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¿En quiénes recae la responsabilidad del accidente sufrido el viernes pasado en un helicóptero UH-60 matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana, (FAM) cuando aterrizaba en Jamiltepec, Oaxaca, con altos mandos de los gobiernos federal y estatal, así como el jefe militar de mayor rango en esa región? ¿Quiénes son los responsables de la muerte de catorce civiles, aplastados en la aeropista donde creían estar a salvo, después del violento temblor que había destruido sus casas unas horas antes?
La responsabilidad la asumió, al día siguiente de ocurrido el accidente, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, como mando superior de la Secretaría y la FAM. Él mismo explicó, en el lugar de los hechos, las probables razones del siniestro: la hora en que se pretendió llegar al área (las diez de la noche con 15 minutos), la nube de polvo levantada por el aparato, que habría provocado desorientación al piloto, y la presencia de civiles en el punto de aterrizaje.
Esto deberá ser corroborado por los peritajes de la PGR y la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos, que ayer retiró el aparato del lugar de los hechos para llevarlo a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, donde continuará con su tarea.
Pero, en paralelo a estos trabajos técnicos, deberá determinarse la responsabilidad política del accidente. ¿Quién ordenó el vuelo pese a la hora y aterrizar donde no debía? Ahí no puede haber otro que el pasajero de mayor jerarquía política, en este caso el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien volaba de Puerto Escondido a Jimaltepec con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el general Alfonso Duarte Mújica, jefe de la décimo segunda región militar. ¿Cómo habría quedado el piloto con su jefe si se hubiese negado a aterrizar donde se le ordenaba? Cierto: él llevaba la instrucción presidencial de trasladarse inmediatamente, pero ¿que tan imperioso era estar ahí sin que se pudiera esperar unas cuantas horas más para moverse con luz de día? ¿Acaso les ganó el protagonismo?
Por lo pronto el piloto (un hombre experimentado en ese tipo de vuelos, cuya identidad no ha sido revelada por el alto mando), su tripulación y el jefe del Escuadrón 101, al que pertenecen, han sido enviados ya a proceso militar.
Fuentes de la FAM aseguran que sus compañeros se han organizado para recabar donativos de generales y tropas para costear a un abogado civil que los defienda y que podría ser del despacho del ex procurador Antonio Lozano Gracia.
Pero el accidente abre otras dudas sobre el estado del equipamiento de la FAM y la operación de ese tipo de helicópteros.
De acuerdo con información solicitada a la Sedena vía mecanismos de información pública los archivos de la Fuerza Aérea Mexicana tienen registrados 190 accidentes desde junio de 1972 hasta agosto del año pasado, un índice de siniestralidad considerado alto por los expertos consultados.
De esas 190 aeronaves accidentadas, 57 han caído en lo que va del gobierno de Peña Nieto y durante la gestión del general Cienfuegos al frente de la Sedena, incluyendo los relevos de dos comandantes de la FAM —los generales de División, Leonardo González García y Carlos Rodríguez Munguía— y la llegada del nuevo mando de esa arma, el general Enrique Vallín Osuna. El peor año ha sido 2016, con 17 accidentes. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se registraron 34 y 38 accidentes respectivamente.
En cuanto al aparato accidentado, se trata de un Black Hawk UH-60 de fabricación estadounidense, diseñado y armado por Shorosky Aircraft Corporation, que es una subsidiaria de Lockheed Martin, uno de los líderes en EU en la fabricación de helicópteros. Su costo, de acuerdo con datos de la Sedena, es de nueve millones 500 mil dólares.
Los pilotos de ese tipo de aparatos son constantemente entrenados tanto en México como en el extranjero. Un simulador de vuelo para ese modelo fue comprado por la Armada de México en 16 millones de dólares, apenas en septiembre pasado, junto con siete nuevos aparatos de ese tipo. El simulador fue inaugurado el pasado 2 de febrero en el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo establecido en Veracruz y reproduce todo tipo de condiciones de operación, incluidas las del accidente del viernes pasado, para realizar funciones de apoyo aéreo cercano, infiltración y extracción de tropas especiales.
Y en este espacio se ha señalado que este tipo de aparatos, tan costosos y sofisticados, no lleven consigo cajas negras, por razones —según se nos ha dicho— de seguridad nacional.
Tampoco las tenían, hasta donde se ha podido indagar, el Bell 412 matrícula XC-PF1, de fabricación canadiense, en el que murió el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, el 21 de septiembre de 2005, al caer cuando volaba hacia el penal de alta seguridad de La Palma; ni el Puma TPH06 del Estado Mayor Presidencial, de fabricación francesa, en el que murió el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora el 11 de noviembre de 2011, cuando volaba hacia Cuernavaca.
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