Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta jugar con fuego y con variables que no puede controlar. Una de ellas, muy sensible para los mexicanos por su efecto en la economía, es el precio de las gasolinas. En campaña, AMLO prometió que los combustibles no aumentarían más que la inflación, pero la realidad (de los precios internacionales del petróleo) se impuso y en marzo registraron un aumento promedio de 13% anual.
El incumplimiento de su promesa de campaña, misma que ha sostenido durante su gobierno, ha enervado al Presidente. Lo que más le molesta es que se lo reclamen en donde se mueve con pez en el agua: en sus mítines, como ya sucedió en Tijuana y Michoacán. Esto explica la actitud amenazadora que tomó frente a los expendedores de gasolina, a quienes les dejó claro que o bajan los precios o va a exhibirlos públicamente.
La primera advertencia del gobierno de la Cuarta Transformación a los gasolineros vino de la Secretaría de Hacienda. El 11 de marzo, la dependencia de Carlos Urzúa anunció un nuevo mecanismo para fijar el estímulo a las gasolinas vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La intención, explicó, era desvincular el estímulo de elementos que no son determinados por el gobierno, y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo, que es que los precios al público no aumenten en términos reales. En su comunicado, de paso, le dejó un aviso a los gasolineros: entre el primer bimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019, los márgenes de las estaciones crecieron 59.5% para la gasolina Magna; 110.7% para la Premium y 18% para el diesel, sin justificación alguna.
¿Tiene razón AMLO en que las estaciones de gasolina son abusivas con sus precios? Según la Comisión Federal de Competencia Económica sí, pues fue la encargada de elaborar el estudio en el que se basó Hacienda. Pero de acuerdo con la británica Shell, a quien el Presidente acusó de ser la que vende más caro el litro de gasolina en el país, no. Shell asegura que su margen de utilidad asciende a un máximo de 10% —el cual, sin embargo, sí pudo haber aumentado a niveles de 60%–. Y expone una realidad que al parecer el nuevo gobierno no está tomando en cuenta: que el precio de los combustibles está compuesto por varios factores: el costo de la molécula (basado en los precios de referencia internacionales), la logística y distribución, que representan entre 60 y 65%, y los impuestos, que son de entre 25 y 30%, por lo que el margen de utilidad es de hasta 10%.
Al Presidente le da lo mismo lo que opine Shell o la Onexpo, los va a seguir sometiendo al escarnio público. Ya lo dijo el lunes: “Hago un llamado a los concesionarios, los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema; se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles y así va a ser".
Y ya amenazó con revelar los nombres de los operadores de gasolineras más grandes del país.
“Hay dueños de empresas que manejan hasta 500 gasolineras”, dijo sorprendido. Como si tener muchas gasolineras fuera ilegal o incluso inmoral.
Ojalá que, en su desesperación por que bajen los precios de las gasolinas, al Presidente no se le ocurra hacer caso de iniciativas como la del camaleónico, otrora neoliberal Mario Delgado, de querer regresar al control de precios, porque le costaría muy caro al país.
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