Ciudadanos, mientras el jueves de la semana pasada nos lanzaban como carnada la noticia de la salida de Emilio Azcárraga Jean de la Dirección General de Televisa, el Senado aprobaba sin dilación otra estocada más a la multi-estuprada reforma de telecomunicaciones —de la que sólo quedan los anuncios de campaña de éxitos de Peña Nieto—.
Tanto en la prensa como en redes sociales, la noticia de la salida de Azcárraga ocupó todos los espacios noticiosos, mientras que “otros asuntos”, como el de la reforma a la ley de telecomunicaciones en materia de derechos de las audiencias, apenas y fue tratado por algunos columnistas enterados.
¿Me están leyendo? No le cambien, trataré de explicarles sus implicaciones para ustedes, para mí, para nosotros.
Me entristece darme cuenta de que, en general, siempre habrá algo más importante que hacer antes que defender nuestro derecho a recibir información fidedigna de los medios de comunicación concesionados por el Estado, ¡por lo menos para que no nos tomen por imbéciles, carajo!
Pero no. Tenemos que esperar a que surja un “Yo soy 132” para que sean otros los que hagan nuestro trabajo. Otros los que reclamen, los que hagan bulla, los que armen lío para que quizá nosotros nos sacudamos el polvo de la apatía, pensemos en hacer algo, nos indignemos, nos unamos.
Ya comenzó el año electoral, y obviamente la radio y la televisión no ven la suya de hacer su “año de Hidalgo”: el mejor de cada seis años. Y la mejor forma de hacerlo es vendiendo espacios publicitarios, y mejor si estos son imposibles de ser monitoreados por el Instituto Nacional Electoral porque están disfrazados de noticias, y será difícil distinguir los espacios pagados de los que no.
Y es que con la nueva reforma impulsada por la dupla de diputados estrechamente vinculados con concesionarios de la radio y televisión —Lía Limon, del Verde, y el panista Federico Döring—, sus bienhabidos clientes podrán insertar en sus espacios publicidad pagada como si fuese noticiosa, sin tener que aclararlo.
La reforma incluye este entre otros muchos beneficios, prebendas diría yo, que seguramente derivarán en apoyos a los diputados y senadores que votaron a favor de la iniciativa, muy especialmente a sus impulsores por parte de los miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
No que no fuera práctica común en el pasado, es que de acuerdo con la reforma de telecomunicaciones y las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, estas viejas usanzas ahora estaban prohibidas. ¡Ésa era la enorme diferencia!
Pero, como bien dirían los estrategas de la CIRT, se pueden perder batallas pero, al final, lo importante es ganar la guerra, y diputados y senadores van y vienen. De nada sirve la Constitución Política de nuestro país si no hay ciudadanos que la defiendan.
Sabemos bien las consecuencias de quienes se atreven a confrontar el poder de las televisoras, capaces de doblegar a la Presidencia, que prefiere denigrar sus máximas instituciones, como la Marina (léase, el caso de “Frida Sofía”), antes que conflictuarse con dichas empresas.
Conocemos del uso de mal habidas y trastocadas grabaciones ilícitas, por ejemplo, para impedir el debate de la remoción del registro del Partido Verde Ecologista, generando un escándalo estúpido, con el que la “mal llamada” sociedad civil se desgarró las vestiduras por comentarios irrelevantes.
Pero tal vez somos incapaces de darnos cuenta de cómo usan estos distractores con los que nos manipulan. Son tan obvios y nosotros tan necios: imitan el berrido de un becerro y vamos tendidos al rescate sin darnos cuenta de que vamos directo, como corderos, al matadero.
