El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una nueva obsesión: llevar internet a todos los rincones del país a como dé lugar y lo más pronto posible. En sus más recientes conferencias y giras se ha lanzado en contra de los operadores de telecomunicaciones porque considera que han sido omisos en su vocación social de proveer servicios en las comunidades más alejadas, aunque no sea lo más rentable.
El objetivo más visible de esa cargada es el operador dominante propiedad del magnate Carlos Slim: América Móvil, con sus empresas Telmex y Telcel. “Les vamos a decir, con mucho respeto, a las empresas que han pedido las concesiones y que no han comunicado al país: ‘háganse a un lado’, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos”, dijo el Presidente el 11 de mayo en Nayarit.
Carlos Slim acusó recibo y le respondió la semana pasada que para incrementar la cobertura de internet se requiere de una red de transmisión avanzada y no sólo cables y fibra óptica, como planea hacerlo el Presidente con el “nuevo Telmex” que quiere crear.
Este sábado, Andrés Manuel López Obrador volvió a la carga. “Se enojan los que han tenido las concesiones para introducir internet cuando digo que hay comunicar al país con internet, pero si ellos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron”, dijo de gira en Chiapas, y reiteró que el gobierno va a crear su propia empresa.
Lo desconcertante es que no está claro cómo el gobierno federal va echar a andar un proyecto tan ambicioso sin recursos ni capacidad técnica para desarrollarlo. En el presupuesto 2019, al programa Internet para Todos se le asignó un partida de apenas 622.8 millones de pesos, a pesar de que se consideró dentro de los 18 proyectos prioritarios de la nueva administración. Para darnos una idea de lo costoso que puede ser echar a andar un proyecto como este, vale la pena revisar el caso de la empresa Altán Redes, la cual obtuvo, en enero de 2017, la concesión para operar una red mayorista 4.5G LTE con cobertura al 92.2% de la población.
A la fecha, la empresa alcanza una cobertura de cerca de 35% de la población y ha invertido aproximadamente 12 mil millones de pesos en el despliegue de infraestructura, utilizando 90 MHz en la banda 700 MHz y dos hilos de fibra óptica de la CFE que obtuvo. En su título de concesión está estipulado cubrir, para 2024 —es decir, para el cierre del sexenio— al menos a 92.2% de la población.
Lo que parecía ser la opción más viable de llevar conectividad a todo el país, como es el despliegue de esta red mayorista, hoy está en riesgo con la intención del gobierno de AMLO de crear su ‘nuevo Telmex’.
Actualmente Altán Redes tiene más de 35 contratos firmados y otros más en negociaciones. Entre sus clientes están proveedores de servicios de cable, satelital, móviles, operadores móviles virtuales, así como con operadores sociales y de nicho, enfocados a la educación y seguridad.
Quizá previendo una crisis legal, por la intención del gobierno de crear su propia empresa de telecomunicaciones en perjuicio de los concesionarios, a Altán Redes ahora la preside un jurista: Bernardo Sepúlveda, quien es consejero del bufete de abogados Creel, García Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., donde dirige el área de arbitraje internacional.
Un abogado del sector de telecomunicaciones, relacionado con la familia Slim, considera que si el gobierno se empeña en crear su propia empresa de telecomunicaciones la primera gran afectada será Altán, que desde hoy, dice, podría considerarse en quiebra técnica.
El gobierno de AMLO cambió las bases de licitación del proyecto de la Red Troncal, que busca concesionar 25 mil kilómetros de fibra óptica, pero ante la incertidumbre y lo errático de las políticas del nuevo gobierno nadie se interesó. Esto fue como música para los oídos del Presidente, quien dijo que “si no les importa la concesión (a las empresas), si se declara desierta la convocatoria, no descartamos la creación de un organismo del Estado mexicano”.
Lo que quizá no le han dicho al Presidente es que su “nuevo Telmex” podría salir tan caro como los cuestionados proyectos que quiere hacer en Dos Bocas, en el sureste y en el Istmo de Tehuantepec.
Española, en la mira de la CFE.
La empresa española que tiene a cargo el proyecto de construcción de la Central Térmica Petacalco está en la mira de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que desde 2014 ha enfrentado demandas por incumplir sus compromisos financieros y por sobrecostos en sus obras.
Hablamos de Duro Felguera, que dirige José María Orihuela, la cual ha descuidado el proyecto que le asignó la CFE y lo supeditó a la reducción de su capital social para reestablecer la estructura de su patrimonio; en 2017, la empresa registró pérdidas de 254 millones de euros.
El proyecto de la Central Térmica de la CFE deberá estar concluido a mediados de este año, pero se prevé que tarde más debido a las presiones financieras a las que está expuesta la empresa.
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
