Donald Trump está convencido de que su estrategia comercial de amedrentar a sus socios comerciales con aranceles de importación funciona. En su imaginario, Canadá y México aceptaron la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sólo para evitar la imposición de más aranceles, la Unión Europea aceptará revisar los suyos de nación más favorecida con base a la amenaza de reciprocidad, en especial en materia de automóviles, mientras que China está sentado en la mesa en virtud de los aranceles impuestos unilateralmente por Estados Unidos por violaciones a la propiedad intelectual de sus empresas.
Trump se llama a sí mismo el “presidente arancel”, lo que refleja más que nada su unilateralismo (que no aislacionismo) y su voluntad de destruir el sistema internacional de comercio basado en reglas, si es necesario para avanzar sus intereses. Al recién inaugurado presidente en enero de 2017 le frustraba saber que no podía subir aranceles cuando quisiera al no tener facultades (le pertenecen a su Congreso) o por los compromisos internacionales de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que los limita al consolidado de nación más favorecida (los suyos son más bajos que los del resto del mundo en promedio) o los compromisos en tratados comerciales como el TLCAN.
La frustración terminó cuando uno de sus asesores le dijo: ‘presidente, hay dos maneras de fijar aranceles unilateralmente: en caso de seguridad nacional, la sección 232 de la ley lo faculta y en caso de violaciones de otros países a sus compromisos con Estados Unidos, la sección 301 lo permite’. Así, Trump impuso aranceles a la importación de acero y aluminio, todavía vigentes, a Canadá, Corea del Sur, Japón, México, la Unión Europea y otros bajo la sección 232 a pesar de que propio Departamento de Defensa reconoció que estos países no representan una amenaza a su seguridad nacional. Por su lado, a China le impuso una serie de aranceles con base en la sección 301 sin que mediara una investigación sobre violaciones aludidas ni un pánel de solución de controversias que las confirmara.
La apreciación, el cariño, que Trump tiene ahora por los aranceles unilaterales tendrá un fuerte impacto en el proceso de aprobación del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Todo proceso de ratificación de un tratado comercial en Washington es complicado; uno con Canadá y México que son sus principales socios más, y ahora que los Demócratas han recuperado la Cámara de Diputados, más aún. Para los 218 votos que se requieren para la mayoría se estima que, cuando menos, se requerirán entre 50 y 60 representantes Demócratas, además de la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, para programar un voto en el pleno.
Canadá y México enfrentarán dificultades muy serias en el proceso de aprobación que se avecina. La primera está relacionada con la permanencia de aranceles al acero y aluminio bajo el pretexto de seguridad nacional. El gobierno de Trump ha abusado de la sección 232 con respecto a sus principales socios y vecinos que bajo ningún supuesto representan un riesgo. Muchos esperaban que los aranceles fueran eliminados para la firma del T-MEC. Esto no sucedió por la importancia estratégica que Trump les asigna. Para contrarrestarlos, Canadá y México no tienen otra opción más que tomar represalias que impacten políticamente a la Casa Blanca, como lo han hecho, pero quizá expandir el número de sectores que cabildeen por su eliminación por medio de una técnica conocida como carrusel. La presencia de estos aranceles dificultará el apoyo de representantes y senadores clave en Estados Unidos y generará un costo político en Ottawa y en el Senado mexicano al momento de la ratificación.
México enfrentará dificultades adicionales. Para empezar, los Demócratas demandan una aplicación efectiva de las disciplinas laborales comprometidas en T-MEC. El gobierno mexicano debería aprovechar esta demanda para asegurar que el sistema de solución de controversias funcione para los tres países y para todo tipo de controversias, incluidas las propiamente comerciales, y no sólo para las laborales. El problema es que el embajador Robert Lighthizer de Estados Unidos rechazó fortalecer el sistema durante la renegociación y acaba de proponer a los Demócratas el uso de la sección 301 para imponer aranceles a exportaciones mexicanas resultado de supuestas violaciones laborales. Ésta es claramente una propuesta inaceptable para México por su naturaleza unilateral, potencialmente arbitraria y de aplicación sólo para el país y no para Estados Unidos y Canadá. El uso de la 301 representaría el principio del fin del T-MEC y del TLCAN; debe rechazarse firmemente.
Además, el proceso de ratificación se complicará todavía más por la imposición de cuotas compensatorias al jitomate mexicano en Estados Unidos y por las posibles dificultades para mantener el acuerdo de suspensión en materia de azúcar. Finalmente, habrá que esperar una larga lista de solicitudes sobre todo tipo de temas, relacionados al comercio o no, con el objeto de sumar 218 votos para la mayoría. El costo no será bajo y el pronóstico reservado.
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