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A partir de 2006 se destina parte del presupuesto público para la realización de acciones municipales y estatales que propicien el desarrollo urbano sustentable en las zonas metropolitanas del país a través del Fondo Metropolitano, con el objetivo de financiar y ejecutar estudios, planes, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura.
El Fondo Metropolitano se ha constituido en un instrumento efectivo para financiar proyectos encaminados al fortalecimiento de una política metropolitana de Estado, en favor de un adecuado desarrollo urbano, un equilibrado ordenamiento territorial y dotar a las ciudades de mecanismos eficaces de movilidad.
En general, el Fondo Metropolitano constituye uno de los mejores mecanismos para promover una adecuada planeación del desarrollo urbano y regional, mejoramiento del transporte público e implementación de una movilidad no motorizada, así como la consolidación urbana y el aprovechamiento de las ventajas competitivas del funcionamiento regional.
Dentro del esquema de financiamiento de los estados y municipios, este Fondo se ha posicionado como programa central y se ha colocado como tema de la agenda gubernamental y como instrumento de política pública.
En otras palabras, los recursos del Fondo Metropolitano se han convertido en incentivo central de los municipios para realizar obra pública e infraestructura metropolitana de gran envergadura que difícilmente podrían construir por su cuenta.
Hoy día es incierto el destino del Fondo: En 2017 tuvo una disminución del 221 por ciento respecto de 2016, al pasar de 10 mil 400 millones de pesos a 3 mil 240 millones de pesos. Para 2018, llegó a 3 mil 268 millones de pesos, es decir, tuvo un incremento del 1 por ciento.
En consecuencia, desde nuestra perspectiva, el Fondo Metropolitano constituye un instrumento de financiamiento que debe mantenerse e incrementarse, adoptando las medidas necesarias para su transparencia, con una revisión minuciosa de las reglas de operación, simplificación seria de los procesos de trámite y aprobación de los proyectos de inversión, pero no llegar al extremo de su eliminación. De lo contrario, el daño al desarrollo regional podría ser muy grave.
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