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El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México nació muerto para Andrés Manuel López Obrador. Ni cuando se presentó en 2014, ni durante la campaña y menos ahora que va a convertirse en titular del Ejecutivo ha tenido la más mínima intención de revisar objetivamente su viabilidad. Para el tabasqueño no es más que una obra ‘faraónica’, ‘un barril sin fondo’, ‘otro atraco de la mafia del poder en contra del pueblo y de la nación’.
En ciertos momentos de mesura, el entonces candidato y ahora presidente electo hizo creer que el proyecto terminaría de construirse, aunque fuera con otro esquema, como el de la concesión. “Si (Carlos) Slim considera que es un buen negocio, que lo haga con su dinero, si lo hace así se le puede dar la concesión”, le mandó a decir al ingeniero en abril pasado, luego de una conferencia de prensa en la que el multimillonario defendió la obra.
Pero la realidad, según dos personas cercanas al grupo del presidente electo, es que en la cabeza del fundador de Morena sólo existe –y ha existido– una sola idea respecto a la obra insignia del peñanietismo: cancelarla sin importar las consecuencias.
El plan de echar abajo el proyecto de Texcoco comenzó a fraguarse a finales de 2015, cuando el entonces presidente de Morena convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer su “Propuesta Alterna al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, la cual ya incluía la ampliación de la base militar de Santa Lucía.
Su propuesta alterna también consideraba una consulta ciudadana (vía internet), así como el análisis de expertos para tener más elementos y enriquecer el proyecto que inicialmente fue realizado por José María Riobóo —uno de los principales contratistas durante su administración en la Ciudad de México— y el consultor Sergio Samaniego.
Aquella vez, López Obrador nombró a los integrantes de una Comisión que defendería el proyecto alterno —Santa Lucía—, el cual sería presentado al titular del Ejecutivo (Enrique Peña Nieto), a la Cámara de Diputados y al Senado de la República.
La Comisión estaba integrada por Rocío Nahle, futura secretaria de Energía; César Cravioto Romero, próximo comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México; José Francisco Vázquez, ex diputado de Morena en el Estado de México –quien acompaña a AMLO en sus giras y participa en la consulta del nuevo aeropuerto–; y otros tres personajes cuyo cargo será clave en la cancelación de Texcoco y el impulso de Santa Lucía: Delfina Gómez, futura coordinadora estatal en el Estado de México; Higinio Martínez Miranda, recién elegido presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, y Carlos Morán Mogel, próximo subsecretario de Transporte de la SCT, dependencia que encabezará el más duro de todos: Javier Jiménez Espriú.
Esta tercia, comentan las fuentes, será la encargada de terminar de echar abajo el proyecto de Texcoco y, sobre todo, impulsar la ampliación de Santa Lucía, como previó desde 2015.
“Higinio Martínez controla toda la zona de Texcoco y buena parte del Estado de México, desde Los Reyes La Paz, pasando por San Vicente Chicoloapan, San Salvador Atenco, hasta los límites de Ecatepec”, dice una fuente.
“Higinio es el jefe de Delfina (Gómez) y de Horacio Duarte (quien será el encargado del programa de becas para jóvenes). También controla el Congreso del Estado de México a través de Azucena Cisneros —presidenta de la Mesa Directiva— y Maurilio Hernández, coordinador parlamentario de los diputados”, agrega.
Así que la triada Martínez-Morán-Gómez, encabezada por el ‘villano’, Javier Jiménez Espriú, cargarán con el peso de ‘enterrar’ el proyecto de Texcoco, lo cual va a ser ‘legitimado’ por la consulta popular que se llevará a finales de este mes.
La decisión fue tomada hace mucho por Andrés Manuel López Obrador y nada ha cambiado desde entonces.
Otra de OHL con Pemex.
En el año 2014 levantó sospechas el contrato que Pemex Comercio Internacional (PMI), a cargo de Isaac Volin , entregó de manera directa a la compañía OHL, de Juan Villar Mir , para construir una planta solidificadora de azufre en la terminal marítima de Coatzacoalcos, un proyecto de 50 millones de dólares que permitiría a México exportar este químico a los mercados de China, India, Brasil y los países del Mediterráneo.
Con el objetivo de sortear los vínculos que el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya, mantenía con el corporativo español, el mencionado contrato se formalizó a través de la razón social UTE (Unión Temporal de Empresas) Planta Solidificadora De Azufre, misma que integraba a las firmas OHL Industrial SI y OHL Industrial Mining & Cement, y que estableció su domicilio fiscal en las mismas oficinas de la plaza Reforma 222.
Sin embargo, a poco más de tres años de iniciada la construcción de la obra, tiene un atraso de alrededor de treinta meses, situación que ha incrementado casi al doble el costo de construcción de una planta que debió haber iniciado operaciones a finales de 2016 y que, en la actualidad, muestra daños y hundimientos en lo que se construyó como sus cimientos.
La incipiente estructura muestra tal deterioro que se evalúa cancelarla o bien venderla por un precio que resulte atractivo para un inversionista privado. Esta operación ya fue encargada a la subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales de Pemex, que lleva Griselda Cervantes Padilla, y a la subsidiaria MGI Supply, que dirige Roberto Hernández Guerra.
Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
