En lo que parece ser la recta final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los proyectos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia energética están complicando la firma del nuevo acuerdo.
Los negociadores de Estados Unidos y México fijaron como plazo agosto para llegar a un acuerdo en principio, es decir, zanjar las diferencias en los temas más relevantes como las reglas de origen en el sector automotriz y la cláusula de extinción del tratado cada cinco años.
La propuesta de Estados Unidos de elevar el contenido regional de un automóvil de 62.5% actual a 75% y que al menos 40% de los vehículos se fabriquen en una zona de altos salarios, donde se paguen 15 dólares promedio por hora, está prácticamente acordada.
En este tema, la intención de AMLO de mejorar los salarios de los trabajadores mexicanos e incluso “homologarlos” con los de Estados Unidos eclipsó la negativa que había mostrado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Otra de las “píldoras envenenadas” que había estancado las negociaciones del TLCAN 2.0 era el capítulo sobre los Procedimientos para la Solución de Controversias. La propuesta de Estados Unidos es eliminar el Capítulo 19, el cual permite que México, Estados Unidos y Canadá establezcan paneles binacionales independientes para dirimir conflictos comerciales. El gobierno de Donald Trump busca eliminar estos paneles y que las controversias se resuelvan en las cortes de cada país, principalmente en Estados Unidos.
Este tema recobró fuerza con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por la insistencia de revisar los contratos otorgados a las empresas privadas tras la apertura del sector petrolero, de gas y eléctrico, así como por su objetivo de reducir la importación de gasolinas —la mayoría provenientes de Estados Unidos— mediante la rehabilitación y construcción de refinerías.
Ayer, el medio de noticias Inside U.S. Trade, con sede en Washington, citó a fuentes que aseguraron que uno de los temas más relevantes a discutir esta semana en las reuniones ministeriales entre los negociadores de México y Estados Unidos es el del acuerdo de disputas entre inversionistas y gobierno (Investor-state dispute settlement), a la luz de las propuestas del presidente electo.
Los acuerdos de disputas entre inversionistas y el estado son un instrumento mediante el cual un inversor extranjero tiene el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje de diferencias contra un gobierno extranjero.
“El robustecimiento del acuerdo de disputas entre inversionistas y gobierno es visto como una forma de resolver una preocupación clave: el riesgo de que México vaya a renacionalizar su industria de petróleo y gas y expropie los activos de compañías estadounidenses”, dijeron las fuentes.
Congresistas estadounidenses ya habían alertado sobre este asunto. El presidente del comité House Ways & Means, Kevin Brady, expuso, en nombre de un grupo de republicanos, que el nuevo acuerdo del TLCAN debería incluir una fuerte protección a las inversiones y que no admitirían acuerdos “light” en esta materia.
En enero pasado, México, Estados Unidos y Canadá acordaron incluir un nuevo capítulo de energía como parte de las negociaciones para actualizar el TLCAN; sin embargo, todo apunta que dada la premura de los tiempos políticos en Estados Unidos no será así.
Tras la reforma energética –y antes– decenas de compañías de capital estadounidense aumentaron sus inversiones en el país o entraron por primera vez mediante las rondas de hidrocarburos que se llevaron a cabo en la nación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de las 75 empresas que han obtenido alguno de los 110 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, nueve son de Estados Unidos. El único país que lo supera es México, con 36 compañías. En total, hay 19 firmas de Estados Unidos participando en el sector petrolero nacional.
Entre ellos están gigantes como ExxonMobil y Chevron, y otros como Halliburton y Schlumberger, que tienen más tiempo ganando contratos en México.
Incluso, Sierra Oil & Gas, la firma que se dice mexicana porque fue creada aquí para aprovechar las oportunidades de la reforma energética y que ha sido una de las principales ganadoras de los proyectos de las rondas petroleras, tiene como dueños a tres compañías estadounidenses de capital privado: Riverstone, la mayor firma de capital riesgo enfocada a energía; BlackRock, la principal administradora de activos del mundo, y EnCap Investments, uno de los fondo más relevantes para la industria en Estados Unidos.
El NYT publicó en abril que las petroleras estadounidenses se encontraban preocupadas por lo que el posible ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, iba a hacer con la reforma energética y con su estrategia de refinerías. El año pasado México compró más de un millón de barriles de productos petroleros estadounidenses por día, lo que representó 23 mil millones de dólares en ingresos para las empresas energéticas de Estados Unidos.
Otra de Pemex. Hace unas semanas publicamos que, mediante la licitación PEP-CAT-S-GCP-00025783-17-1, Pemex había adquirido por alrededor de mil millones de pesos equipos de bombeo obsoletos para sus instalaciones en la zona norte del país.
A través de una solicitud de transparencia se obtuvo información sobre los números de serie adquiridos a la empresa Servicios Integrales Gama y, tras ingresar a la base de datos pública de la firma estadounidense John Deere, fabricante de los equipos de bombeo, se identificó que las unidades en cuestión no cumplen con la características de haber sido fabricadas en el año 2014 o en fecha posterior.
Pues bien, esta misma semana el caso adquirió tintes de crisis con la explosión de un separador bifásico en las instalaciones de la petrolera en Altamira, Tamaulipas; incidente que, por fortuna, no cobró vidas humanas, pero que es directamente atribuible a estos equipos de bombeo construidos entre los años 2007 y 2012.
El tema había sido objeto de una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la empresa que dirige Carlos Treviño, la cual mediante el expediente URPM-AQDI-2201-2018 inició una averiguación por el mencionado contrato contra la propia firma proveedora, así como contra los directivos involucrados en el concurso.
A pesar de esto, el subdirector de Bloques Norte, José Luis Fong, no sólo mantiene la vigencia de este contrato, sino que persiste en su intención de instalar aquellos equipos que no cumplieron con los requisitos de la licitación y que, a la luz de los hechos, ponen en riesgo la operación de la compañía.
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