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En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendemos derechos, no defendemos privilegios, salarios extraordinarios o condiciones que trasgredan las normas. En este sentido, la base de nuestra actuación está en lo dispuesto por la Constitución y por las leyes, al margen de decisiones políticas o coyunturales. Compartimos la pertinencia de revisar las remuneraciones y prestaciones de servidores públicos que resulten excesivas, y desde el ámbito de nuestra autonomía, hemos emprendido acciones para tal efecto. De igual modo, reconocemos, la necesidad de replantear las estructuras burocráticas en nuestro país bajo un enfoque integral, informado y coherente, que trascienda el ámbito exclusivo de las cuestiones salariales y atienda las causas de las ineficiencias y problemas que han prevenido que México cuente con la institucionalidad fuerte que requiere. El servicio público debe ser una opción de vida para las mexicanas y mexicanos. Nuestro país debe contar con una burocracia especializada y profesional, que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos.
Compartimos la premisa de que la austeridad permee la vida pública. Tan importante como una determinación adecuada de las asignaciones presupuestales, es que el ejercicio de los recursos públicos se haga bajo una lógica de racionalidad y eficiencia que los maximice y transparente. Desde hace varios años, en la CNDH hemos emprendido acciones a favor de que el manejo de los recursos públicos sea debido, pertinente y sin excesos de ninguna índole. Estas medidas han permitido a este Organismo Nacional haya generado economías en los últimos cuatro años, por un monto cercano a los trescientos millones de pesos y que el presupuesto solicitado para 2019 sea inferior al de los últimos años, sin que ello comprometa el cumplimiento de nuestras tareas sustantivas.
La capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen, o se determina por la filiación política de la autoridad que expidió su nombramiento. La real fortaleza operativa del Estado está en su burocracia. Generar estigmas y prejuicios respecto de quienes prestan sus servicios al Estado es violatorio de los derechos humanos y contribuye a polarizar y dividir a la sociedad.
México demanda un cambio y una transformación, pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas. La pertinencia y efectividad de los cambios que se propongan, incluidos los de carácter normativo, deben partir de un análisis realista y objetivo de la situación que enfrenta nuestro país, que aborde los problemas de manera informada, integral y plural, asumiendo como premisa el no vulnerar derechos y garantías. Es claro que las necesidades son muchas y las demandas urgentes, pero la falta de técnica o cuidado puede hacer que las mejores y más válidas intenciones por atender problemas sociales, se transformen en actos que hagan inoperantes las acciones que se emprendan o causen afectaciones mayores.
Al amparo del legítimo e incontrovertible postulado de austeridad para el servicio público, en los últimos días se han verificado diversas situaciones que llaman a una reflexión más profunda desde el ámbito de los derechos humanos. Un punto de especial atención lo representan algunas de las reacciones generadas como consecuencia de los diferendos entre Poderes y órganos del Estado, derivados de las medidas de austeridad que se han propuesto. En particular, son preocupantes hechos como las agresiones que se llevaron a cabo en contra de un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal y que, pese a las condenas formales de algunas autoridades, fueron toleradas. La afinidad ideológica o política no puede ser una causa que excluya la aplicación de la ley. Estigmatizar las opiniones o condición de las minorías viola derechos humanos y debilita el sistema democrático, al privilegiar la imposición y el recurso de fuerza sobre el dialogo, el entendimiento y la construcción de consensos. México no puede permitirse que se empiece a construir un discurso de odio por diferendos políticos o ideológicos. Un valor esencial de la democracia es el reconocimiento de la pluralidad y el respeto del disenso.
El Presidente de la República ha señalado públicamente que los diferendos entre Poderes, instituciones y personas deben canalizarse y resolverse por las vías institucionales. La violencia y la amenaza de la fuerza no pueden substituir al derecho. Es preciso permitir y generar las condiciones para que esas vías operen, lo cual requiere, entre otras cosas, que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos; que se respete la pluralidad y el disenso; que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante; que se respete el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas; que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes. Que se respete la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo.
Es difícil no identificarse y compartir el objetivo planteado de convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. En particular, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la “Cuarta Transformación”. Es momento de que como país y sociedad tomemos en serio los derechos humanos, de que comprendamos que los mismos son el único elemento en el que podemos sustentar los cambios que como país demandamos. Para lograr la meta de que alcancemos la legalidad y la justicia en la paz.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
