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En Cuba, la Gaceta Oficial publicó el pasado 29 de mayo dos importantes resoluciones del Ministerio de las Comunicaciones (Mincom) que entrarán en vigor el 29 de julio para “ordenar las redes privadas de datos y los sistemas inalámbricos de alta velocidad en las frecuencias de 2.4 Ghz y 5 Ghz”.
Con las resoluciones 98 y 99, el gobierno busca regularizar la creación de redes alámbricas e inalámbricas privadas de transmisión de datos, asegurando mayor control en la importación de equipos de transmisión.
Serán habilitadas licencias de operación de redes exteriores de datos privadas para personas naturales, quienes las podrán usar en las frecuencias de la banda de 2400 Mhz a 2483.5 Mhz, y de la banda de 5725 Mhz a 5850 Mhz. Cuando se trate de redes sin fines de lucro y ubicadas dentro de una vivienda, no será necesario tener licencia.
La viceministra de Mincom, Ana Julia
Marine, afirmó que las nuevas regulaciones “están dirigidas a continuar el desarrollo de la informatización de la sociedad de manera ordenada y segura, y para un mejor uso del espacio radioeléctrico”.
Durante el prolongado mandato de los hermanos Castro (Fidel y Raúl), que se extendió de 1959 a 2018, apenas un reducido número de cubanos leales al régimen disfrutó del privilegio de conectarse a internet. En 2016, 3 millones 696 mil 765 cubanos tenían acceso, según la Internet World Stats.
A diferencia del deliberado hermetismo castrista en materia de telecomunicaciones, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, quien asumió la presidencia en abril de 2018, decidió impulsar algunas iniciativas destinadas a revertir la gran brecha digital, destacando el autorizar el acceso a internet desde los hogares e impulsar la habilitación del servicio 3G en los teléfonos móviles.
Hoy en Cuba, más allá del esfuerzo del gobierno, existe una extensa red de interconexiones privadas y miles de dispositivos y “estaciones nano” que fueron introducidas ilegalmente en años recientes. Tales equipos responden a la necesidad de amplificar las señales de conexión Wi-Fi para poder tener acceso a internet en los hogares, y no depender para ello de las reducidas conexiones abiertas en algunos espacios públicos.
Las redes privadas que ya funcionan en la isla tendrán dos meses para poder regularizar su situación una vez que entren en vigor las nuevas normas a finales de julio
En octubre de 2009 fui invitado por la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) a dictar una de las conferencias magistrales en el XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, en La Habana.
Los otros dos conferencistas magistrales fueron Jesús Martín-Barbero y Francisco Sierra, quienes, por supuesto, no repararon en elogios al régimen revolucionario.
Los discursos de Ramón Alberto Garza, entonces director de Reporte Índigo, y el mío, no precisamente fueron del agrado de los académicos y periodistas cubanos. A Yoani Sánchez, célebre bloguera, ni siquiera le permitieron inscribirse al congreso.
Ramón y yo pagamos caro la factura de haber objetado la política del gobierno cubano en materia de telecomunicaciones. La embestida fue furiosa. Desde Juventud Rebelde, Granma, y otros medios oficiales, periodistas y académicos del régimen castrista descalificaron nuestros argumentos, y simplonamente afirmaron que internet era “la peor perversidad del Imperialismo”. Por hablar de las bondades de internet, nosotros fuimos señalados como agentes de la CIA y promotores del Imperialismo.
Gracias a la generosidad de Teresa Quiroz, entonces presidente de FELAFACS, conseguí tomar sano y salvo el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Con toda sinceridad hoy celebro que el gobierno cubano ya no piense así del internet.
