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Uno de los dogmas del neoliberalismo que nos invadió hace más de treinta años fue el “adelgazamiento del Estado”, en aras de fortalecer la economía de mercado. Su afán no era, por cierto, el rediseño de las instituciones públicas a todos los niveles y en los diversos ámbitos de la federación, menos aún la revisión del Poder Judicial o del parlamentarismo. Su propósito obedecía a una visión ideológica, que no a la necesidad de eficientar los servicios públicos. Los precursores de esa “nueva era” proponían la amputación de los órganos del Estado como un remedio inmediato e indicativo. En el extremo se trataba de erosionar el poder público y ponerlo al servicio de los intereses privados.
Las derechas nacionales e internacionales habían preconizado desde hace tiempo la “Reforma del Estado”, entendida como un nuevo pacto que redujera la burocracia y estableciera una relación de poder a poder con el gobierno, sin considerar a otros sectores y organizaciones sociales. Una especie de Carta Magna vernácula en la que los creadores de riqueza se comprometen a pagar sus impuestos a cambio de controlar el gasto y las instituciones públicas.
El desafío de hoy es concretar el espíritu de la “Cuarta Transformación” en la reconstrucción de todas las instituciones. No debiera proclamarse como tesis central la cancelación de instituciones públicas, sin consideración de su eficiencia y de sus relaciones efectivas con la sociedad, tan sólo porque proviene del antiguo régimen. Las revoluciones exitosas han sabido conservar y reconvertir las herencias más valiosas del pasado para depurarlas y alinearlas en el diseño y ejecución de una nueva política económica. Es decir, un análisis riguroso de resultados, una redefinición de objetivos y un proyecto racional e incluyente para que el Estado sirva efectivamente a la sociedad y no a los intereses particulares.
Como dice AMLO el elefante de la burocracia es “reumático”, pero no por su culpa, sino por un “destino manifiesto” impuesto por el sector financiero, léase Banco de México y Secretaria de Hacienda que constituyen todavía las fortalezas de una economía conservadora. Sus dirigentes históricos afirman lo contrario, los invitaría a un debate público para confrontar dos visiones del México contemporáneo y de su futuro. Agradeceríamos al Presidente de la República que nos dijera el tipo de animal administrativo que está proponiendo y la manera de gestarlo.
Propongo una prueba de intenciones políticas en la que con gusto participaría: la creación de un sistema racional y participativo para emprender la reforma administrativa que contemple el respeto y promoción de los servidores públicos —no sólo de los maestros—. Napoleón es reconocido como el único mariscal que antes de dormir platicaba con sus soldados alrededor de la hoguera. El Estado, según la teoría alemana, es la conjunción de gobierno, pueblo y territorio. Pero como decía el gran jurista mexicano Arnaldo Córdova, en este país hay cuando menos 32 soberanías. Ninguna decisión constitucional relevante puede prescindir de una ingeniería administrativa. Las promesas del Presidente son alentadoras y exigen análisis y planeación. Por ejemplo, la idea de trasladar las autoridades de las secretarías de Estado a diversas capitales de la República es factible, ya que así funcionan numerosas instituciones privadas en el país.
Lo esencial es combatir de modo estricto las deformaciones de la administración pública. En primer término la obesidad que es la peor enemiga de la salud pública. Gunnar Myrdal insistió en que el “Estado Obeso” no se mide por recursos los que le destinan, sino por su ineficiencia dispendiosa. Otras deficiencias que son comunes a las entidades públicas, privadas o sociales son la confusión o duplicidad de funciones, la ausencia de controles efectivos en concordancia con la ley y de una inobjetable transparencia. Exigencias que conducen a un gobierno abierto, que sería el fundamento de un cambio de régimen.
El anuncio de grandes reformas en la administración pública ha generado reacciones favorables. El problema es su ejecución, para que lo que se requiere diagnósticos precisos, métodos de implementación y acuerdos políticos sustantivos. La reforma administrativa representa un cambio de estrategia política. Anunciarla sin planearla ni consensarla puede fortalecer la resistencia y bloquear el propósito. Un nuevo gobierno no se caracteriza por nuevos discursos, así sean mañaneros, sino por acciones valientes y consecuentes.
Presidente de la Cámara de Diputados
