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Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del gobierno en España, ha impulsado una iniciativa, (la llamada tasa Google), que pretende gravar, en la Unión Europea, en tres actividades concretas a las grandes compañías de internet: publicidad, servicios de intermediación y los datos que se generan a partir de la información proporcionada por los usuarios.
Los grandes jugadores de internet han realizado una costosa campaña de publicidad, además del cabildeo necesario para impedir que prospere tal iniciativa. En sus argumentos destacan que el proyecto “socavaría” la cooperación internacional y provocaría fuga de inversiones tecnológicas.
Los grandes jugadores de internet y los organismos que han creado para la defensa de sus intereses, mantienen un amplio sistema de privilegios fiscales.
A mediados de noviembre, el embajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan, dio a conocer sus objeciones a la iniciativa de Sánchez, recomendando retirarla hasta que exista consenso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 36 países más industrializados del mundo. La OCDE presentará sus primeras propuestas en 2019, y las propuestas finales en 2020.
Debemos tener presente que, en materia de asuntos fiscales, la aprobación de los 28 estados de la UE resulta indispensable.
Algunos gobiernos en la UE (Dinamarca, Chipre, Irlanda y Suecia, por ejemplo) temen posibles represalias de las grandes empresas de internet. Por ello han rechazado la iniciativa del gobierno español.
Esta semana, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) rechazó el impuesto digital propuesto por España. Por tal motivo, los gobiernos de Alemania y Francia han optado por presentar una versión light, limitada a fiscalizar el sector de la publicidad en línea.
La propuesta francoalemana contempla gravar 3% los ingresos de las multinacionales tecnológicas con una facturación que supere los 750 millones de euros.
Los gobiernos de Alemania y Francia desean que su propuesta sea aprobada antes de marzo de 2019, y conseguir que entre en vigor el primero de enero de 2021. Si la OCDE impulsa nuevas disposiciones fiscales, la UE anularía el acuerdo.
Vale la pena tener presente que en México, en octubre, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una iniciativa de ley con proyecto de decreto para obligar al pago de impuestos a las empresas de servicios digitales.
La agitada agenda que implicó el cambio de gobierno, inevitablemente relegó el tema, el cual necesariamente debe ser retomado por la nueva administración
Los organismos que representan los intereses de los grandes jugadores de la industria de Internet y las telecomunicaciones objetaron la iniciativa
afirmando que en México el ecosistema digital aún no está consolidado. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Asociación de Internet.MX, el comercio electrónico creció 28% en el último año.
Si el comercio electrónico en México pudo registrar tal crecimiento, como destaca la Asociación de Internet.MX, ¿qué impide que los grandes jugadores de internet paguen impuestos , tal como lo hacen, o deberían hacerlo, todos los contribuyentes? Además, el gravamen podría ser etiquetado para ser destinado al efectivo desarrollo del ecosistema digital “que tanto demanda el país”.
Los grandes jugadores de la industria de internet,
no desean pagar impuestos,
ni en la Unión Europea ni en México. Disponen de organismos a su servicio que, en el mejor de los casos, afirman la prioridad de intereses sectoriales sobre el interés nacional.
Resulta indispensable afirmar también la prioridad de lo político sobre lo económico en el imaginario de la economía digital.