Tuvieron que pasar cincuenta años para que el Estado mexicano reconociera por primera vez públicamente que cometió un crimen, un crimen de Estado, en agravio del Movimiento Estudiantil de 1968 que fue apagado por una represión militar que dejó entre 30 y 400 muertos el 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió el lunes pasado la resolución en la que señala que hubo violaciones inobjetables a los derechos humanos y que hay abundante evidencia de que las instituciones del Estado fueron utilizadas con ese fin.
Jaime Rochín del Rincón, titular de ese organismo descentralizado de la administración pública federal, consideró que esa resolución constituye la primera reparación colectiva de una de las páginas más trágicas de la historia reciente de México.
Otra de esas páginas fue escrita hace cuatro años: la desaparición forzada en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Sobre su paradero, lo ocurrido y los responsables, seguimos prácticamente en las mismas después de mil 450 días de la tragedia que ha dejado marcado para siempre al sexenio de Enrique Peña Nieto y exhibido a México en el mundo como el paradigma del terror y la corrupción.
¿Fueron el Estado y quien lo encabeza? No lo sabemos a ciencia cierta, pero la reacción inicial de tomar los hechos como un asunto local y las evidencias de encubrimiento por parte de la PGR los señalan. De cualquier forma, las autoridades municipales y policiacas acusadas en principio por el propio Ministerio Público federal son parte del Estado.
Sobre lo ocurrido, ¿qué es lo verosímil? Al secuestrar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México a un aniversario más del 2 de octubre, los normalistas desaparecidos ocuparon uno presuntamente cargado con amapola negra, en ruta hacia Estados Unidos como parte del trasiego hacia el mercado de heroína de ese país. La policía local, documentadamente coludida con cárteles regionales, reaccionó de inmediato para recuperar el millonario cargamento y detener a quienes lo secuestraban. Asumió que se trataba de “burreros” de grupos rivales (en su mayoría jóvenes que conviven con los normalistas en condiciones similares de pobreza), los retuvo y entregó a sicarios.
¿Qué es lo inverosímil? Que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula sin dejar rastros como los de un verdadero incendio forestal. Una increíble pira humana, según diversos estudios científicos realizados en campo.
Resulta inexplicable, por lo demás, que si la propia PGR acusó y encarceló como presuntos responsables de los hechos al entonces alcalde de Iguala y a su esposa, aún presos, no haya procedido contra el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, de quien solo aceptó su renuncia y lo dejó ir sin investigación de por medio. Tampoco se entiende que nada se haya hecho contra el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Tomás Zerón, a quien un video lo muestra llevando, fuera de protocolo, a uno de los detenidos al punto del río Cocula, donde supuestamente se encontraron restos de los incinerados, mismos que fueron enviados al laboratorio forense de Innsbruck para su análisis genético, con solo una identificación positiva.
También falta mucho por saber de la confirmada participación del Ejército en estos hechos. Qué hicieron y cómo actuaron el general de división Alejandro Saavedra Hernández, hoy jefe del Estado Mayor de la Sedena y aspirante a su titularidad, entonces jefe de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo y jefe del hoy general brigadier José Rodríguez Pérez, entonces coronel comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y jefe del capitán José Martínez Crespo, cabeza del comando que operó en terreno la noche de aquellos hechos aciagos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
¿Tendremos que esperar otros 50 años para conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa y a los responsables de su desaparición forzada?
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