El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles de importación al acero y aluminio a su país. Aunque la decisión todavía no ha sido oficializada ni publicada, la propuesta parece consistir en un arancel de 25% para acero y 10% para aluminio.
El gobierno de Estados Unidos ha buscado por todos los medios plasmar la visión de su presidente y sus promesas de campaña en políticas comerciales proteccionistas. Trump ha tenido desde hace varias décadas una fuerte inclinación proteccionista e interpreta las relaciones comerciales internacionales en términos exclusivamente de ganadores y perdedores. Para él, tener un déficit comercial implica una ventaja injusta para aquéllos que tengan superávit y un fracaso.
Su discurso más emblemático lo dio el día en que tomó posesión cuando afirmó que Estados Unidos estaba sufriendo una carnicería, que el resto de los países tomaban ventaja injusta de su debilidad y que de ahora en adelante cada quien debería velar por sus intereses y mandar al diablo los del resto. Esta visión negativa y pesimista del mundo, de las relaciones internacionales y de su propio país implica un profundo retroceso en política exterior.
Sin embargo, una vez en la Casa Blanca, Trump se ha topado con la terca realidad de que no es tan fácil modificar la política comercial y que un número creciente de grupos de interés se opone a cerrar su economía. Trump ha expresado varias veces su frustración con respecto a los procedimientos de ley en el ámbito comercial. Ha dicho, por ejemplo, I hate TPA, odio el TPA, la ley que marca los procedimientos para negociar o renegociar un tratado comercial. Ha mostrado su hostilidad a que Estados Unidos tenga aranceles de nación más favorecida, que se aplican a las importaciones de miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), relativamente bajos, y al hecho que México no tenga que pagar aranceles al exportar coches a la Unión Europea, pero a sus exportadores se les cobre 10%.
Sin embargo, el regreso de Peter Navarro a la primera línea de la Casa Blanca, después de haber sido marginado casi un año entero, coincide con el relanzamiento de un instrumento para la imposición de aranceles sin límite. Todos los tratados de libre comercio, la OMC y las leyes domésticas en materia de comercio exterior incluyen una excepción para la imposición de aranceles y restricciones de productos en términos de seguridad nacional. Es decir, todos los países se reservan el derecho a cerrar parcial o totalmente sus economías a la importación de uno o varios productos en caso de guerra, en relación con enemigos declarados y en el ámbito de tráfico de armas.
Esta excepción tiene como único objetivo resguardar la seguridad nacional de cada país. En caso de una emergencia bélica o relaciones con un enemigo, los gobiernos tienen la posibilidad de imponer medidas para detener o impedir el tránsito y comercialización de mercancías en su territorio. La excepción de seguridad nacional es, por naturaleza, absoluta: bajo ella se puede imponer cualquier restricción, no importa qué tan severa, y los países afectados no tienen derecho a compensación alguna.
Esta excepción absoluta siempre ha sido considerada como un derecho que debe usarse con parsimonia con el doble objetivo de que no sea abusada y sólo se refiera a casos auténticos de seguridad nacional. En ese sentido no es un derecho, sino un privilegio que pueden utilizar los países para defender sus intereses inalienables y no otros de naturaleza distinta.
Estados Unidos ha utilizado la excepción de seguridad nacional sólo en 15 ocasiones, la gran mayoría en los años 80 y muchas en relación a petróleo, uranio, semiconductores y contra países no aliados. La propuesta del presidente Trump va más lejos y abusa del privilegio de contar con una excepción de seguridad nacional.
Va más lejos ya que se anticipa incluya a países que han sido sus aliados tradicionales en conflictos bélicos y que en ningún caso pudieren ser etiquetados como enemigos o un riesgo de seguridad nacional. Va también más lejos ya que no hay una sólida argumentación que justifique considerar la situación del acero y el aluminio en Estados Unidos como de seguridad nacional. De hecho, las múltiples expresiones de Donald Trump, de Peter Navarro y de Wilbur Ross, secretario de Comercio, dejan en claro que el propósito es ayudar a estas industrias y no proteger la seguridad nacional. Además, en cualquier situación normal Wilbur Ross y el embajador Robert Lighthizer tendrían que recusarse de estas discusiones ya que tienen largas carreras y claros intereses en la industria del acero.
La propuesta de aranceles ha generado una fuerte reacción negativa en Estados Unidos por parte del sector privado, prensa de negocios, influyentes congresistas y el mercado de valores, el cual cayó de manera importante cuando se adelantó el anuncio.
El gran problema de la propuesta de Trump es no sólo su impacto económico, que será negativo sobre todo en Estados Unidos, sino el rompimiento del acuerdo entre las partes firmantes de la OMC y los distintos tratados de libre comercio, en el cual la seguridad nacional es una excepción y no la regla y que debe utilizarse con parsimonia. Si Estados Unidos abusa de este privilegio, invita a otras economías a hacer lo mismo y puede provocar el inicio de una guerra comercial.
A estas alturas, el óptimo es que los pesos y contrapesos internos de Estados Unidos detengan la propuesta. El segundo mejor es que la medida excluya a Canadá y México. Hay robustas razones para así hacerlo. No sólo por la vecindad, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los lazos de amistad, sino porque éstos son los mercados de acero y aluminio uno y dos en el mundo para Estados Unidos.
Si Canadá y México no son excluidos, se vuelve clave que ambos implementen una estrategia inteligente de represalias con el único objetivo de que se revierta la medida, pero no para proteger a sus industrias de acero o aluminio. Vale la pena recordar que si los aranceles permanecieran, la manufactura mexicana sería más competitiva con relación a la de Estados Unidos en su propio mercado y en el resto del mundo. Esto implica una oportunidad para desplazarla y acabar exportando más acero y aluminio, pero incorporado en bienes finales. Esto sólo funciona, sin embargo, si en México no se encarecen estos insumos.