Andrés Manuel López Obrador recibió del Tribunal Federal Electoral su constancia de mayoría como Presidente Electo, consumación de su contundente triunfo democrático, sin precedentes: más de 30 millones de votos (53.2% de la votación, ganando 31 de 32 entidades federativas), impulsando a todos los candidatos de la coalición que encabezó para ganar la mayoría en ambas Cámaras del Congreso federal (69 de 128 senadores y más 300 de los 500 diputados federales) y en 19 de 26 Congresos locales que fueron electos. Estos resultados le confieren una impecable legitimidad: el más alto consenso en el México moderno de adhesión ciudadana a un Presidente. López Obrador asumirá la Declaración de Presidente Electo con legitimidad de origen porque, como afirma Rodrigo Borja: “las elecciones son un factor que legitima al gobernante… poder de mando (que) nace de la voluntad del pueblo electoralmente expresada”. Voluntad de cambio que significa el triunfo sobre un modelo de treinta años, cuyo cenit y decadencia fue el Pacto por México entre PRI, PAN y PRD: cambio de régimen. Incluso los que ya declararon aceptar democráticamente el resultado legítimo, como afirma Bobbio, “deben aceptar el gobierno que se forme y actuar en conformidad con las normas y con los valores del régimen”.
López Obrador fue construyendo su Proyecto Alternativo de Nación, visitando, dialogando, de forma ininterrumpida, en todas las comunidades de todo el territorio nacional. Expuso los objetivos de su Cuarta Transformación Nacional en todas las plazas públicas, en redes sociales y en medios de comunicación masivos; su proyecto fue conocido por toda la Nación. López Obrador ha sido claro en su defensa de los intereses populares, democráticos y nacionales. La formación de su gobierno está basada en ese proyecto de “regeneración” que —afirma— “es el mandato recibido”: acabar con la corrupción en todo el país, seguridad basada en la paz, fortalecer la industria y campo nacionales para un crecimiento y desarrollo equitativos, educación gratuita, defender el “sector público encargado de la energía como área estratégica, con el gobierno federal controlando las empresas productivas del Estado” (artículo 25 constitucional), reconstruir el Estado de Bienestar, en suma, justicia social. En la medida que fueron atacadas sus propuestas en campaña, fueron creciendo las preferencias, más de 50 encuestas mostraron su creciente fortalecimiento en mujeres y hombres del norte y el sur, de todas las regiones, edades, niveles educativos y socioeconomicos. Concluidas las elecciones, crece su consenso: las encuestas muestran su arraigo popular y la esperanza en su proyecto político, social y económico: “al 63%, el triunfo de Morena les causó alegría; al 58%, la victoria les da “seguridad”; al 60%, les inspira tranquildad y confianza; entre 65% y 67.5%, considera que —en corto plazo— mejorará la seguridad, la economía y la politica” (Mitofsky). Incluso el Indice de Confianza del Consumidor del Inegi (confianza de la ciudadanía mexicana sobre el rumbo de la economía, y la percepción de condiciones para comprar, ahorrar o vacacionar) se “disparó” tras el resultado electoral, como señaló el Inegi: un fuerte incremento en el índice de confianza del consumidor en julio, en niveles no observados en décadas.
Ayer miércoles 8 agosto de 2018 se consumó formalmente un hecho político histórico, una elección calificada sin objeción alguna, vivencia de todos los elementos de la democracia: soberanía popular, principio del consenso de la mayoría, auténtica alternancia, un nuevo régimen en construcción.
Senador de la República
