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No hay nada más valioso que el tiempo en cualquier estrategia de campaña electoral. Cada cosa en su momento, ni un minuto antes ni uno después. Cómo, dónde y qué sucede en cada periodo de las campañas son asuntos críticos que los coordinadores deben de manejar de forma tan controlada y coordinada, como lo son las programadas llegadas y salidas de las aeronaves de cualquier aeropuerto internacional de renombre.
Todo coordinador de campaña debe tener en su radar los registros de todo lo que debe estar sucediendo minuto a minuto. Por supuesto, cualquier eventualidad que salga de lo proyectado debe ser reportado de inmediato, para quedar controlado desde un inicio hasta su resolución.
Es por eso que me llama la atención que Aurelio Nuño, en su capacidad de coordinador de campaña del “precandidato” del PRI, José Antonio Meade, no hubiese reaccionado de inmediato antes de que siquiera se hiciera público al que voy a llamar “caso Chihuahua”.
Ciertamente es un caso que nunca debió salirse de control. Suena raro que el recién nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, decidiera incumplir con un convenio firmado con un estado de la República, de motu proprio y sin tocar base ni alertar al coordinador de campaña del “precandidato” del gobierno.
Si el secretario José Antonio González Anaya o sus subsecretarios pudiesen alegar ignorancia en cuanto a los rasgos de belicosidad que caracterizan al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cabría por lo menos la excepción de negligencia. Pero, acaso no ¿estaba al tanto el coordinador de campaña de Meade, Aurelio Nuño?
Lo que es evidente es que el gobernador de Chihuahua le dio al flamante titular de la SHCP su novatada. En tanto que González Anaya pensó que le daba jaque a Corral, éste le anunció el jaque al rey, y me explico.
En diciembre pasado y como todos los años, el estado de Chihuahua firmó con la SHCP convenios fiscales de transferencia de recursos presupuestales para subsanar faltantes, entre ellos, principalmente, un convenio para la transferencia de $700 millones de pesos —como todos los estados de la Federación.
Estas transferencias a los estados suceden cada año cuando existen insuficiencias presupuestales. En el caso del estado de Chihuahua, estos convenios se han firmado y cumplido anualmente y por montos muy superiores, especialmente durante la administración del gobernador César Duarte.
A finales de 2017 y comienzos de 2018, sería diferente: todo empezó cuando el Poder Judicial dictó auto de aprehensión en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI en el estado de Chihuahua, por desvío de recursos para campañas el año pasado, en un proceso en el que han sido nombrados —más no involucrados— Manlio Fabio Beltrones y Luis Videgaray.
A partir de ello, la SHCP decidió incumplir con la transferencia de recursos a los que se había obligado en base a los convenios firmados en diciembre de 2017.
Me sorprende la actitud laissez faire, laisssez passer, de columnistas, articulistas y seudo intelectuales, que al referirse al tema optan por descalificarse respecto a lo que significa “un incumplimiento”. ¿Acaso requieren un abogado para que les explique qué es lo que incumplir un convenio significa?
A partir del incumplimiento, el gobernador Corral ha causado un revuelo. Nacionalmente, sus conferencias de prensa han provocado amplias coberturas mediáticas que, independientemente de las televisoras y radiodifusoras en contra, a nivel de redes sociales y analistas independientes han tenido una muy positiva repercusión.
No debo ser omisa al destacar el apoyo solidario de los chihuahuenses. Ellas y ellos están con su gobernador, pero a eso le sumo el amplio apoyo que se va sumando al Frente Ciudadano del PAN, PRD y MC. Javier Corral se va erigiendo como el líder transformador que los mexicanos querrían tener —todo, gracias a la cortesía de la SHCP.
Ah, mi estimado precandidato, lejos estoy… y más para darte consejos, pero hay dos preguntas: ¿a quién respondes? ¿no te das cuenta de que, cómo dice Sun Tzu, no hay mejor batalla que la que nunca ocurre?