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La confrontación entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, podría acarrear graves consecuencias para jueces y magistrados, pero especialmente para los ministros, unidos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos.
Esa pugna, que libran dos Poderes contra un Poder, es absolutamente desigual. A saber:
Los dos Poderes están constituidos por el Ejecutivo y la mayor parte de integrantes del Legislativo, por la razón de que el presidente y los congresistas pertenecen a un mismo partido. Tienen la misma ideología, comparten principios y buscan los mismos objetivos. Nada de irregular, ilegal o extraño en eso.
Uno propuso que se reformara la legislación en materia de percepciones de los funcionarios a fin de que ninguno gane más que el presidente, y los otros la aprobaron por su mayoría en ambas Cámaras. Pero como esa decisión disminuye lo que devengan los integrantes del Poder Judicial, la Corte admitió la demanda de inconstitucionalidad que presentaron 54 senadores de los distintos partidos.
La orden del magistrado Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación de esa ley, es un mérito indiscutible, que ratifica su independencia y su imparcialidad. Como magistrado de Circuito fue el único que se opuso al desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Su intachable conducta sentaría un precedente para algunos de sus pares; podría ser ejemplo para cientos de funcionarios judiciales, pero su decisión ha sido asumida como causa común entre la Corte, como institución en su conjunto, y legisladores de oposición.
Eso escaló el conflicto y abrió la posibilidad de que se reedite lo que ocurrió en el gobierno de Ernesto Zedillo. En ese capítulo, rememorado por EL UNIVERSAL esta semana, quedó registrado lo que pasó con la SCJN por la propuesta presidencial de reformar integralmente el Poder Judicial: “La iniciativa proponía, entre otras cosas, la jubilación de sus 26 ministros, así como la creación del Consejo de la Judicatura Federal que vigilaría la actuación de los tribunales colegiados y juzgados de distrito.
“Así, ya como Presidente de la República, Zedillo envió su iniciativa al Senado donde el 9 de diciembre de 1994 fue turnada para su análisis a comisiones unidas y días después avalada por la Cámara Alta.
“Tres días antes del 24 de diciembre fue aprobada por la Cámara de Diputados, entonces con mayoría absoluta priísta, para ser turnada a los Congresos locales y cumplir el requisito constitucional de su aprobación.
“El 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto mediante el cual concluían sus funciones los 26 ministros que integraban entonces la Suprema Corte.
“En su edición del 3 de enero de 1995, EL UNIVERSAL dio cuenta que ya sin ministros la SCJN operaba con una Comisión de Gobierno integrada por los ex ministros Ulises Schmill, Carlos de Silva Nava y Juan Díaz Romero, con la misión sólo de atender asuntos pendientes y entregar la estafeta a quien fuera designado nuevo presidente del máximo tribunal.
“El 18 de enero de 1995, el presidente envió al Senado una lista de 18 candidatos a ministros, de los cuales fueron electos once en sesión extraordinaria de la Cámara Alta celebrada el 26 de enero.
“Integraron ese primer pleno los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza”.
Ninguna Carta Magna, ley o institución, en ningún tiempo, en ningún lugar, ha regido para siempre. En México, como en cualquier otro país, se pueden reformar. La clave para hacerlo, que AMLO tiene legítima y legalmente, es la mayoría del Congreso, que encarna la soberanía popular. Lo deseable es que, si la usa para este caso, sea para mejor.
Si actúa en esta vertiente, no habrá agresión, atentado, humillación o golpe contra el Poder Judicial qué lamentar, sabiendo lo que es ahora.
Y previsiblemente, no consentirá que este se le sobreponga, atándole las manos para promover las demás reformas de su Cuarta Transformación, ni permitirá que lo obliguen a faltar a su promesa de bajar los salarios de la burocracia dorada. Sin contrapesos, puede hacer lo que él considere mejor para México.
SOTTO VOCE…
“Regalazo”, el que recibe el joven Aurelio Nuño el día de su cumple, con la firma del presidente de la República en la iniciativa de ley que deroga la reforma educativa. Altos representantes del Gobierno Federal mencionan que el ex secretario (que sí sabe ‘ler’), tendrá que informar sobre los miles de millones de pesos que invirtió para promover sus “éxitos”, “nunca” su “imagen”.
