Manuel Vélez
Mucho se ha discutido sobre si realmente vivimos una ola de secuestros en la Ciudad de México. Casos como el de Norberto Ronquillo han despertado la exigencia de sectores de la sociedad civil que ven en el gobierno de la ciudad una continuación del anterior en términos de la sensibilidad, la empatía, la investigación de los hechos, la atención de las víctimas y la rendición de cuentas.
Tratándose de delitos graves como el secuestro, el manejo de las estadísticas debe ser más que cuidadoso. Hay quienes mantienen interpretaciones totalmente distintas sobre un mismo conjunto de datos. A veces, la lectura puede depender de dónde se haga, ya sea desde una organización de la sociedad civil, la academia, alguna oficina de gobierno, el sector privado o la opinión pública. La objetividad se convierte en una aguja en un pajar que pocos quieren encontrar.
A este respecto, una de las interpretaciones más controversiales que circularon recientemente aseveraba que el incremento de las denuncias de secuestro es una buena noticia porque refleja que la ciudadanía confía más en las autoridades en turno que en las anteriores. Poner a debate esta hipótesis es el objeto de este artículo.
La literatura reconoce que las tasas de reporte (proporción de delitos denunciados respecto al total de delitos ocurridos) a nivel internacional están correlacionados con los indicadores de estabilidad institucional, presencia policiaca y la percepción subjetiva de corrupción. Un mayor número de policías, menos cambios en las instituciones y una menor percepción de corrupción, estimulan la denuncia y, con ello, mayor será la tasa de reporte.
La hipótesis planteada tiene cierta lógica. Sin embargo, el argumento inicial parte del concepto de confianza que no necesariamente equivale a los de percepción subjetiva de corrupción y estabilidad institucional. De igual forma, no es lo mismo la confianza que siente un ciudadano hacia una figura política electa, que hacia un ministerio público o un policía de la ciudad. Mientras que una es una figura que desea mantener la aceptación popular el mayor tiempo posible, las otras tienden a ser simbólicas y difíciles de individualizar. En términos llanos, no es igual decir: “confío en fulana/o de tal, jefe de gobierno, que confío en la policía de mi entidad o en los ministerios públicos de mi entidad.”
En el caso de secuestro, sabemos que la tasa de reporte en 2017 fue de entre 1.2% y 1.8%, con base en la estimación realizada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. La tasa de reporte puede variar tanto por la estimación de un delito considerado como “raro” en términos de su frecuencia vis a vis otros delitos, como por las variaciones de los secuestros reportados a las autoridades. Estos, a su vez, pueden ocurrir por una mayor actividad delictiva (que haya más bandas de secuestros o que estos sean más activos), como también porque las personas se animan a denunciar más o que en las instituciones exista un mejor registro. ¿Qué factores dominan? Todavía no lo sabemos.
Afirmar que en la Ciudad de México la tasa de reporte creció porque las personas confían más en sus autoridades es prematuro. Para tener mayor certeza, tendremos que esperar la estimación de secuestros y de percepción de confianza en los ministerios públicos y procuradurías estatales (ENVIPE 2020). En segundo lugar, tenemos que identificar si las prácticas de registro están mejorando. Tiempo al tiempo.
Fuera del ámbito árido y técnico del registro, hay dos pendientes en materia de secuestro. El primero es el comportamiento y estructura de las nuevas bandas de secuestradores en la ciudad a la luz del descabezamiento de organizaciones criminales como La Unión Tepito, el cártel de Tláhuac y la Fuerza Anti-unión. ¿Es la “ola” de secuestros un resultado de estas capturas? Es una hipótesis que vale la pena examinar más a profundidad.
El segundo es identificar qué mecanismos no gubernamentales han utilizado los familiares de las víctimas de secuestro cuando dejan de acudir a las instituciones a denunciar o solo acceden a ciertos servicios provistos por estas Uno de estos mecanismos son los negociadores privados que fungen como intermediarios durante la crisis y que se suman al entramado multilateralizado de proveedores de seguridad. ¿Sabemos algo de estos? ¿Qué rol han jugado en zonas con problemas de secuestro y en qué medida han sustituido o complementado las funciones que desempeñan las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro?
¿Cómo crecerá esta actividad si la política antisecuestro se abandona?
Abro el debate.
@VelezManuel @ObsNalCiudadano
