Al muy mal evaluado gobernador panista de Baja California, Francisco “Kiko” Vega le aterra el resultado de las auditorías que por ley le harán al término de su mandato el primero de noviembre próximo.
Acaso eso explique la urgencia con que operó para que el Congreso local nombrara el lunes pasado como auditor superior del estado a un incondicional que le cubra las espaldas: el contador público Carlos Montejo Oceguera.
Pero el costo fue alto y ominoso: comprometió el voto de la mayoría panista en la legislatura local para que, ese mismo lunes, aprobara ampliar de dos a cinco años el período del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla.
En 2014, la anterior legislatura bajacaliforniana aprobó que quien ganara las elecciones del dos de julio del año pasado, ejercería un mandato de dos años, con el objetivo de hacer concurrentes los comicios locales con los federales en 2021.
Bonilla, sabedor de la cómoda ventaja que mantuvo durante toda la campaña, maniobró para que el Tribunal Electoral bajacaliforniano cambiara la disposición. El PAN impugnó y finalmente logró que la autoridad local le diera la razón: período de dos años.
Los bajacalifornianos, por lo tanto, votaron por un gobernador de dos años. Alargar el período a cinco, como lo aprobó el lunes pasado el congreso local, va contra su voluntad, es inmoral y violenta el estado de derecho, más aún cuando era de esperarse que la oposición local, en este caso del PAN, se sumara al rechazo a esa reforma expresado por su dirigencia nacional, lo que no hizo porque fue comprada (no hay otra explicación) para cubrir al gobernador saliente “Kiko” Vega de las auditorías que podrían destapar sus presuntos latrocinios.
El electo Jaime Bonilla no se ha pronunciado hasta ahora sobre la decisión del Congreso local de alargar su período, pero sería pecar de inocencia no suponer que está detrás de la maniobra con el aval de la actual dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y, seguramente, con el de su amigo y aliado Andrés Manuel López Obrador.
Por eso es pertinente la declaración del tres veces excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que Bonilla debe rechazar esa reforma si es que tiene moral y, por supuesto, si es que no está detrás de la maniobra.
Y es que aceptarla sería un severo golpe al orden democrático y republicano, “un terrible antecedente —dijo Cárdenas— de que se pueden ampliar los mandatos así nada más”, mediante negociaciones en lo oscurito y el respaldo de mayorías legislativas. O, dicho de otra forma: lo que ocurre en Baja California es una especie de laboratorio de la reelección presidencial.
No sería esta la primera vez que un presidente semblantea esa posibilidad derivada de las tentaciones del poder. Lo hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992: Gonzalo Martínez Corbalá fue designado gobernador interino de SLP para resolver la crisis electoral que enfrentó al priista Fausto Zapata y al emblemático opositor Salvador Nava, y para convocar a nuevas elecciones. Hecha la convocatoria anunció que se postularía como candidato del PRI, lo que en términos prácticos representaba, de ganar los comicios, una reelección. Fue tal el rechazo que esto provocó a nivel local y nacional que acabó por retirar su candidatura. Salinas desistió de la idea.
AMLO ha reiterado en ya innumerables ocasiones que no pretende reelegirse, pero cuando fue jefe de gobierno de la CDMX y era un secreto a voces que buscaría la candidatura presidencial, dijo incontables veces que a él lo dieran por muerto. Y se postuló.
Instantáneas:
1. REGRESO. Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda de AMLO hasta el martes pasado, se reintegró ayer como académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Le dio la bienvenida el también exsecretario, pero de Gobernación, Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del TEC. Dos días después de su dimisión, Urzúa regresa a las aulas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en su nueva sede de Mixcoac.
2. DISCREPANCIAS. Otra y muy fuerte, de las varias que tuvieron AMLO y Urzúa, es la que tiene que ver con las demandas de arbitraje internacional interpuestas por el director de la CFE, Manuel Bartlett contra la empresa pública TransCanadá constructora de gasoductos en México que están paralizados, pero por los que deben hacerse pagos multimillonarios. Urzúa le dijo al presidente que, con contratos de por medio, será difícil ganarlas, además de que le advirtió del daño que el proceso podría causar a la ratificación de T-MEC. Pero AMLO se decantó por Bartlett.
3. PERDER AL PARTIDO. Fue el ideólogo panista Carlos Castillo Peraza quien, al frente de la dirigencia nacional blanquiazul (1987-1993), reiteradamente insistía que había que ganar el poder, pero sin perder al partido. Acción Nacional llegó al poder con Fox en 2000 y siguió en él con Calderón hasta 2012. En esos doce años el panismo ejerció el poder y acabó perdiendo al partido. AMLO llegó al poder en 2018 y lleva en él poco más de siete meses. Ya hay evidencia de que podría perder al partido. Al menos eso deja ver el choque de trenes que protagonizan Yeidckol Polevnsky y Berta Luján en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena.
@RaulRodriguez
