformes con la permanencia de Batres, sobre todo después del anuncio de Antonio Guadiana destapando a Mónica Fernández para dirigir el Senado e inclinarse así por la paridad de género.
2. RUPTURAS. Cheque usted este dato: de las 19 mayorías legislativas que logró Morena en julio del año pasado, solo quedan once. Una más está a nada de ser quebrada por maniobras políticas. Es el caso de Hidalgo, donde el gobernador Omar Fayad encabeza una sorda lucha contra el diputado Ricardo Baptista, presidente de la junta de gobierno del Congreso local. Fayad incluso ha pedido al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta relevar a Baptista por otro diputado morenista llamado Víctor Guerrero, quien apoyado por otros dos legisladores de ese partido, pretenden integrar una nueva mayoría favorable al gobierno local. Tal y como ha sucedido en el Estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa.
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