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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) domina la agenda política y económica desde que ganó la elección presidencial. No hay día en que el tabasqueño y su equipo de colaboradores no aparezcan en las primeras planas de los periódicos o en los informativos de radio y televisión. Su protagonismo ha eclipsado por completo al presidente Enrique Peña Nieto. Los anuncios de su gabinete legal y ampliado, así como los proyectos y planes de gobierno, ya mueven a los mercados financieros y generan reacciones de las calificadoras de riesgo.
La estrella del equipo es, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, pero sus colaboradores también dan nota. Muchos de ellos, acostumbrados a los reflectores de los estudios de televisión, a los micrófonos de las estaciones de radio y a ver sus fotos en las páginas de los diarios, han decido enfrentarse a los medios con la camiseta de futuros integrantes del gabinete presidencial. Es el caso de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación; Tatiana Clouthier, quien será la subsecretaria de Derechos Humanos; Gerardo Esquivel, el nuevo subsecretario de Egresos; Marcelo Ebrard, el próximo canciller; Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes; Esteban Moctezuma, el nuevo titular de la Secretaría de Educación; y Alfonso Romo, quien será jefe de la Oficina de la Presidencia.
Sin embargo, hay dos integrantes clave del gabinete de AMLO que tienen “pánico escénico”, según me describió un morenista que será senador. Se trata de las dos carteras más relevantes del gabinete legal y ampliado para los mercados financieros y las calificadoras de riesgo: el secretario de Hacienda y el director general de Pemex.
Carlos Urzúa, propuesto por AMLO para ocupar la Secretaría de Hacienda, no sólo aborrece los reflectores, sino que la presión a la que ha sido sometido por parte de los inversionistas y las calificadoras de riesgo lo tiene asediado. Su bajo perfil y poca experiencia política lo hicieron patinar en la única entrevista formal que ha dado a un medio masivo de comunicación desde la elección presidencial.
Fue el 4 de julio pasado, cuando el futuro titular de Hacienda concedió una entrevista al noticiario matutino de Televisa, encabezado por Carlos Loret de Mola. Visiblemente nervioso, el doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin dijo que los precios de la gasolina sí aumentarán en términos nominales –conforme a la inflación– y que utilizarían un esquema similar al que emplea el gobierno federal actual para evitar alzas abruptas (gasolinazos) en el costo de los combustibles. El discurso contradijo algunos de los postulados de AMLO durante su campaña.
No sólo eso, también pronosticó un crecimiento económico de 2.5% en 2019, una inflación de entre 4 y 5%, un tipo de cambio promedio alrededor de los 19 pesos por dólar y calculó, “a bote pronto”, un precio de 70 dólares para el barril de petróleo.
El presidente electo y su equipo económico, mediáticamente encabezado por Gerardo Esquivel y Alfonso Romo, han asegurado que el próximo gobierno mantendrá una estricta disciplina en la política macroeconómica, fiscal y de deuda, pero los ambiciosos planes de subsidios, desarrollo social e infraestructura han prendido las alertas de los inversionistas y las calificadoras de riesgo como Moody’s y Standard & Poor’s.
El otro integrante del gabinete de AMLO al que no se le han visto ni sus luces es al futuro director general de Pemex, Octavio Romero. El ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco, no ha dado una sola declaración sobre sus planes en torno a la empresa más grande del país. Su silencio lo han llenado las calificadoras. Moody’s advirtió la semana pasada que el grado de inversión de Pemex estaría en riesgo si reasigna sus prioridades a negocios que no le son rentables, como la refinación. Junto con ello, se podrían poner en riesgo las finanzas públicas del país, pues al cierre del primer semestre de 2018 la renta petrolera representó 19% de los ingresos del gobierno federal.
Standard and Poor’s también alertó sobre los cambios en las políticas del sector energético, principalmente aquellos que debiliten la salud financiera de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. “La erosión gradual resultante del perfil financiero del país elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas a shocks adversos, lo que nos llevaría a rebajar la calificación”, expuso en un documento.
Los bonos de Pemex y de la CFE han caído desde que se anunciaron los nombramientos de Romero y Manuel Bartlett. Así es como los inversionistas perciben que será su ejecución al frente de las compañías más estratégicas del país. El secretario de Hacienda, por cierto, tiene un asiento en el Consejo de Administración de ambas empresas.
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