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Con más de un siglo de historia, el proyecto sobre la operación del Istmo de Tehuantepec cobra nueva fuerza por ser uno de los proyectos estratégicos del Gobierno Federal; sin embargo, más allá de representar una ruta estratégica para el traslado de mercancías, figura ser un proyecto integral de desarrollo regional que contribuya a detonar la región sursureste del País.
Con fecha de 4 de noviembre del año 1824, se publicó el primer decreto relativo a la construcción de la vía férrea del Istmo con el objetivo de conectar el Pacífico con el Golfo de México. Transcurridos varios gobiernos y décadas de concesiones, a principios del Siglo XX comenzó a operar, pero con resultados insuficientes debido a factores como la apertura del Canal de Panamá, la Revolución Mexicana y el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Nuestra Firma se ha mantenido cerca y con una posición activa en esta iniciativa hace ya algunas décadas, como lo hemos venido comentando en estos documentos y otros foros. En la actualidad, este proyecto es conocido como Programa para el Desarrollo del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec y es operado por el Gobierno Federal a través de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), entidad que a juzgar por su desempeño en la conformación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), cuenta con la experiencia de coordinar esfuerzos entre las dependencias federales, promover la atracción de inversión privada nacional e internacional así como en los tres niveles de gobierno.
No obstante, el Corredor Interoceánico representa un proyecto de gran envergadura que va más allá del fortalecimiento en materia de conectividad e infraestructura pues además de modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y mejorar la red y logística aeroportuaria y la infraestructura carretera y de caminos rurales, debe contar con una orientación social en la que contemple un proyecto de desarrollo regional.
La región que se pretende impactar está compuesta de 79 municipios correspondientes a la región Istmo y de 35 municipios de Zona Libre, ambos en los estados de Veracruz y Oaxaca. Esta delimitación de impacto es coincidente, aunque no en su totalidad, con las ZEE decretadas en Coatzacoalcos, Veracruz y en Salina Cruz, Oaxaca, razón por la que ya existe experiencia ganada en el cabildeo con gobiernos estatales y locales, así como en el diseño de políticas públicas de impacto demográfico.
Aunado a lo anterior y a que el proyecto es de carácter multidisciplinar, su concepción como programa de desarrollo regional debe considerar factores tales como la dotación de servicios básicos como agua, gas, electricidad, petrolíferos y petroquímicos, así como de la construcción de la infraestructura urbana, de vivienda, de tratamiento de agua y desechos sólidos acorde a las necesidades de expansión de la región tanto presente como con vistas al futuro.
Inclusive, más allá de los elementos arriba citados que son propios de un programa estratégico de desarrollo, uno de los aspectos más acuciantes, y que analizamos recientemente, es el relativo al Estado de Derecho y marco jurídico del patrimonio, en lo particular, lo referente a la tenencia de la tierra y a la garantía de la seguridad del transporte de las mercancías.
En el caso de la tenencia de la tierra, es necesario acelerar los programas en materia de regularización con el objetivo de que los derechos de propiedad (parcelarios, de propiedad privada, tierras comunales y ejidales, entre otros), queden bien definidos, brindando con ello certeza a los inversionistas que busquen establecerse en la zona. En el caso del transporte de mercancías, la tipificación como delito grave del robo al autotransporte y a trenes de carga es sin duda un acierto; sin embargo, deberá aplicarse la Ley y garantizar el libre tránsito de los ferrocarriles sobre todo en consideración de las afectaciones provocadas por los recientes bloqueos en el estado de Michoacán.
En otro tenor de ideas, la formación de capital humano constituye la clave para abatir las brechas de desarrollo existentes a nivel regional, así como son punto de partida para alcanzar un desarrollo humano sostenible e incluyente. En este sentido, es indispensable caracterizar las competencias de la población económicamente activa e identificar las ocupaciones de mayor productividad y acordes a la vocación regional, con el objetivo de generar programas de inserción laboral eficientes y eficaces que reconozcan la diversidad de lenguas y las capacidades de desarrollo.
Estos y otros son los desafíos que en suma afronta la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales para establecer los mecanismos institucionales y de desarrollo regional socioeconómico que garanticen, por un lado, la viabilidad financiera de un proyecto que históricamente no ha logrado consolidarse y, por otro, que sea lo suficientemente incluyente, sustentable y auto sostenible, en un contexto de austeridad republicana, como para sentar las bases de la reducción de las brechas económicas del México en el que vivimos. Por ende, este proyecto debe derivar empleos de calidad y bien remunerados, acompañados de capacitación en capital humano, así como mantener en la palestra a todas las demás Zonas Económicas decretadas. La iniciativa entonces implica un programa de tiempos concretos de planeación, inversión, ejecución, así como de diseño de indicadores claros que permitan ir valuando los resultados, el desempeño y más aún los impactos regionales.
