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La resolución que tomará la Corte sobre una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa ha tensado a niveles pocas veces vistos la relación entre los poderes Judicial y Ejecutivo, fuertemente presionado éste último por las Fuerzas Armadas.
Ya es analizado en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el incidente de inejecución de la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó su creación, interpuesto por la PGR, instancia que antes había manifestado la “imposibilidad jurídica” de cumplir con ese mandato judicial.
Fuentes consultadas en la Corte revelan que entre los ministros hay una seria preocupación sobre el trato que recibirían de tal Comisión los altos mandos militares y de las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Sin embargo, parecen reconocer que, jurídicamente, es prácticamente incuestionable la sentencia del Tribunal Colegiado que ordena reponer el proceso y crear una Comisión facultada para realizar una investigación penal que deslindaría responsabilidades de ese carácter y determinaría el paradero de los estudiantes desaparecidos, lo que desecharía la polémica “verdad histórica” en la que, según la PGR, fueron incinerados por un grupo criminal en el basurero de Cocula.
Las mismas fuentes explicaron que la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena estaría por una resolución en el sentido de avalar la Comisión, pero con límites muy claros y puntuales, la cual sería votada por el pleno en los próximos días.
Acaso por esto, los padres de los normalistas de Ayotzinapa no ocultaron su optimismo al salir de la reunión a la que fueron convocados la semana pasada por el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar.
El sentido de esa eventual resolución ha causado tensión en Los Pinos y en las Fuerzas Armadas.
La casa presidencial ha echado mano para sumarse al cabildeo en la Corte del otrora poderoso jefe de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos, mientras que el Ejército ha intensificado su estrategia mediática con declaraciones como la recientemente expuesta por el general Alejandro Ramos Flores, jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sentido de que la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa no actuaría con imparcialidad y objetividad al quedar bajo la dirección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según la sentencia del Tribunal Colegiado, la referida Comisión de la Verdad estaría conformada además por las familias de los estudiantes, sus representantes legales y el Ministerio Público, enmarcada en las tareas de la propia PGR.
Cabe aclarar que el alcance penal de esta Comisión de la Verdad sería superior al que eventualmente tendría otra que, por decreto, anunció que creará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tras reunirse con familiares de los jóvenes desaparecidos el pasado 23 de septiembre.
Para hacer cumplir la promesa de AMLO fue que la diputación de Morena presentó una iniciativa que plantea la creación de tres tipos de comisiones: intersecretariales, consultivas y presidenciales. Esta última, que al parecer fue la ofrecida por el presidente electo, estaría facultada para ordenar la investigación, darle seguimiento, fiscalizarla y obtener de ella informes sobre temas específicos como el Caso Ayotzinapa. Pero el deslinde de responsabilidades pasaría a manos de la PGR o de la Fiscalía General de la República, si para entonces ya existe.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, para que su dictaminación sea votada después por el pleno. Si es aprobada deberá ser turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
No parece haber duda de que la mayoría de Morena en ambas cámaras avalaría su aprobación, pero en un término que se percibe largo. Es más factible, por lo tanto, que primero se conozca la resolución de la Corte.
INSTANTÁNEAS:
1. NEPOTISMO. Aquí informamos en la entrega pasada, que la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, promovió a un hermano que trabajaba en el Tribunal como secretario particular del magistrado regional Juan Carlos Silva Adaya, con lo que le duplicó el sueldo. Sin referirse a éste u otros casos específicamente, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar, ordenó una investigación con la finalidad de identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos e informar sus resultados al pleno del CJF. El pasado 5 de octubre, la Unidad de Investigación de responsabilidades administrativas de la Judicatura, encabezada por Herbert Torres Coello, solicitó al magistrado Humberto Manuel Román Franco, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, informar si tiene parientes en Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito o áreas administrativas del CJF. Parece que van en serio contra el nepotismo.
2. AJUSTE. También en la entrega pasada le informé aquí que en el capítulo 31 del texto del USMCA, los términos de la resolución de disputas solo referían lo negociado por EU y Canadá, quedando México excluido. Ese mismo 5 de octubre la Secretaría de Economía pidió la inclusión explícita de México y se modificó el texto. Si en ese tema, cerrado el texto, se negoció ex post, es posible ajustar otros temas inconvenientes para México como el de la vigencia de patentes de medicamentos biotecnológicos.
