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La sesión de ayer en la Cámara de Diputados fue intempestivamente levantada por el presidente de la mesa directiva Porfirio Muñoz Ledo. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se habían aprobado en lo general. Estaban por discutirse 150 reservas al dictamen, cuando un grupo de panistas subió a tribuna y desplegó una manta que decía: “No a la dictadura obradorista”, rematada con una fotocomposición del presidente electo con boina roja, icónico atuendo de los dictadores venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Mientras los morenistas espetaban a los panistas el grito de ¡asesinos!, los blanquiazules ignoraban los llamados a retirar la manta que hacía Muñoz Ledo quien, ante lo infructuoso de su moción, dio por terminada la asamblea.
Los panistas exigían que se tomaran en cuenta algunas de sus ideas en temas como las atribuciones de la renacida Secretaría de Seguridad Pública. Pero nada dejaron pasar los morenistas. Del lado de éstos cerrazón. Del de aquellos una evocación al desastre y al miedo. Ominosas las dos posiciones, desde el ángulo que se las vea.
Las reformas a la LOAPF contienen muchos otros puntos polémicos, entre ellos: la descentralización de las Secretarías y la desaparición de las delegaciones federales, para sustituirlas con un súper delegado por cada entidad.
Esta última ha generado suspicacia y preocupación no solo entre los gobernadores, que ven mermado su poder; sino también entre sectores productivos como los de infraestructura, obras públicas y la salud.
Hay una exigencia generalizada de garantizar transparencia ya que hay personajes que llegarán a esos cargos con dudosos antecedentes. Uno de ellos es quien lo será por Jalisco, el empresario y excandidato de Morena al gobierno del estado, Carlos Lomelí Bolaños, quien es propietario de una red de empresas dedicadas al suministro de insumos para la salud como Laboratorios Solfran, Quiropráctica del Bajío y Lomedic, a la que se ha mencionado en la compra de medicamentos caducos que se le atribuye al exsecretario de Salud del estado, Antonio Cruces Mada, de quien, se asegura, dejó un adeudo en su gestión de mil 200 millones de pesos.
Además, se le relaciona con Abisalud, compañía investigada por un fraude al Instituto de Pensiones de Jalisco y cuyo propietario es José Hiram Torres Salcedo, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan.
Lomelí Bolaños es dueño de cinco terrenos, seis locales, ocho departamentos, 16 casas y tres edificios con valor de 118.5 millones de pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial de 2015, que tuvo que modificar después por no haber incluido a la empresa Lo Vending Group que formó el 13 de agosto de 2007, junto con sus hijos Carlos Lomelí Abundis y Karla Millaray Lomelí Abundis.
Quién será el procónsul de Jalisco no se detiene en alardear ante empresarios del estado que con financiamiento propio construye el corporativo Lobby 33 ubicado en Zapopan, a unos metros de Centro Comercial Andares, muy cerca de una de las zonas más exclusivas de la entidad, el fraccionamiento Puerta de Hierro.
Lomelí Bolaños ha construido una sólida relación con personajes del círculo cercano de AMLO y Marcelo Ebrard, entre los que destacan Asa Cristina Laurell (propuesta como subsecretaria de Salud), José Armando Ahued y Manuel Mondragón y Kalb (ambos exsecretarios de Salud de la CDMX). Esos vínculos le sirvieron para que de 2000 a 2006 obtuviera contratos para abastecer medicamentos e insumos a más de 20 hospitales del entonces gobierno del D.F.
Pero de esta historia hay otra parte: una que ha derivado en por lo menos dos acusaciones contra Lomelí Bolaños por vínculos con el narcotráfico, de lo que le contaré en próxima entrega.
Si AMLO quiere cumplir con la exigencia ciudadana de abatir la corrupción, tiene que empezar por blindarse de los de casa.
INSTANTÁNEA: 1. INCONSTITUCIONAL. Como le informé aquí en la entrega pasada, el pleno de la Corte inició el debate sobre las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Todo parece encaminarse a que se declare inconstitucional. Seis ministros se han pronunciado en ese sentido. Faltan por fijar posición los otros cinco. Si dos más se suman a quienes desde ayer ya hacen mayoría, la ley será derogada por inconstitucional. El argumento central es que el Congreso no puede legislar sobre el tema. La eventual derogación de la LSI complicará la relación de AMLO con las Fuerzas Armadas.
2. SACUDIDA. Al iniciar en EUA el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su abogado Jeffry Lichtman cimbró a México al declarar que el cártel de Sinaloa sobornó con millones de pesos al presidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón. Éste respondió que las acusaciones eran “falsas y temerarias”, y aquel, a través de su vocero, refutó el aserto al recordar que fue su gobierno el que detuvo, procesó y extraditó al narcotraficante.
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