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Quien ya regresó a las andadas es Virginia González Torres, de la familia fundadora del Partido Verde y propietaria del emporio farmacéutico de los similares, gran conocedora, por cierto, del negociazo que es la salud. Ayer, frente a Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera de AMLO, acompañada de niños con enfermedad mental, confrontó al secretario Jorge Alcocer para protestar contra un recorte presupuestal que, según dijo, pone en riesgo la existencia del Centro Integral de Salud Mental (Cisame), que ella dirige.
Con el apoyo político de sus hermanos Jorge (fundador del PVEM) y Víctor (el “Doctor Simi”), así como de su sobrino Jorge Emilio (el “Niño Verde”, eterno dirigente de la franquicia ecologista), Virginia se ha perpetuado por sexenios en esa dependencia del Consejo Nacional de Salud Mental.
Sin ser siquiatra o sicóloga, implementó un protocolo de atención llamado Modelo Hidalgo (porque en ese estado se aplicó por primera vez) que plantea la estadía de los enfermos en espacios abiertos para su mejor y más rápida rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
Sin los resultados vendidos como panacea, el Cisame ha atendido a varios miles de enfermos en un tema más bien descuidado por el sistema nacional de salud. Pero de eso a que se pretenda desaparecerlo hay un gran trecho.
La Cámara de Diputados autorizó para el centro de Virginia González Torres un presupuesto de 91 millones 514 mil 120 pesos para este año. Esto significa, en relación con los recursos aprobados el año pasado, una reducción de cuatro millones de pesos aplicada al capítulo 1000 de servicios personales y que forma parte de las medidas de austeridad y combate a la corrupción aplicadas por el nuevo gobierno.
De manera que ese recorte no implica que el Cisame vaya a desaparecer ni que se frene la atención médica ni la prestación de servicios en un tema tan delicado como el de la salud mental de los niños que atiende.
Pero sabedora de que se trata de un asunto que toca fibras muy sensibles, y como siempre lo ha hecho cada cambio de sexenio, Virginia González Torres no permite que se toque su feudo ni que se afecten los beneficios de disponer de abundantes fondos públicos.
INSTANTÁNEAS:
1. LA 4T EN LA UNAM. El rector Enrique Graue presentó ayer la terna de aspirantes a dirigir la Facultad de Ingeniería. Son el actual director Carlos Escalante, Leopoldo González y Salvador Landeros, éste último apoyado por el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, no obstante ser presunto responsable de un quebranto al patrimonio de la Universidad, según le detallé aquí en la entrega pasada. Tener buena fama pública es condición para dirigir una facultad de la máxima casa de estudios, pero al parecer el rector Graue se dejó presionar por el grupo de Jiménez Espriú y mejor se “lavó las manos” para dejarle la papa caliente a la Junta de Gobierno, que deberá decidir el 18 de febrero próximo. Esto ya es parte de un adelantado proceso sucesorio para la rectoría de la UNAM que deberá decidirse el 15 de noviembre de este año.
2. ZAR DE LA GASOLINA. Así identifican en el sureste del país al empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, cabeza del grupo Corpogas y a quien la Fiscalía General de la República le abrió una investigación por presunto huachicoleo. Se dice que es muy cercano a los ex gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge. También que la Unidad de Inteligencia Financiera de la entonces PGR le abrió una indagatoria por lavado de dinero (UEIORPIFAM/168/2014).
