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La reforma que amplía el gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años en Baja California es inconstitucional. Así lo reconoció Olga Sánchez Cordero en su calidad de ministra en retiro de la Suprema Corte. Sin embargo, dijo que como integrante del gabinete federal le corresponde respetar lo que hizo el congreso de ese estado.
Legisladores federales de Morena, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano calificaron lo ocurrido como “un atentado a la democracia”. Consideraron que va en contra de los derechos de los habitantes del estado. Encabezados por Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, presentaron un punto de acuerdo en el que pidieron que el gobernador tome las medidas necesarias para evitar que sea publicada la ley. Fueron enfáticos en la necesidad de que se investigue la presunta compra de votos en el congreso estatal para aprobar la tan cuestionada reforma.
Hay un antecedente importante. A fines de mayo, el diputado priista y presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías, acusó al hoy subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, de ofrecerle cargos públicos y hasta un millón de dólares para que convocara a una sesión extraordinaria antes de las elecciones del 2 de junio, para modificar el periodo de la gubernatura. Lo respaldaron en la acusación el candidato del PRI, Enrique Acosta Fregoso, y el consejero Eduardo Bernal Martínez. Gómez Macías responsabilizó incluso al gobierno federal de lo que pudiera pasarle a él o a su familia.
Pero hay más. Acosta Fregoso aseguró que desde el 30 de mayo, Jesús Ruiz Uribe, Amador Rodríguez Lozano y el diputado del PRI, Marco Antonio Bolaños Cacho, operadores políticos del entonces candidato Jaime Bonilla, trataron de obligar al presidente del Congreso local a sesionar de manera extraordinaria para abrogar el artículo 8 transitorio. Detalló que fue en el hotel Lucerna donde citaron a los diputados para ofrecerles un millón de dólares a cambio de su voto.
El asunto es muy delicado y amerita una investigación exhaustiva. Si efectivamente hubo sobornos, tiene que haber sanciones. Pero aun si esos pagos a cambio de votos no existieron, el atropello a la democracia y a los derechos de los ciudadanos no se puede permitir.
Huerfanito. Lo sucedido en Baja California es un antecedente muy grave que, si no se corrige, abre la puerta a que otros extiendan su mandato tanto como su apetito de poder les pida. ¿Qué sigue si las instituciones de la democracia no son capaces de contener estas circunstancias?
