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La posible imposición de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos, bajo el pretexto de riesgo a la seguridad nacional en el marco de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tiene un alto costo para México. No sólo, ni sobre todo, por el impacto inmediato en los mercados financieros, sino en virtud de que la integración productiva en América del Norte es mucho más profunda de lo que se piensa y dado que el cobro de impuestos para cada importación hace inviable el funcionamiento de cadenas productivas establecidas desde hace muchos años.
Es una falacia económica que la devaluación del peso “corrige” el arancel ya que abarata a las exportaciones mexicanas. Es cierto que la imposición de aranceles y su amenaza debilitarán al peso y que esto favorece la exportación de contenido nacional. No obstante, la mayoría de los productos que se exportan tienen contenido extranjero —en virtud de la integración de las cadenas— o insumos cuyos precios están denominados en dólares.
Es decir, la devaluación en realidad significa una depreciación del salario que en ningún caso es positiva. Una fuerte devaluación disminuye, además, el tamaño del mercado y hace inviables muchas importaciones significativas para el bienestar.
La pregunta interesante no es qué va a hacer México, es claro que ofrecerá seguir colaborando en materia migratoria y que, si es necesario, tomará represalias para compensar el arancel de Trump, sino cómo va a reaccionar el sistema político de Estados Unidos.
A unos días de la amenaza, es evidente la clara oposición que ha generado entre empresas, agricultores, gobernadores y alcaldes, representantes y senadores y todo tipo de asociaciones en Estados Unidos.
Hasta ahora el presidente Trump ha preferido ignorar la presión, incluida alguna de su propio gabinete, en aras de forzar a México para que dé alguna concesión que le permita cantar victoria y posicionarse en materia electoral.
En este momento, la principal labor debe consistir en generar una narrativa sobre el costo económico para Estados Unidos. Esta disrupción, si se implementa como anunciada, es mucho más grave que la invocación del artículo 2205 del TLCAN para denunciarlo por dos razones: una, en ausencia de aranceles bajo la IEEPA, si Estados Unidos se saliera del tratado, el comercio con México se regiría por la Organización Mundial de Comercio, donde sus aranceles promedio son cercanos a 3% y sin espacio para incrementarlos.
Dos, la imposición de aranceles bajo IEEPA implica el fin del TLCAN y del Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), ya que esta acción ignora el compromiso de mantener las tres economías abiertas entre ellas. No es imposible que ése sea el fin último de Trump.
México se está convirtiendo en su primer socio comercial y su principal mercado en el mundo. Además, el impacto sería mucho más severo del que se tiene con respecto a China en vista de la integración de las economías de América del Norte. El cobro de aranceles a insumos y partes para la producción se traduciría en falta de proveeduría, plantas detenidas y desempleo. Por otra parte, el consumidor estadounidense experimentaría precios más altos en frutas y legumbres, dispositivos médicos, automóviles, electrónicos y muchos otros productos. Finalmente, México no tendría más opción que tomar represalias con el objetivo de establecer un incentivo para que se revierta la medida. Los sectores afectados incluirían el comercio en bienes como el agropecuario, bienes de consumo, electrónicos, pero también servicios de todo tipo, sectores que requieren protección a la propiedad intelectual y de la economía digital y otros.
Todos estos costos se sentirían especialmente en estados fronterizos (Texas, California y Arizona), en los estados del medio-oeste y en los estados agrícolas, muchos de ellos clave para el proceso electoral que se avecina.
En el pasado muchos grupos de interés han preferido no enfrentarse a las políticas de Trump por conveniencia (en espera de reducciones de impuestos o desregulación) o por temor a sus tuits.
Esta ocasión quizá sea diferente. El presidente ha tomado una decisión radical al usar IEEPA para imponer restricciones comerciales a un país aliado y con un objetivo que tiene poco que ver con la política comercial. Este es un claro abuso de la ley y una acción contraproducente con respecto al objetivo que persigue (reducir la migración) y para con un país que en ningún caso puede ser considerado como un riesgo a la seguridad nacional o integridad de Estados Unidos.
Se verá en los próximos días si la amenaza se lleva a cabo. Si Trump anticipa una fuerte oposición, es posible que posponga la medida para tratar de obtener concesiones en la zozobra de la extensión del plazo. Si subestima la oposición, o no le importa, es posible que imponga los aranceles y se entre en una situación de gran complejidad con demandas en tribunales, movimientos en el Congreso para revertirlos, enorme presión en los mercados y economía mexicanos, largas colas en la frontera, represalias y disrupción de cadenas productivas.
La reacción de republicanos y demócratas, de empresarios y asociaciones, de medios de comunicación y líderes de opinión en Estados Unidos determinará el curso de acción. Ésta será quizá la primera gran prueba inevitable de si apuestan por un país que privilegia el sentido de justicia y el respeto a las leyes, o siguen condonando a un presidente que habrá causado un profundo daño.
Si la reacción es suficientemente fuerte es posible que sirva para conseguir la coalición que logre la aprobación del T-MEC y que quede clara la fortaleza de la relación con México que habría soportado el vendaval trumpiano.
