Emilio Lozoya vive días aciagos. Sabe que las presiones políticas para imputarlo por el caso de corrupción de Odebrecht están más fuertes que nunca. Recientemente, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que en pocas semanas el caso será “judicializado” y, según fuentes con acceso al expediente, contiene las pruebas contra el ex director general de Pemex.
El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, quiere que esto suceda lo más pronto posible para “defender a su cliente en los juzgados”. La PGR busca la reparación del daño por parte de los implicados en el pago y recibo de sobornos. Son cerca de 10.5 millones de dólares los que se le imputan al ex director de Pemex, los cuales habría recibido a través de cuentas propias y de familiares, la mayoría localizadas en paraísos fiscales.
Lozoya Austin lucía tranquilo a mediados de abril pasado, luego de que una jueza federal le concedió una suspensión definitiva contra la “judicialización” del caso Odebrecht. Por aquellas fechas, el también ex coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se dejaba ver en los restaurantes de la Ciudad de México, acompañado de su familia y a veces también de amigos y socios.
Era común verlo junto a su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera secretario de Energía en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo mismo en el restaurante Maison de Famille de la colonia Roma, que en otros de Polanco, Emilio Lozoya Jr. se mostraba sin recato, como si enviara el mensaje de que nada ni nadie lo harían caer; menos si contaba con el velo protector que otorga el ser amigo del ex presidente “más poderoso” de México.
Para entonces, Lozoya Austin mantenía la soberbia que, según algunos de sus cercanos, le hizo perder el piso y ganarse muchos enemigos durante su paso por Pemex. Sus rasgos de personalidad volvieron a quedar expuestos el 26 de octubre cuando acompañó a su amigo y defensor, Javier Coello Trejo, en una gala de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. “Tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, le dijo a la reportera Bertha Becerra, de El Sol de México, sobre sus detractores.
Sin embargo, el camino se fue complicando y terminó por nublarse el día que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial. Su caso, ya sabía, se convertiría en uno prioritario para el nuevo gobierno, sobre todo a la luz del nombramiento de quien estará a cargo de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien intentó abrirle un juicio político no sólo por lo que consideraba malos manejos en Pemex, sino por un tema personal: a su esposo, José Luis Peña, Lozoya lo despidió de la empresa productiva del Estado por no haber presentado su declaración patrimonial.
Lozoya Austin, dicen sus allegados, ya casi no se expone en público. Reparte su vida entre la Ciudad de México (mantiene su despacho de Prado Sur y su domicilio en las Lomas de Chapultepec), Nueva York (donde su esposa e hijos pasan largas temporadas) y Europa (a donde viaja constantemente por trabajo, principalmente a Madrid, España, pues empresas como Repsol están interesadas en sus servicios).
Quienes han hablado con él recientemente dicen que lo ven desencajado, como si supiera que su suerte está echada y se prepara para enfrentar la acción de la justicia. Está listo para hablar de todos aquellos que supieron de los “sobornos”, incluidos quienes tenían un asiento en el consejo de administración de Pemex, como su ex amigo, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La ruta de escape. Pese a que el caso se está terminando de armar con las pruebas de la fiscalía brasileña y las de la PGR, fuentes cercanas al proceso aseguran que la investigación podría enfrenta complicaciones principalmente porque Lozoya Austin nunca tuvo la figura de servidor público.
A raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en agosto de 2014, de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las empresas productivas del Estado fueron liberadas de las limitaciones que les imponía la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
En materia jurídica, la autonomía obtenida por las anteriores paraestatales permitió a sus directivos fungir bajo una figura diferente a la de funcionario, por lo que, en los hechos, no existiría la posibilidad de imputarles los delitos que contempla el Código Penal Federal para los Servidores Públicos, tales como el cohecho por el cual se buscaría consignar al ex director general de Pemex.
De esta forma, la viabilidad de las acusaciones y sanciones que las autoridades mexicanas emitan contra Lozoya Austin y su equipo dependerán de los momentos en que se realizaron los supuestos sobornos y de la precisión con la que el Ministerio Público logre colocarlos dentro del expediente.
El abogado incómodo. En el sector empresarial hay un abogado incómodo, Jesús Samuel Neri Gutiérrez, que tiene a varias compañías con demandas y reclamos mediante las cuales busca desgastarlas para hacerlas que se desistan de los mismos.
A través de las empresas E-volution Export Import, Neri Abogados Asociados e ISC Administradora de Cartera, Neri Gutiérrez se dedica a la cobranza. Su modus operandi es demandar y denunciar a sus clientes y a terceros, presuntamente en contubernio con jueces de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes, nos dicen, ya están en la mira de las autoridades.
Entre los demandados están directivos de Nexxus Capital, empresas como Planfia, Mercedes-Benz, la UNAM y otros.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso esta columna, Neri Gutiérrez utiliza despachos fachada e incluso algunos de sus familiares están en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria.
Ya le contaremos más.
Twitter: @MarioMal Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
