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En los próximos días la reforma educativa estará de vuelta en el centro de la atención. Si hay condiciones, se votará en el pleno de la Cámara de Diputados. Digo que ocurrirá si hay condiciones, porque la CNTE impidió en las semanas anteriores que se discutiera. Los diputados no pudieron sesionar debido a los bloqueos del magisterio disidente, que llegó al extremo de enfrentarse al personal de seguridad del recinto legislativo. La presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, Adela Piña, me habló en entrevista de estos bloqueos. La diputada por Morena manifestó su respaldo absoluto a los maestros y simplemente dijo que esas son decisiones que ellos toman y hay que respetarlas.
Se trata de una reforma constitucional, por lo que se requiere de mayoría calificada para su aprobación. Esto le da importancia a la tan desdibujada oposición porque, para convertirla en ley, se necesitan algunos de sus votos. Sin embargo, para aprobar las leyes secundarias ya no se necesitará esa mayoría calificada. Es precisamente en esas leyes secundarias e incluso en reglamentos, donde se decidirán detalles sustanciales como el método para asignar las plazas del magisterio. Durante décadas, la repartición de plazas fue un negocio que dotó de dinero y poder a grupos que se resisten a perder ese peso y esos pesos. Las nuevas vías para otorgar esas plazas podrá definirlas el partido mayoritario en las cámaras sin necesidad de cortejar al resto. Estará pues, en manos de Morena.
El presidente López Obrador dijo contundentemente en la conferencia mañanera del jueves pasado que no regresaremos al esquema de corrupción y venta de plazas magisteriales. Habrá que estar muy atentos a que eso efectivamente se cumpla, y es que ese mismo día pidió también públicamente a la Secretaría de Educación eliminar de la reforma todo aquello que “afecte” a los maestros. Para el magisterio disidente, perder el control de la asignación de plazas es una afectación importante. Por eso, aunque ya han quedado eliminadas las llamadas “evaluaciones punitivas”, seguirán presionando. Las movilizaciones y bloqueos serán parte de esa presión, pero la importante será la que ejerzan en las discusiones de las leyes secundarias. Ahí está la clave.
HUERFANITO. Clara Torres, quien fuera responsable del programa de Estancias Infantiles, compartió en entrevista para EL UNIVERSAL las razones por las que se les redujo el apoyo gubernamental. Una estructura de 9 mil 500 líderes en 32 estados representaba una amenaza política para el presidente. La subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel se lo dijo claramente: “Ya no lo vamos a tratar como una política pública, sino como una amenaza política”. Luego vino el recorte al presupuesto junto con el argumento de que se hacía por irregularidades y corrupción. Programas sociales que se crean o desaparecen por razones políticas. ¿Cuántos más?
