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El viernes 29 de septiembre, la organización Artículo 19 publicó en su sitio web el documento “Información oficial: la gran ausente después del sismo” –el cual puede ser consultado en https://articulo19.org/informe19s/-
En el referido documento se afirma que las estrategias de comunicación que desplegaron el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, no garantizaron el derecho a la información de la sociedad y de las personas afectadas. Los esfuerzos comunicativos del gobierno –señalan- se apartaron de los estándares internacionales sobre los deberes del Estado en contextos de desastres naturales.
“De acuerdo con la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas y las Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, en una situación de desastre o de crisis humanitaria todas las personas ubicadas en dichos contextos deben recibir cierto tipo de información de manera adecuada, oportuna, clara, precisa y veraz sobre aspectos tales como situación de vulnerabilidad y los riesgos que de la misma puedan derivar, zonas de riesgo, procesos de evacuación y desalojo…”
Lejos de informar, el gobierno pretendió controlar y administrar la información. Inclusive algunas instituciones oficiales –destaca Artículo 19- incurrieron en la desafortunada distorsión de los hechos –la improvisada ficción de Frida Sofía-, por ejemplo-.
“El caso de la niña inexistente nombrada Frida Sofía, supuestamente atrapada en el derrumbe de la Escuela Enrique Rébsamen, ilustra de manera clara la falta de rigor con el que las autoridades mexicanas difundieron información a los medios y a la población.
El terremoto de 8,2 grados registrado el 8 de septiembre de 2017, exhibió a un gobierno que no había reparado en la importancia de contar con una verdadera estrategia de comunicación en Internet para dar efectiva respuesta a la ciudadanía en situaciones de desastre. El sismo registrado el 19 de septiembre desafortunadamente lo confirmo.
Los esfuerzos realizados por algunas secretarías de Estado, carentes de estrategia alguna, fueron intuitivos, improvisados. Frente a la tragedia, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional se desempeñó como espectador. Resultó evidente que no hubo estrategia alguna, tampoco coordinación:
“Si bien diversas secretarias de Estado (…) difundieron información a través de sus redes sociales sobre las acciones de rescate, lista de albergues, centros de acopio, programas sociales o recomendaciones para la detección de grietas en los hogares, las estrategias de comunicación social de las autoridades se han dedicado a promover la imagen del gobierno y a generar mensajes que exaltan el patriotismo y el heroísmo en lugar de proveer información pertinente y adecuada que garantice la vida y la integridad de las personas”.
La ciudadanía mostró, una vez más, ser mucho más eficiente en situaciones de desastre que las instituciones gubernamentales especializadas: “Ante la inexistencia de información oficial sobre personas desaparecidas, las acciones provinieron fundamentalmente de la sociedad civil, la cual creó listas colaborativas con procedimientos de verificación (…) En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial se difundió a través de Locatel pero, antes las deficiencias planteadas infra, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas (…) De acuerdo con la lista colaborativa rescatecdmx, más del 70% de las fuentes de información sobre personas ingresadas en hospitales provino de fuentes no oficiales.
Este gobierno sistemáticamente ha despreciado el genuino sentido de la comunicación social. Las costosas campañas de imagen, realizadas por afamados publicistas, no precisamente consiguieron remediar los bajos niveles de aceptación del presidente de la República.
Ante los desastres naturales registrados el 8 y el 19 de septiembre, el gobierno sencillamente no supo cómo ni qué informar a la ciudadanía. La conclusión de Artículo 19 es contundente: “en el marco general de una crisis de violaciones graves de derechos humanos el Estado mexicano acostumbra desplegar una política de ocultamiento y censura. Dicha política se acentúa, a la luz de la evidencia mostrada en este documento, en un contexto de desastre natural”.
