Hace ya diez años que empezó el proceso de transformación del sistema de justicia. “El gran hallazgo es que sigue inacabado; lejano del ideal prometido en 2008 cuando se aprobó la reforma constitucional.” Esto me dice María Novoa, coordinadora del estudio ‘Hallazgos 2017’ de México Evalúa. Falta coordinación entre las instituciones involucradas en la impartición de justicia. Policías, ministerios públicos, jueces, peritos no están bien articulados. Es muy baja la capacidad de investigación en un sistema con estándares probatorios muy altos. Hay saturación y estancamiento. “De diez casos que entran, la mitad se consideran resueltos pero no lo están. Tres de esos cinco que se plantean como resueltos se van en realidad a un archivo temporal.” Pasan de un escritorio a otro. Se integran a un archivo con casos de los que no hay la información necesaria. Ahí se quedan y, salvo que algo extraordinario ocurra y sean reactivados, pasado el tiempo prescriben. No llega la sanción, no llega la reparación del daño, no llega la justicia. La víctima es revictimizada con esta institucionalización de la impunidad.
Marcos Fernández, también de México Evalúa, estuvo presente en el encuentro entre miembros del equipo de transición de López Obrador e integrantes de la sociedad civil que impulsan la conformación de una fiscalía autónoma. Me compartió en entrevista su diagnóstico de la actual PGR, en las que los policías y agentes de ministerios públicos no pueden realmente hacer investigación, no son seleccionados a partir del mérito, no reciben suficiente capacitación ni tienen protección. Hay, además, una rotación de personal que obstaculiza la profesionalización. Es en este último punto en el que sugiere concentrarse. “Comencemos en la parte de la legislación secundaria, para dotar desde ahí los mejores elementos para profesionalizar a esta institución. Es importante que realmente opere un servicio civil de carrera.” Le pregunté sobre los alcances que pueden tener estos encuentros. Reconoció que “quienes tienen la atribución legal y la responsabilidad política son los funcionarios del gobierno de transición y los próximos legisladores”. De ellos depende que lo vertido en esas discusiones se traduzca en un marco jurídico adecuado para la nueva fiscalía.
Para tener una fiscalía con verdadera autonomía se requiere de una reforma constitucional. Eso se ve muy cuesta arriba. En todo caso parece que la aspiración se centra, por ahora, en contar con una institución profesional, lo cual no es un reto menor. “De poco sirve la autonomía sin profesionalización”, reconoce Marcos Fernández. Lo que está claro es que sin investigación no se puede combatir la impunidad. Por ahí podríamos empezar.
HUERFANITO.—
Todo el proceso de pacificación en una sociedad como la nuestra tiene que pasar por la imposición de las normas jurídicas. No puede haber un proceso de paz, si no se tiene un sistema penal eficiente : Ministro José Ramón Cossío Díaz.
