Román Meyer es uno de los secretarios más jóvenes del gabinete presidencial. Sus 35 años ayudan a que el promedio de edad del gabinete sea de 57 años, cuando podría estar arriba de los 65 años que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. También es uno de los que más bajo perfil ha guardado, aunque la dependencia a su cargo es una de las más estratégicas para cumplir tres prioridades del nuevo gobierno: atacar la corrupción, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos más desprotegidos y poner en marcha proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la ampliación de la base aérea de Santa Lucía.
Me reuní con Meyer a finales de mayo en una cafetería del Centro Histórico, cerca de Palacio Nacional, donde los integrantes del gabinete van al menos una vez por semana a atender reuniones con el Presidente. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habla sin tabúes de todo lo que tiene que ver con la dependencia que ha estado en el ojo del huracán por las múltiples acusaciones de presunta corrupción durante el sexenio pasado, cuando estuvo a cargo de Rosario Robles.
Al respecto de las investigaciones por malos manejos y presuntos desvíos de recursos durante la gestión de Robles, Román Meyer se limita a decir que están colaborando con las instancias de procuración de justicia correspondientes, mediante la entrega de información que se les ha solicitado, pero que ahora lo más importante es darle un nuevo rumbo a la secretaría, empezando por otorgarle nuevas atribuciones y pasar de ser una dependencia “plenamente normativa” a una que coordine y ejecute programas de planeación y ordenamiento territorial en el país.
Dos programas prioritarios que están en marcha son el de reconstrucción de vivienda –derivado de los sismos de septiembre de 2017– y el de mejoramiento urbano, este último cuya bolsa 8 mil millones de pesos servirá para ejecutar mil 500 acciones de vivienda en 15 ciudades con alta marginación y delincuencia.
Buena parte del éxito de la Sedatu recae en la eficiente coordinación entre otras dependencias del gobierno federal –como la Secretaría de Bienestar, la SCT, Hacienda, Sedena, entre otras–, pero también con los estados y municipios.
Para el programa de reconstrucción se firmaron convenios de colaboración con los estados afectados por los sismos, además de encargarse de la coordinación de los recursos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres. “Cuando llegamos vimos que las entregas de los recursos se hacían a partir de análisis someros y básicos a familias que fueron afectadas; el principal problema fue que esas familias nunca tuvieron un acompañamiento técnico de un arquitecto, ingeniero o maestro de obra para resanar viviendas”, dice Meyer.
En contraste, se conformó un proyecto común entre todos los involucrados, lo cual es descrito por Meyer como una “tarea titánica”, tomando en cuenta que tanto la Sedatu como la Conavi eran dos instancias normativas que no hacían trabajo de campo. Además, la estructura “tan delgada”, de 60 personas encargadas de la dispersión de recursos, ha resultado insuficiente para llevar a cabo las tareas.
La Sedatu está en proceso de reestructuración y esto incluye reformar el reglamento interno de la dependencia. “Estamos a la mitad del proceso, cuando esté aprobada vamos a modificar un gran volumen de plazas; por lo pronto, haremos el ajuste mínimo de 30% que se pidió en la administración”.
El problema, agrega Meyer, es que como fue conformada originalmente la Sedatu encara problemas de recursos, por lo que buscará que en el presupuesto de 2020 Hacienda aumente sus partidas, puesto que tendrá nuevas atribuciones.
Sobre el programa de mejoramiento urbano y sustitución de vivienda en 15 ciudades, se determinaron mil 500 acciones en los polígonos para que se ejecuten entre 2019 y 2020. Además, la reforma a los estatutos de la Sedatu le permitirá llevar a cabo licitaciones de obra pública a partir de esta segunda mitad del año.
La otra tarea titánica es resolver los problemas que enfrentarán la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en cuanto a las reservas territoriales y las negociaciones con los ejidatarios de polígonos.
Según Meyer, en el proyecto que han trabajado más es en el de Santa Lucía, a solicitud de la Sedena, donde ya se determinó cuáles son los ejidos y comunidades que requirieron una consulta indígena. En cuanto a los terrenos del antiguo proyecto aeroportuario de Texcoco, dijo que lo ve directamente la Semarnat, pero no se sabe aún qué van a hacer con estos.
Para el titular de la Sedatu los problemas sociales surgidos en el pasado, contra proyectos de infraestructura, se debieron a que los quisieron hacer “fast track”, saltándose procesos administrativos y legales, error que no planean cometer en este gobierno; sin embargo, eso aún está por verse, pues en lo que tiene que ver con las Manifestaciones de Impacto Ambiental y otros permisos para la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, al parecer estos no se han cumplido, razón por la cual su construcción está detenida por orden un juez federal.
Slim y la preponderancia
Los jugadores del sector telecomunicaciones se dieron con todo la semana pasada, durante el foro GSMA 360 Latam 2019, donde Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil –el grupo preponderante del sector– se lanzó contra el proyecto de la Red Compartida que lleva Altán Redes.
Slim Domit criticó los beneficios fiscales y regulatorios que se le otorgó a Altán para operar los 90 MHz en la banda 700 MHz y dos hilos de fibra óptica de la CFE. También cuestionó la poca cobertura –de cerca de 35% de la población– que ha alcanzado, a pesar de la inversión de 12 mil millones de pesos. Pero la estrategia le falló, porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú –un ex consejero de Telmex– le corrigió la plana al decir que el gobierno usará ese proyecto público-privado “para llevar internet y otros servicios a los mexicanos desconectados”, quizá echando por la borda la creación de una nuevo empresa estatal, como amagó el presidente López Obrador.
Por su parte, el director de Altán, Javier Salgado, le respondió en el mismo foro que América Móvil mantiene una posición preponderante en el negocio de telecomunicaciones, lo cual le sigue permitiendo imponer barreras de entrada y controlar el acceso a la infraestructura a sus competidores, a pesar de lo que estipulan las medidas asimétricas.
En ese mismo tenor, la vicepresidenta de AT&T, Mónica Aspe, dijo que en México no existe competencia efectiva porque América Móvil no da acceso a su infraestructura para que sus competidores puedan utilizarla.
Estos reclamos van en sintonía con las conclusiones de un reciente estudio de la consultora The Competitive Intelligence Unit, que encabeza Ernesto Piedras, en el que se expone que tras casi cinco años de medidas asimétricas para América Móvil (Telmex-Telcel), su participación de mercado, en usuarios e ingresos, se mantiene intacta, por lo que hizo una serie de recomendaciones.
Según el estudio, debido a que las medidas impuestas a la empresa de la familia Slim han sido parcialmente aplicadas y cumplidas, la segunda revisión de preponderancia que va a hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, tendrá que enfocarse en eliminar de manera efectiva los principales obstáculos que impiden acceso a sus servicios mayoristas, es decir, cancelar las barreras de acceso a la infraestructura, establecer nuevas medidas y detonar la eficacia de las ya establecidas, impedir que la fuerza derivada de su alcance y el tamaño de su operación genere una regresión competitiva, y evitar una reversión de los beneficios advertidos actualmente por los consumidores mexicanos.
@MarioMal
