Es inocultable la crispación y el enojo que provocó entre empresarios y ciudadanos que no votaron por AMLO, pero incluso entre muchos de los que sí, la decisión anunciada el lunes pasado por el presidente electo, en acatamiento al resultado de una votación que puede ser llamada como se quiera, menos consulta popular constitucionalmente válida, de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco y optar por el proyecto de dos nuevas pistas en Santa Lucía, el reacondicionamiento del AICM y el mejor aprovechamiento del de Toluca.
¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Capricho? ¿Venganza? ¿Odio de clase? ¿Cambio de beneficiarios de contratos? ¡Qué dolorosa decepción si así fuera!
Creo, entonces, que una respuesta puede encontrarse en esta declaración que el presidente electo hizo el día del anuncio: “Hay desde ahora una frontera clara entre poder económico y poder político, el gobierno es para todos, no va a estar al servicio de una minoría, va a privilegiar el interés general, a lo que más convenga a la nación, les guste o no”.
Los últimos gobiernos —sin recato el que está por concluir— han privilegiado, si no es que se han subordinado, a los intereses de una poderosa élite con la que se han enriquecido hasta el descaro con la entrega de multimillonarios contratos y concesiones.
La decisión de AMLO sobre el aeropuerto es entonces un manotazo en la mesa, el mensaje de que hasta aquí llegaron los gobiernos que privilegian a una minoría, que para mandar se consultará a la gente y que el cambio de régimen va en serio.
¿Texcoco o Santa Lucía?, preguntó a la gente el presidente electo entre el 25 y el 28 de octubre pasados. Dijo en su momento: optaré por lo que el pueblo decida. Y muy buena su intención de recurrir a la democracia participativa. Pero fue una coartada, un argumento de inculpabilidad, lo que resultó el famoso sondeo.
Y le llamo sondeo porque, en los actuales términos constitucionales, eso no fue una consulta popular representativa, verificable y vinculante. En total votaron un millón 96 mil 990 ciudadanos, 696 mil 990 menos que el millón 793 mil 980 (2% de la lista nominal de electores) que exige el artículo 35 de la Constitución para que los ciudadanos puedan promover una consulta popular.
AMLO, hábilmente, vendió la idea de que el resultado sería vinculante, es decir, de aplicación obligatoria para las autoridades. Pero esa calidad solo se puede lograr —según la ley— si en la consulta vota 40% de la lista nominal de electores, es decir, 35 millones 879 mil 598 ciudadanos. En el sondeo de López Obrador solo votaron un millón 96 mil 990 ciudadanos.
Es cierto que las regulaciones de nuestra incipiente democracia participativa están llenas de candados, pero también lo es que contienen normas que ponen orden y eficacia, entre ellas la que mandata al INE a organizarlas en día de elecciones federales, es decir, cada tres años.
Las fracciones parlamentarias de Morena ya propusieron una iniciativa de reformas a ese artículo 35 de la Constitución para que, entre otras cosas, las consultas puedan realizarse cada año. Pero era al revés: primero el ajuste a la ley y luego la consulta. Por lo pronto ya se ensució un recurso de la democracia directa al que muy poco estamos habituados.
En el fondo de la decisión sobre el aeropuerto está entonces el choque de un gobierno electo empeñado en un cambio de régimen contra los grupos de interés que se verán afectados por ese cambio. La pregunta es si la consecución de ese alto objetivo vale en términos económicos lo que ya empieza a costar. Porque tirar a la basura lo ya construido en Texcoco, 60 mil millones de pesos pagados, más 40 mil millones en gastos no recuperables de las constructoras con sus proveedores y 20 mil millones de pesos estimados en el pago de indemnizaciones, suena a despilfarro en un país con nuestros niveles de pobreza. Y falta ver lo que se perderá en litigios y en los mercados cambiario y accionario. Pero AMLO advierte, no sin razón: “Imagínense al Estado mexicano supeditado a los mercados financieros, ¿Quién manda?”. Pero también debería preguntarse ¿cómo gobernar a los mercados? ¿Qué hacer para avanzar de la mano con ellos? Porque son reales, ahí están, pesan. Y mal nos ha ido cuando hemos intentado coartarlos. Quizás por eso ya puso a trabajar a Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú en una estrategia para tranquilizarlos.
INSTANTÁNEAS: 1. ENDEBLE. Huelen a fabricación de culpables las detenciones ordenadas por el fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, por el asesinato en Acapulco de la doctora Reyna Valenzo Pérez que provocó marchas de indignación y repudio. Los afectados aseguran que el gobierno de Héctor Astudillo presionó al juez de control Andrés de la Rosa para que los procesara sin los elementos de prueba suficientes. Uno de los consignados, Juan Salvador Abarca, declaró que fue su primo el autor intelectual y material del homicidio. Pero a él lo incrimina el testigo Juan Crisóforo Reyes, de 60 años, quien asegura que vio a Abarca por el espejo retrovisor de su motocicleta cuando circulaba por el lugar de los hechos.
2. PISTACHE. Buen punto se anotó la Agencia de Investigación Criminal que encabeza Omar García Harfush con la detención en el complejo High Park de Lomas de Santa Fe, de David García Ramírez alias El Pistache, líder del grupo delincuencial La Unión Tepito. Este sujeto extorsionaba, exigía derecho de piso, vendía droga y manejaba una red de prostitución en Polanco, la Condesa y la Roma.
