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La dupla de Javier Jiménez Espriú y José María Riobóo es tóxica para Andrés Manuel López Obrador. El primero, quien se perfila para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es considerado uno de los hombres más radicales del próximo gabinete presidencial, mientras que el segundo, uno de los contratistas favoritos de los gobiernos de AMLO y Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, está tocado y si no se deshacen de él podría convertirse en el Juan Armando Hinojosa (Casa Blanca) de la cuarta transformación.
Jiménez Espriú y Andrés Manuel López Obrador se conocen hace más de 15 años. El presidente electo lo considera un ingeniero brillante y, sobre todo, confía en él. Sin embargo, la política y la congruencia no se le dan al futuro secretario de Comunicaciones y desde que fue anunciado como parte del gabinete presidencial no ha parado de tropezar.
Dos empresarios con los que se reunió recientemente lo describen como un hombre temperamental y necio. “Es accesible a escuchar, pero al final se percibe como alguien necio, aferrado a sus ideas, aunque éstas no sean coherentes”, comentó uno de ellos.
Jiménez Espriú, en efecto, ha mostrado en público su poca tolerancia. Hace un par de semanas, durante un recorrido por la zona donde se construye el nuevo aeropuerto, encaró a la representante legal de una mina, quien le pidió que se fuera del lugar porque era propiedad privada.
La respuesta del colaborador de Andrés Manuel López Obrador lo pintó de cuerpo entero: “Soy Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Dígale al dueño de la empresa que lo voy citar para que me muestre todos los documentos sobre la mina”.
La prepotencia con la que se plantó en aquella propiedad privada —al más puro estilo priísta— es contraria a la humildad y sencillez que pregona el presidente electo. Pero los escándalos no paran ahí. El talante de Jiménez Espriú se ha manifestado también en la manipulación de los dictámenes y estudios para tratar de legitimar su obsesión por el aeropuerto de Santa Lucía y por enterrar el proyecto de Texcoco.
Hace dos semanas, Jiménez Espriú utilizó el estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional para asegurar que la base militar de Santa Lucía es el mejor sitio para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. No obstante, omitió decir que, de acuerdo con el mismo documento, en un horizonte de 30 años la base militar es insuficiente para hacer frente a la demanda del AICM y, más grave aún, que Texcoco es el lugar más idóneo.
El jueves pasado, a escasas horas de la consulta pública para decir el futuro del nuevo aeropuerto, Jiménez Espriú presentó un estudio que le pidió a la firma NavBlue en el cual se asegura que la operación del aeropuerto de Santa Lucía y el actual AICM es compatible. Omitió, de nueva cuenta, decir que la misma empresa expone que se requieren hacer estudios adicionales que confirmen dicha asunción. La puntilla de todo es que el estudio se basó en la documentación presentada por el grupo de José María Riobóo.
Las críticas le cayeron a montones al futuro funcionario federal. Lo mismo en redes sociales que por parte del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación, del Massachusetts Institute of Technology Research Establishment (Mitre). La entidad con mayor reputación en investigación aeronáutica le recordó a AMLO que la operación del AICM y Santa Lucía es muy riesgosa. En el mismo sentido el actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en una comparecencia en San Lázaro que esa opción es imposible y que además se encarecería la aviación, pues las aerolíneas tendrían costos de operación más altos.
José María Riobóo, por su parte, publicó el miércoles en esta casa editorial un artículo en el que volvió a defender el proyecto de Santa Lucía, a pesar de que el presidente electo pidió a su equipo ser imparcial.
Riobóo, quien ha sido criticado por frases como que “los aviones no pueden chocar, porque automáticamente se repelen”, es un ingeniero ligado en su momento a OHL México y que además recibió adjudicaciones directas por más de 170 millones de pesos en las administraciones de AMLO y Ebrard en la Ciudad de México, como se documentó en esta columna el 15 de junio pasado.
Andrés Manuel López Obrador necesita asesores más moderados y menos radicales, como Alfonso Romo, que le ayuden a construir exitosamente lo que llama la cuarta transformación de México. No debería allegarse de personajes radicales y con potenciales conflictos de interés que, lejos de ayudarlo, le perjudican.
Posdata 1. El presidente electo quiere reubicar las obras de los contratistas del aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía —si se impone esta última opción—. También dice que los bonos por 6 mil millones de dólares que se colocaron en los mercados internacionales se seguirían pagando con la Tarifa de Uso de Aeropuerto del AICM. Legalmente, ninguna de las cosas se puede. La primera porque se trata de dos proyectos diferentes y hacerlo significaría automáticamente la revocación del contrato; y la segunda, porque hay una cláusula que dice que si el gobierno deja de ser el concesionario de la obra o se modifica el proyecto deberá acelerarse el pago de los bonos más la cuota de penalización.
Posdata 2. El principal tenedor de los bonos públicos del NAIM es BlackRock. Los que tienen mayor parte de los bonos verdes son los fondos AFP Capital (Sura) y el británico Schroders PLC. Las Afore como el PensionISSSTE también tienen participación. De los certificados de la Fibra E, los mayores tenedores son la Afore Inbursa, de Carlos Slim, y Santander México.
***Foto: Javier Jiménez Espriú.
Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
