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Es muy loable y positivo que el presidente López Obrador haya decidido atacar de frente el robo de combustibles en Pemex en el centro de una amplia red de corrupción que involucra a la empresa, a segmentos de la clase política, a operadores privados de gasolina, a comunidades enteras, a instituciones de seguridad y a grupos criminales. Quizá sea todavía más importante la interpretación que dé AMLO al fenómeno que está atacando y las medidas de mediano y largo plazo que proponga para superarlo.
El huachicol es una oportunidad irrepetible para entender el funcionamiento de la economía. En vista de la propiedad de la Nación de las reservas de hidrocarburos en el subsuelo, la maximización de la renta petrolera (precio del petróleo menos costo de exploración y explotación) se logra en los primeros eslabones al vender a precio de mercado y con costos competitivos. Desde el punto de vista de la generación de riqueza de estas reservas, lo que suceda con el petróleo una vez bien vendido es irrelevante. No obstante, para el funcionamiento de la economía lo que importa es la disponibilidad competitiva de moléculas de hidrocarburo en donde haya actividad productiva para convertirlas en calor y fuerza motriz.
La magnitud de la renta petrolera (en los mejores días de Cantarell el costo era de cuatro dólares por barril y el precio de 100) crea un incentivo para tratar de privatizarla en todos los eslabones. Para los primeros, exploración y explotación, la renta se maximiza en un ambiente de competencia para garantizar el uso de las mejores tecnologías, costos competitivos y la diversificación del riesgo de no encontrar petróleo. Pero en el caso de Pemex, la mayor privatización de la renta petrolera (definición precisa de huachicoleo) tiene lugar en eslabones intermedios (transformación) y aguas abajo en el transporte, distribución y comercialización.
Gracias al monopolio de más de ochenta años, México no cuenta con una infraestructura ni suficiente ni competitiva de transporte, distribución y comercialización de gas natural y gasolinas. Aún a sabiendas de su importancia para el desarrollo económico regional, nunca se llevaron a cabo las inversiones necesarias en ductos y almacenamiento para asegurar la disponibilidad de hidrocarburos en todo el país. Se privilegió más bien el transporte en pipas con empresas del sindicato y de grupos de interés ligados a la clase política.
La falta de esta infraestructura estratégica no es, entonces, una casualidad, sino que, además, permite maximizar las posibilidades de extorsión. Con alternativas de almacenamiento (no tres días como ahora) y redundancia de ductos (para poder cerrar el siniestrado sin crear escasez), el robo de combustible y las altas tarifas para su transporte carretero serían menos probables.
Todos estos esquemas acabaron creando una cultura que justificaba la privatización de la renta petrolera que, de cualquier manera, es de “todos”. Y la prevalencia de esta cultura (no distinta a la de Tabasco en el ámbito eléctrico) condujo a la explosión del huachicoleo de ductos por parte de grupos criminales, en connivencia con operadores de Pemex que también querían participar de la renta, y de comunidades enteras que servían de escudo y eran compensadas con una tajada (aunque estrecha) de la misma.
¿Dónde radica la solución? Sin duda, no en regresar a un modelo monopólico de Pemex donde está la raíz del problema, sino más bien en promover la inversión en alternativas de almacenamiento y de transporte, distribución y comercialización de energéticos. El riesgo de abasto y la posible extorsión y sabotaje se maximizan con un solo operador. En la medida en que la que se cuente con competencia y diversificación de actores, se reduce en forma drástica la posibilidad de desabasto y se evita la privatización de la renta petrolera. López Obrador cuenta ahora con las herramientas para impulsar la inversión necesaria en infraestructura para que México tenga reservas suficientes de combustible cerca de los centros de consumo y con redundancia de ductos para luchar eficazmente contra el huachicol.
De 2015 a octubre de 2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha aprobado 2,086 proyectos privados de almacenamiento, transporte y distribución por un monto de 3,930 millones de dólares. Para que estas inversiones se lleven a cabo se requiere que el gobierno las promueva y que se comprometa a la libertad de precios de combustibles y su transporte.
Asimismo, es clave la separación contable y funcional de Exploración y Producción del resto de las subsidiarias de Pemex para evitar que se utilice la renta petrolera para subvencionarlas.
Si el gobierno de AMLO logra erradicar el robo de combustibles y la privatización de la renta petrolera, merecerá un enorme reconocimiento. Si lo hace promoviendo la competencia para transitar de un sector energético viciado a un mercado de energía competitivo, conseguirá un cambio radical y profundo. Pero si opta por pretender que Pemex lo resuelva todo, resembrará la semilla del desabasto y hará permanente el incentivo de privatizar la renta que es de todos.
Twitter: @eledece
