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Menudo conflicto se ve en el horizonte cercano del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous: una rebelión de taxistas (tradicionales y de plataformas digitales) que dejaría sin ese servicio a la capital del país.
De un lado los autorizados, tolerados y piratas mantienen el reclamo de que es competencia desleal la que les hacen los servicios de plataforma y amenazan con iniciar paros y bloqueos a partir del 3 de junio; mientras que estos últimos se quejan de la sobrerregulación recientemente anunciada.
Y es que el miércoles 24 de abril, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum publicó un decreto con nuevos lineamientos para empresas de transporte privado tipo Uber, Didi o Cabify que incluyen poner límite a los registros, más requisitos para obtenerlo (como un valor mínimo de 200 mil pesos de la unidad a inscribir, identificación visual de vehículos y licencia tipo B por solo un año) y revistas de validez para cada una de las plataformas, no multiplataforma como ellas demandan.
Se aprecia en la medida una intención conciliadora, pero el equipo jurídico de Lajous olvidó dos pequeños detalles:
El primero tiene que ver con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que desde 2015 emitió una opinión muy clara al respecto: la regulación en ese mercado de transporte privado vía plataforma debe limitarse a objetivos de seguridad y protección del usuario, sin imponer medidas contrarias a las “sanas reglas de oferta y demanda en esquemas tarifarios”.
¿Qué quiere decir? Que más allá de criterios económicos y de competencia, hay un asunto que toca lo político en una fibra muy sensible, la de la seguridad del ciudadano. Vea usted estos datos de la PGJ capitalina: durante los últimos tres años se han presentado en la Ciudad de México más de 7 mil 100 denuncias contra taxistas tradicionales (más las acumuladas en el resto de la República), frente a las 457 contra conductores de plataformas digitales en todo el país.
Y el segundo detalle tiene que ver con una jurisprudencia de la Corte derivada de la acción de inconstitucionalidad A/13/2017 que resolvió que la regulación de las plataformas digitales de transporte privado solo se justificaría para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad del ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que toda regulación que no este relacionada con esos tópicos, sería inconstitucional. ¿Se aventarán el tiro Sheinbaum y Lajous de desacatar una resolución de la Corte?
Preguntamos sobre el tema a las empresas de taxis privados vía plataformas digitales. Dicen no estar en contra de mecanismos de control, pero se oponen a que la sobrerregulación mate un servicio que ya cubre una importante cuota de la demanda de movilidad de pasajeros capitalinos, que en general ha sido exitoso en la percepción ciudadana de seguridad y eficiencia y que, además, ha sido de válvula de escape para quienes buscan una fuente sustituta o alternativa de ingresos.
Por otro lado, es fuerte la presión de taxistas tradicionales. Ellos defienden también su fuente de trabajo, pero es sabido que sus organizaciones se han subordinado a intereses de presión de grupos políticos. Es el caso de los 20 mil taxis piratas que circulan por la capital y de los 140 mil regulares. De estos últimos, poco más de 75 mil comprenden el servicio de sitios, bases y radiotaxis (657 bases en la CDMX con alrededor de 250 líderes). El resto son los “libres”, pues tienen la libertad de levantar pasaje en cualquier punto sin tener que pagar cuota. Todos estos, de una u otra manera, forman parte de al menos 150 organizaciones que amenazan con el paro y los bloqueos.
Instantáneas: 1. ¿NUEVO ESTILO? Vaya forma en que se estrenó en Notimex la llamada 4T. Un grupo no menor de empleados de la agencia del Estado mexicano se quejan de despidos a granel, reducción de prestaciones y maneras atrabiliarias en el trato con el personal en general. Denuncian perfiles profesionales de personas cercanas a la directora Sanjuana Martínez que dejan mucho que desear por su desconocimiento e inexperiencia en agencias de noticias. Y se preguntan: ¿Qué hace gente de la danza en una agencia noticiosa?
2. INTERNA. El PRI ratificó el lunes que la elección de su próxima dirigencia será abierta, pero la organizará el propio partido, pues el INE los bateó luego de que se filtró un padrón, maniobra que todos dicen desconocer, pero que todos saben que la hizo Ulises Ruiz. En tanto, Claudia Ruiz Massieu pidió licencia en el Senado para dedicarse de tiempo completo a la interna partidista. Esto, sin embargo, podría adelantar dramáticamente los tiempos. Dicen que Ruiz Massieu quiere evitar que surjan más aspirantes a la dirigencia nacional, pues no estará sujeta a las reglas del INE.
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