Cuatro ministros de la Corte operan para descarrilar el primer nombramiento de AMLO de un ministro del máximo tribunal. Al hacerlo violan la ley y pactan en lo oscurito con el PRI y el PAN. Su objetivo es mantener el control del Poder Judicial y su régimen de privilegios e imponer en la presidencia de la Judicatura a un ministro de carrera judicial, sin percatarse que la dinamitan y ponen en riesgo de que desparezca tal y como hoy la conocemos. Por eso sus otros seis pares los llaman “los cuatro suicidas”.
Ese es el fondo del choque entre los tres poderes de la Unión que se dirime en el país y del que la rebelión de jueces y magistrados contra la reducción de sus salarios, es tan solo una parte.
La peligrosa trama empezó desde el primer encuentro que sostuvieron los ministros de la Corte con AMLO el 10 de agosto pasado. La hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quiso monopolizar para sí la relación del nuevo gobierno con la Corte por intereses personales (es notaria) y familiares (sus dos hijas son parte del Poder Judicial). Pero Julio Scherer Ibarra se le ha opuesto.
Al interior de la Corte se formaron desde entonces dos bloques. De un lado Arturo Zaldívar, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Norma Lucía Piña, José Fernando Franco y Javier Laynez, quienes vieron como interlocutor de AMLO a su consejero jurídico; y del otro Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes vieron en Sánchez Cordero esa interlocución.
Estos últimos recibieron de la ministra en retiro la seguridad de que los sueldos del PJ no serían tocados y que en la terna que se propondría para la vacante que dejó el ministro José Ramón Cossío estaría la magistrada Janine Otálora, presidente del Tribunal Electoral; pero aquellos supieron, por voz de Scherer, que ninguna de las dos cosas sucedería. Y así fue: ninguno de los propuestos por Sánchez Cordero quedó en la terna de AMLO y el plan de austeridad avanzó.
¿Qué siguió de aquel encuentro?
El ministro presidente Luis María Aguilar intensificó su cabildeo con Sánchez Cordero y, apoyado por Pardo, Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena, tres de los cuatro formalmente inscritos para presidir a la Corte (el otro es Arturo Zaldívar), trató de hacer pasar como ahorro presupuestal para 2019 un subejercicio de cinco mil millones de pesos, como aquí le informamos en su momento (https://bit.ly/2rtT7eD) y después promovió (según grabaciones y mensajes de WhatsApp) amparos masivos de jueces y magistrados contra la Ley de Remuneraciones que aprobó el nuevo Congreso. Hoy están en marcha.
Aguilar y su grupo operaron después para alargar hasta el límite la entrega al Ejecutivo de la notificación de la vacante que se abrió tras la salida de Cossío. Se aguantaron hasta que AMLO quedó al frente del Ejecutivo con la intención de restarle tiempo para procesar el nombramiento del décimo primer ministro del pleno antes del 2 de enero próximo, fecha en que se renovará la presidencia del máximo tribunal.
La oposición en el Senado juntaría después las 54 firmas necesarias para interponer un juicio de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones, al que el ministro Pérez Dayán dio entrada y suspendió provisionalmente su vigencia, lo que fue ilegal ya que el artículo 64 de la Ley Orgánica del Artículo 105 Constitucional establece claramente: “La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.
Recientemente se supo de nuevos cabildeos (a título personal y sin el aval de su jefe) de la secretaria de Gobernación con los llamados “cuatro suicidas” para que ellos mismos redactaran la acción de inconstitucionalidad de marras, y convertirse así en jueces y parte. Se habrían reunido en la oficina que usa en Polanco la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu junto con los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, y del PAN, Rafael Moreno Valle, a quienes se les habría ofercido impunidad ante las eventuales resoluciones de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa y de la lucha anticorrupción.
Así las cosas, la designación del décimo primer ministro del pleno no solo enfrentará las referidas maniobras dilatorias, sino la imposibilidad de alcanzar la necesaria mayoría calificada con el voto en contra de los 54 senadores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad.
Se sabe que Morena ya prepara iniciativas para sustituir a la Corte por un Tribunal Constitucional que, se dice, absorberá al Tribunal Electoral, como parte del plan de austeridad. En lo inmediato habrá que esperar qué dice AMLO mañana cuando asista al último informe de Luis María Aguilar. Ya advirtió que la gente exigirá que los ministros no ganen sueldos exagerados, lo que añade a esta escalada una veta de movilización social muy peligrosa.
Instantáneas:
1. CAJA FUERTE. Pronto se sabrá de otro golpe su se pretende enderezar a Miguel Ángel Mancera después del descubrimiento de un centro de espionaje del gobierno capitalino y de las ventanas blindadas en la oficina que es hoy de Claudia Sheinbaum. Se dará a conocer que en el área de secretaria del ex jefe de gobierno capitalino encontraron una caja fuerte donde guardaban el dinero de “quien sabe quién”. Esa caja, me dicen, la dejó Ernesto Molina desde la administración de Marcelo Ebrard y, al llegar Mancera, la encontró abierta, vacía y sin inventario. Como nadie la quería y a todos estorbaba, se pasó al área secretarial donde sirvió de base de una maceta. Aseguran eso y si es así, mucho cuidado deberá tener Scheinbaum con los que le hablan al oído. No vaya ser otra pifia pues las ventanas no resultaron ser blindadas sino adaptadas contra ruido y frío.
2. ESPÍAS EN CONFLICTO. Sobre el centro de espionaje resultó que esa oficina operaba también desde el gobierno de Ebrard. Lo formó Alberto Esteva, hombre de todas las confianzas de Layda Sansores, actual alcaldesa morenista de Álvaro Obregón. En Oaxaca le hizo el trabajo sucio al exgobernador Gabino Cué (2010-2016) para quien operó el espionaje telefónico cuando fue su secretario de Seguridad Pública. Esteva dirigió años atrás la “Ruta 100” en la ciudad de México. Se le acusó de quebrarla y enriquecerse con ella, sin que se le tocara por la protección de Jesús Martínez Álvarez, entonces secretario del gobierno que encabezó Manuel Camacho Solís. ¿No que el buen juez por su casa empieza?
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