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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer entre protestas la iniciativa de reformas a 13 artículos de la Carta Magna para crear la Guardia Nacional. El dictamen fue avalado por Morena, PES y PT. El PRI y el Verde no asistieron a la votación. El PAN, MC y PRD votaron en contra y guardaron sus reservas para cuando suba al pleno que, según se pudo confirmar anoche, no será en la sesión convocada para hoy.
Será la semana entrante cuando se conozca el desenlace de esta polémica reforma que, por ser constitucional, requiere para su aprobación 334 votos (en el supuesto de que estén presentes los 500 diputados que conforman la representación popular), es decir, de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes.
No le alcanza a Morena y sus aliados PES y PT que suman 314 votos. En San Lázaro se escucha que el Verde estaría dispuesto a aportar sus 11 votos. Pero, aún así, faltarían nueve que, en el mejor de los casos, podrían reducirse a siete si se suman los dos diputados sin partido. De dónde provendrían esos votos faltantes: de las 78 curules del PAN (difícilmente), de las 28 del MC (poco probable), de las 20 del PRD (podría ocurrir) o de las 47 del PRI (lo más probable).
Ya veremos, en su momento, los escenarios del camino que seguiría esta reforma a su paso por el Senado y las legislaturas locales. Por lo pronto estamos ante un reflejo de la tensión que ha provocado la iniciativa. Y no es para menos. Bien lo decía ayer en estas páginas Ricardo Raphael: ninguno de los muchos temas polémicos que se abrieron desde la elección de AMLO dividirán tanto al país como este que pone en marcha “la todopoderosa Guardia Nacional”.
Tatiana Clouthier, por ser quien es en su cercanía con López Obrador y su proyecto de nación, puso el dedo en la llaga al declarar dos cosas: No querer ni para sus hijos ni para su familia que el control del país quede en manos de militares y que para la Guardia Nacional se requieren más contrapesos.
Para responder, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se sacó de la manga una palabra que no existe: “policializar”. Lo dijo así: con la Guardia Nacional no se militariza al país, sino que, “se policializa al Ejército”. Uno asume que lo que quiso decir es que se capacitará al mayor número posible de efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública por medio de una guardia civil.
Pero el problema central no parece estar ahí sino en la estructura militar de organización y, sobre todo, de mando que la reforma daría a ese cuerpo armado. La iniciativa de Morena presentada el 21 de noviembre plantea que el titular del Ejecutivo, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, marque esa línea de mando de través de la Sedena. Y es ahí donde radica el temor de militarización expresado por organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales. También en el hecho de que el mando militar borre las facultades y fuerza en materia de seguridad de gobernadores y sus congresos. Es lo que Ricardo Raphael llamó “el quiebre de la columna vertebral del federalismo mexicano”.
La iniciativa trae de origen contrapesos precisos: faltas y delitos de guardias nacionales serán juzgados por la autoridad civil, ningún detenido podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares y la actuación del nuevo cuerpo estará sometida a revisión cada tres años por Ejecutivo y Legislativo.
Para fortalecer esos contrapesos, el dictamen avalado en comisiones incluye algunas modificaciones. Las centrales parecen ser las siguientes: el mando operativo de la Guardia Nacional pasará de la Sedena a la Secretaría de Seguridad Pública pero hasta que se supere la crisis de violencia y en un plazo no menor a los cuatro años; y se facultará al Congreso para que en determinadas circunstancias —por puntualizar en la ley orgánica— pueda disolverla.
Cuesta trabajo entender por qué quienes se oponían a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (AMLO, Morena y PT) ahora la promueven; y por qué quienes en su momento votaron a favor de legalizar tal actuación mediante la hoy abrogada Ley de Seguridad Interior (PRI y PAN), se oponen ahora a que así sea mediante la Guardia Nacional. En esta contradicción cabe la pregunta que hizo Tatiana Clouthier a sus correligionarios de Morena: ¿Aprobarían la Guardia Nacional si el presidente fuera Felipe Calderón, José Antonio Meade o Ricardo Anaya?
Si asumimos que en las actuales circunstancias es imprescindible la fuerza militar para librar al país de la inseguridad (mientras no se cuente con una fuerza civil capaz de hacerlo), y que es preciso, de una vez por todas, sacarla del limbo legal en el que actúan con ese fin, no está en la mesa hasta ahora una mejor opción que la de la Guardia Nacional. Su viabilidad y éxito estará entonces en el tema de los contrapesos. Y los detallados hasta ahora parecen ser los necesarios para evitar el tan temido “gorilato”.
