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La cancelación del aeropuerto en Texcoco fue el primer gran error del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y fue por un capricho. La consulta pública se usó como pretexto para legitimar la decisión presidencial y los costos se siguen padeciendo, principalmente en la falta de confianza de los inversionistas. Cancelar un proyecto heredado fue visto como un golpe en la mesa por parte de la nueva administración y un mensaje de que las cosas se harían diferente. La popularidad de AMLO y el beneficio de la duda que le dieron los mercados le permitió sobrellevar este yerro, pero los inversionistas y las calificadoras acusaron recibo.
López Obrador tuvo varias oportunidades de rectificar su decisión de cancelar el aeropuerto y las dejó pasar, a pesar de lo que le sugerían varios integrantes de su gabinete, como Alfonso Romo y Carlos Urzúa. El capricho de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, está a punto de convertirse en su otro gran error, con la diferencia de que se trata de un proyecto ya no heredado, sino con el sello de la Cuarta Transformación.
La construcción de la séptima refinería en el país no es sólo un tema de recursos económicos –que no tiene Pemex–, sino de otra mala señal para los mercados, pues se valida la hipótesis del aeropuerto: que el Presidente toma decisiones unipersonales, por capricho, a pesar de los grandes costos que estas pueden tener para el país y la economía.
Rocío Nahle, quien le metió en la cabeza al Presidente la idea de una nueva refinería, dice que en el Presupuesto 2019 están etiquetados 50 mil millones de pesos para la construcción del complejo, misma cantidad que se solicitará en 2020, y para 2021 los otros 60 mil millones que conforman la estimación que dio ayer el Presidente: 160 mil millones de pesos y se construirá en tres años.
¿Por qué es un capricho del Presidente la nueva refinería en Tabasco? Número uno, porque fue una promesa de campaña, ni más ni menos que a sus paisanos; y segundo, porque a pesar de que el Instituto Mexicano del Petróleo –quien ahora diseñará el nuevo proyecto– estimó en un inicio que costaría 14 mil 740 millones de dólares y se terminaría de construir en cinco años, y que el Instituto Mexicano para la Competitividad determinó que su viabilidad era de sólo 2%, el titular del Ejecutivo va a echar a andar la obra el próximo 2 de junio.
Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de cancelar un proyecto que pone en riesgo la de por sí precaria situación financiera de Pemex, luego de que los tres consorcios internacionales que invitó a la licitación estimaron imposible que cueste 8 mil millones de dólares y se termine en tres años; pero, el Presidente volvió a hacer oídos sordos de los técnicos –o tecnócratas– que lo han querido aterrizar a la realidad.
Más aún, la Secretaría de Hacienda va a tener que incorporar este factor de incertidumbre al plan de negocios de Pemex que habrá de entregar en junio a los inversionistas. Es la prueba de fuego de la empresa más importante de México, que se encamina, muy posiblemente, a una nueva rebaja de su nota crediticia por parte de las agencias calificadoras.
¿Cómo afecta todo esto al gobierno y a los mexicanos? Cada vez que hay incertidumbre sobre el futuro de la empresa, el interés de los bonos que tiene que pagar a los inversionistas aumenta; un nuevo recorte a la calificación de Pemex dispararía ese premio, pero ya no sólo para los tenedores de su deuda, sino para los inversionistas que tienen bonos del gobierno. Esto pone en riesgo a las finanzas públicas, porque Pemex contribuye con cerca de 20% de los ingresos públicos.
Además, esta mala decisión daría al traste con los rescates que planea hacer el gobierno vía el uso de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.
Todo esto lo sabe el Presidente, así como sabía que la cancelación del aeropuerto en Texcoco sería un duro golpe para la confianza de los inversionistas. Si no rectifica, la construcción de la refinería en Dos Bocas podría convertirse en el error que marcará a su sexenio.
El trasfondo del nuevo etiquetado
La intensa presión que las empresas de consumo como Coca-Cola y Pepsico han ejercido para impedir el cambio del etiquetado de alimentos y bebidas tiene razones de miles de millones de pesos.
En principio, un etiquetado que alerte a los consumidores del contenido de azúcar y el bajo valor nutrimental obligaría a las multinacionales a reformular su portafolio de productos, lo que implica inversiones multimillonarias.
Pero el impacto más fuerte vendría por el lado de los impuestos. El etiquetado chileno que impulsa la organización El Poder del Consumidor y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, podría sentar las bases para identificar a los alimentos y bebidas que serían sujetos de un IEPS especial.
El miércoles, los directores generales de FEMSA, Pepsico, Lala, Bimbo, Danone, Nestlé, Herdez, La Costeña y Sigma se reunieron con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para alertarle del impacto de estas medidas. Así de relevante es el tema.
Muehlstein y la indiferencia
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira a la empresa Muehlstein de México. La firma de origen belga que ahora encabeza Alejandra Juárez Rosas tiene fama de comercializar materia prima para fabricar el plástico que al final de su vida útil termina en los mares y ríos.
Este jueves se modificó la Ley de Residuos Sólidos de la CDMX y se sabe que algunos legisladores recibieron información de Muehlstein sobre los grandes negocios que hace en el país y su poco o nulo aporte para combatir la disposición final del plástico.
En México la empresa no tiene plantas de producción ni se le conocen acciones de cuidado ambiental, situación que dista mucho de la política que aplica en los más de 55 países donde opera su matriz Ravago, que encabeza Theodoros Roussis.
@MarioMal
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