Primero algunos datos duros para dimensionar el tamaño y complejidad del problema que será para México contener el flujo de inmigrantes centroamericanos, acoger a los que regrese Estados Unidos mientras resuelve si les da asilo y refugiar a quienes nos lo han solicitado.
En el primer semestre de este año, al menos 600 mil cruzaron nuestra frontera sur rumbo al vecino del norte. El Colegio de las Fronteras estima en 800 mil el total de los que lo habrán hecho al finalizar el año. Esa cantidad duplica el pico de 400 mil anuales que ya se tocaba en 2016, 2017 y 2018. Según esas estimaciones, de los 600 mil que ya han entrado, 200 mil (una tercera parte) son niños. Y 300 mil (la mitad) son hondureños. Los demás son guatemaltecos y salvadoreños.
Antes de que se firmara hace una semana el acuerdo que evitó momentáneamente la imposición de aranceles, México ya había aceptado acoger a los centroamericanos solicitantes de asilo mientras les resuelve EU. Por eso ya nos habían regresado hasta el viernes a unos 11 mil migrantes. Pero el acuerdo Ebrard-Pompeo no marca límites de cantidad y nacionalidad, lo que lleva a estimar que al finalizar el año nos habrán devuelto al menos 60 mil que esperarán su resolución migratoria en Ciudad Juárez (hasta ahora la más presionada por los flujos migrantes), Mexicali, Tijuana y otros puntos de ingreso que se abrirán en próximos días.
Por otra parte, según datos del INAMI, unos 60 mil de esos migrantes han pedido refugio a México y se calcula que al finalizar el año serán 80 mil los solicitantes.
¿Qué puede inferirse de lo anterior? Al menos cinco cosas: 1. Que el problema de fondo está en Honduras, donde un gobierno omiso, si no es que fallido, nada hace por contener el flujo de migrantes expulsados por la pobreza, la violencia y una crisis económica agudizada por la caída en la producción y el precio del café, su principal producto de exportación; 2. Que el aumento de niños migrantes —atizado por el hecho de que la legislación estadounidense de asilo es más benévola cuando hay menores de por medio— ha creado un drama humanitario que obliga a la intervención de organismos internacionales como la UNICEF; 3. Que los traficantes de personas venden como factor de éxito para el asilo llevar niños, lo que encarece las tarifas que cobran, hasta siete mil dólares, que multiplicados por los 800 mil que se espera migren este año, dimensionan un negocio de cinco mil 600 millones de dólares anuales; 4. Que la contención forzada en el sur de esos flujos migrantes es inevitable, ya que acoger a más traería a nuestro país la crisis social y humanitaria de Centroamérica; y 5. Que México no puede ni debe cargar solo con un problema del que no es responsable y en el que solamente quedó en medio.
Es plausible que el gobierno de AMLO, fiel a principios históricos, insista en proteger a los migrantes. El problema es que los términos para hacerlo nos fueron impuestos por Trump, bajo la no totalmente conjurada amenaza arancelaria, sin que se reparara hasta qué punto es posible ayudar y aceptando, en contrasentido de esos mismos principios, levantar al sur un muro militar para contener la avalancha de centroamericanos.
Instantáneas:
1. IMPEDIMENTO. El exsecretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, colabora como consultor en el despacho de José Antonio Meade, asesorando a diversos gobernadores. Por ley está impedido de trabajar en el sector que reguló durante un año contado a partir de que dejó el cargo. No lo ha cumplido ya que salió de Hacienda el 30 de noviembre de 2018. Meade no está impedido porque dejó el cargo el 27 de noviembre de 2017.
2. SOSPECHOSISMO. Como el aeropuerto de Santa Lucía no tiene para cuándo, la SCT de Javier Jiménez Espriú tiene en proceso de licitación varias obras para darle una manita de gato a las terminales 1 y 2 del AICM. Entre otras la sustitución de pisos y mantenimiento de banquetas, así como los servicios de limpieza. Sobre estas últimas hay quejas de varios concursantes que aseguran que el subsecretario Carlos Morán Moguel pretende favorecer a uno de los jugadores. Resulta que en la convocatoria se señala que el proveedor deberá contar con al menos 90 operarios de limpieza certificados por el organismo “Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER), requisito no contemplado en la Ley de Adquisiciones del Sector Público. Y ese requisito solo lo cumplen las empresas REISCO, OCRAM SEYER, XIELSA, MER SOLUTIONS, ALIMM FACILITIES y RAPAX, todas relacionadas con un mismo competidor. Entre los desarrolladores de CONOCER, están esas empresas y la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, representada por Marco Antonio Reyes Saldívar. El asunto levanta suspicacias. Papa caliente en las manos del director del AICM, Miguel Peláez Lira, cuando los procesos licitatorios están bajo escrutinio público y bajo la lupa de la fiscal anticorrupción, María Mijangos Borja.
3. SUSTITUTO. El Congreso de Campeche otorgó licencia definitiva al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas quien buscará la presidencia nacional del PRI y nombró como sustituto a quien fuera hasta ayer su secretario general del gobierno, Carlos Miguel Aysa González.
@RaulRodriguezC
