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En Pemex las cosas no están bien. Hace tres semanas dimos cuenta de las presiones que enfrenta la petrolera mexicana por el imparable aumento en el robo de combustible y la salida de altos ejecutivos por órdenes de su titular. Esta situación tiene a Carlos Treviño, el director general, contra las cuerdas.
La renuncia, en mayo pasado, de la subdirectora Corporativa de Finanzas, Alma Rosa Moreno Razo, por oponerse a dar su voto favorable a un proyecto denominado CCR para las refinerías de Pemex Transformación Industria, a cargo de Carlos Murrieta, ocasionó una crisis interna en la empresa. El día que se publicó dicha información, Treviño convocó a una junta con sus principales directivos para decirles que se mantuvieran alejados de los reflectores y que evitaran hablar del tema con los medios.
En el último año de gobierno y en plena campaña presidencial, a Pemex llegó la orden de “acelerar” la adjudicación de los proyectos de modernización de refinerías y de mejoramiento de la calidad de los combustibles. El problema es que, de acuerdo con fuentes de la propia empresa, muchos recursos podrían estar desviándose precisamente a campañas políticas deL PRI.
El escándalo más reciente tiene que ver con la adquisición, hace unos meses, de una serie de equipos de bombeo hidráulico para extraer aceite en la región norte del país. Resulta que los proveedores del proyecto incumplieron con las características de la tecnología, aunado al retraso en la instalación de los equipos, lo que muy probablemente hará inviable, en el corto plazo, el proceso de extracción.
Fue en diciembre de 2017 cuando se llevó a cabo la licitación identificada con la clave PEP-CAT-S-GCP-00025783-17-1 para poner en operación equipos tipo jet en la Región de Bloques Norte, que lidera uno de los subdirectores de la otrora paraestatal, José Luis Fong Aguilar –también involucrado con el escándalo de corrupción de Odebrecht– y en donde se producen aproximadamente 9 mil barriles diarios de aceite.
El contrato fue adjudicado a las compañías Servicios Integrales Gama y a Servicios Integrales Tamabra, las cuales, de acuerdo con el programa de instalación incluido en las bases de licitación, debieron haber empezado la instalación de sus equipos en febrero pasado y actualmente tener, cada una, 54 en operación.
En la práctica, Tamabra únicamente ha instalado tres equipos de los cuales dos de ellos están fuera de operación, mientras que Gama ya colocó 39, muy cerca al parecer de la meta, pero con problemas que la colocan muy lejos de ser calificado como un proveedor con elevados índices de cumplimiento.
Información obtenida a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) expone de los números de serie de la maquinaria no cumplen con los principales requisitos de la licitación, simplemente por la fecha de fabricación de los mismos, la cual tendría que ser igual o posterior a 2014.
Todos los equipos de Gama tienen fecha de fabricación de entre 2004 y 2012, situación que se tiene validada ante notario público mediante una Fe de Hechos.
Para el caso de Tamabra, dos de los tres equipos instalados sí cumplen con lo establecido en las bases de licitación; sin embargo, el tercero no, lo que pone en riesgo no sólo la vigencia del contrato, sino la operación misma de la empresa productiva del Estado.
A pesar de las irregularidades detectadas, en Pemex no hay todavía una investigación a detalle para deslindar responsabilidades y sancionar a las empresas involucradas en lo que podría llegar a ser un fraude.
¿Roku miente? Hace unos días, Anthony Wood y Matthew Anderson , CEO y director de Mercadotecnia de Roku, estuvieron en México. Vinieron a defender su dispositivo que da acceso a cientos de contenidos audiovisuales, pero que sigue siendo ilegal pues muchos de ellos no tienen autorización para retransmitirse.
Los directivos argumentaron que su dispositivo no comercializa señales que violen derechos de autor en México, pero según el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) esto no se apega a la verdad. Wood dijo que su plataforma había sido optimizada para eliminar contenidos ilegales y expulsar a quienes la emplean para propagar contenido robado.
“Estas acciones mediáticas permiten cuestionar la verdadera voluntad y compromiso de Roku en el combate a la piratería, sobre todo porque en el mercado existen dispositivos similares que impiden en su totalidad la transmisión de contenidos que violen derechos de autor”, expuso el IDET.
El gran diferenciador en el mercado entre Roku y los dispositivos seguros, añadió, consiste en que los de Roku permiten el acceso a todos los contenidos en streaming, ya sean legales o no, incluyendo material que aún no ha salido al mercado a través de las plataformas legales de distribución.
De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, Roku tiene 1.1 millones de usuarios en el país, de los cuales 40% lo utiliza para ver contenido de forma ilegal. Son en total 575 mil usuarios que acceden a contenidos ilegales. Por ello, resulta cuestionable el compromiso con la legalidad por parte de Roku.
Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
