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En nuestro país basta con tener, en promedio, 800 pesos para contar con la bendición del gobierno para conducir un automóvil. Las licencias se compran, no se acreditan. No importa si usted sabe manejar, o si no puede ver o reaccionar con los reflejos que la tarea demanda, los gobiernos locales le otorgan una licencia porque usted la compró.
Estados como Guerrero, venden papelería oficial de licencias con sellos y folios en otras Entidades, lo hacen igual en Morelos que en Ciudad de México, es más barato y mientras usted la compre, se le otorga sin mayor examen.
Esto no sería más que otra anécdota de la corrupción que vive México en todos y cada uno de sus trámites, si las muertes y lesiones por hechos de tránsito no representaran un problema de salud pública para la población mundial. Razón por la cual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una década inició los trabajos para declararlas “Pandemia Global” y emprender acciones junto con la Organización de las Naciones Unidas, bajo el Decenio de la Seguridad Vial (2011).
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, de los 10 países con mayor número de muertes por hechos de tránsito, ocupamos el lugar número 7, y el número tres a nivel Latinoamérica. Con 24 mil muertes al año, de 2015 a la fecha 44 mil personas han fallecido, por hechos de tránsito, en situaciones que eran prevenibles. Representa la primera causa de muerte de niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad.
Debido a la falta de acciones en su mayoría de gobiernos locales, esta problemática, según el Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (STSNSP) ha aumentado en los últimos 3 años en 25 de los 32 Estados del país, siendo Sinaloa, Tabasco y Colima las entidades que mayor incremento de muertes registran.
Sin embargo, en estados como Jalisco, Querétaro y Ciudad de México las cifras de muertes han disminuido para el mismo periodo, y se debe a las medidas de prevención adicionales a las ya existentes en materia de seguridad vial. Tales como, nueva regulación, modificación a los límites de velocidad, exámenes para conducir, y la capacitación de los conductores. Es decir, no todo está perdido, es posible salvar vidas si se toman las medidas preventivas necesarias. La práctica internacional bajo la Visión Cero Muertes, lo ha reportado así desde 1998.
Es por ello, que es necesario estandarizar la estrategia y las acciones en nuestro país. Es inaceptable que por omisión o negligencia de las autoridades, la población más vulnerable (peatones, ciclistas, usuarios de transporte público) tenga mayores probabilidades de morir en el pavimento (60%).
Para lograr resultados y cambiar esta realidad es fundamental la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial, esfuerzo de la sociedad civil organizada, para introducir innovaciones como lo son un Registro Nacional de Conductores, gestión de la velocidad en las comunidades, infraestructura segura para todos, y más.
Ni una muerte vial más.
