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Una embarcación de servicio náutico divisó el lunes 19 de febrero un extraño artefacto que flotaba en el mar a 800 metros de las costas de Cozumel, en aguas frente a la mancha urbana. El hallazgo fue reportado a la estación de búsqueda y rescate del Sector Naval , que lo recuperó del mar, entre el hotel Cozumel & Resort y el Faro de la Caleta, para después trasladarlo a la Marina Fonatur. Ahí se confirmó que era un artefacto explosivo armado con PVC y con un mecanismo para su detonación a control remoto. El petardo fue sometido a una explosión controlada y es objeto de análisis periciales.
Dos días después, el miércoles 21 de febrero, se registró un estallido en la cabina del ferry Caribe I procedente de Cozumel, minutos después de que había atracado en el muelle de Playa del Carmen . La explosión dejó 18 lesionados, entre mexicanos y extranjeros, y se atribuyó inicialmente a una falla mecánica de esa embarcación propiedad de Barcos Caribe, empresa fundada y operada por familiares de los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (hoy en prisión) y Félix González Canto (hoy senador de la república).
En medio de la pugna que prevalece entre SCT y Semar , luego de que recientemente se transfiriera a esta última la jurisdicción de los puertos, surgió la línea de investigación relativa a un atentado, habida cuenta del hallazgo del artefacto explosivo dos días antes. No se ha hecho a un lado la otra, que tiene que ver con una explosión aparentemente causada por una parrilla eléctrica que los trabajadores conectaron para calentar sus alimentos.
El viernes 23 de febrero, mediante el oficio 7.2.201.-215/2018 enviado a César Celso González Hermosillo (abogado del ex gobernador Borge Angulo) y a Franco González Padrón (tío del ex gobernador Félix González Canto), el director de Marina Mercante de la SCT, Álvaro Guadarrama Mejía, suspendió el permiso de operación de otro de los ferris de Barcos Caribe, el Caribe III, con matrícula 2304151221-1, pues en la revisión de su expediente, se encontró que estaban vencidos los certificados Nacional de Seguridad, Nacional de Francobordo y Nacional de Seguridad Radioeléctrica, así como la póliza de seguro del viajero, vencida desde el pasado 25 de enero.
Como el ferry Caribe II está fondeado por fallas mecánicas desde inicios del año, la empresa de los ex gobernadores está ahora completamente fuera de servicio, y ayer se registraron manifestaciones en Cozumel para pedir que lo reanuden, acompañadas de una inusual actividad en redes sociales en la que se culpa a otras empresas y al gobierno de Quintana Roo de las deficiencias en el servicio de transbordadores.
Pero ayer mismo, en el ferry Caribe III, situado frente a la capitanía de puerto de Cozumel, la Marina localizó otros dos artefactos explosivos, uno de ellos en la propela. Del otro nada se dijo. La embarcación quedó bajo la custodia de la Marina. La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad.
¿De qué se trata? ¿Estamos ante un problema real de terrorismo en un sensible sitio turístico del país? Sería gravísimo, de miedo. O ¿estamos ante casos de sabotaje empresarial? Preocupante, pero poco probable. ¿Quién está detrás y qué pretende? Posiblemente sea un montaje desestabilizador.
Barcos Caribe opera el servicio de transbordador entre Cozumel y Playa del Carmen (un mercado de cuatro millones de personas al año), desde el 15 de febrero de 2015. Entonces Borge Angulo aún estaba en el poder y desde ahí privilegió a su empresa y a su socio González Canto, en el contexto de los muchos latrocinios que hoy lo tienen en prisión. Empezaron a comprar embarcaciones hasta que el SAT los paró porque no pudieron demostrar el origen del dinero con el que realizaban dichas operaciones. Un ferry estuvo por meses varado en los astilleros de Australia, hasta que fue vendido.
Cuando el hoy gobernador Carlos Joaquín González ganó el poder en 2016 por las siglas PAN-PRD, Borge y González Canto ven obstaculizada la operación de sus negocios e inician contra el nuevo mandatario una guerra política. En este contexto es que deben analizarse los hechos recientes, acaso patrocinados para generar una imagen de ingobernabilidad o para victimizarse ante la competencia representada por el decano en el servicio, “Naviera Golfo Transportación”, de Mario Enrique Molina; y “Ultramar”, del operador de lanchas turísticas Germán Orozco Sarro, que ha tenido un crecimiento descomunal, casi inexplicable, desde que empezó a operar durante el gobierno de Vicente Fox, y en la que habría dinero —dicen los que saben— de los hijos de Marta Sahagún.
Y es que se trata de un servicio de tan laxa regulación que se ha convertido en un verdadero lavadero de dinero.
INSTANTÁNEAS. PARA EL ANECDOTARIO. Pocos sorprendidos por la inclusión de Josefina Vázquez Mota como candidata plurinominal al Senado. Lo que sucede es que existe una regla no escrita de que la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República que no triunfan, tienen como destino el Senado. Y esto sucede con todos los partidos. El recuento comienza con Rosario Ibarra candidata a la Presidencia en dos ocasiones (1982 y 1988) y senadora plurinominal por el PT en la legislaturas 2006-2012. Heberto Castillo, candidato en 1988 y senador en 1994. Diego Fernández de Cevallos candidato en 1994 y senador en 2000-2006. Francisco Labastida candidato a la presidencia en el 2000 y senador 2006-2012. Patricia Mercado, candidata en 2006 (PSD) y ahora será senadora en la próxima legislatura. Entre las excepciones en los partidos grandes está Roberto Madrazo (perdió doble: presidencia y Senado) y Manuel Clouthier candidato en 1988 y fallecido en 1989. Curiosa historia para el anecdotario.
