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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone un programa económico para 2019, y el resto del sexenio, que es relativamente conservador en sus premisas macroeconómicas y con el doble objetivo de asegurar la tranquilidad de los mercados y redireccionar la asignación del gasto público.
Los cambios propuestos, aunque importantes, no parecen ser revolucionarios ni suficientes para una cuarta transformación. Se reasigna gasto público a favor del “bienestar” tratando de crear espacio con austeridad republicana. Más aún, como los nuevos gastos sociales (para personas mayores y jóvenes, por ejemplo) se van a realizar con muy alta probabilidad y serán difíciles de eliminar en el futuro, mientras que los recortes a muchas dependencias y programas son no sólo teóricos, hasta implementados, sino reversibles por presión política, no es descartable que la restricción del gasto termine siendo menor a la puesta en la mesa. Se puede prever que, con un gasto social mayor y creciente, el nuevo paquete económico debilite la posición financiera estructural del gobierno en el mediano plazo.
No obstante, lo más sorprendente del paquete económico se encuentra en las perspectivas económicas de mediano plazo 2019-24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un crecimiento promedio para el sexenio de 2.5%, similar al de gobiernos anteriores, incluso cuando sufrieron fuertes contracciones por causas internas y externas. Sorprende también el revelador bajo nivel de ambición en materia de inversión pública. En el cuadro “Requerimientos Financieros del Sector Público, 2018-2024” en la página 106 de los Criterios generales de política económica 2019 se establecen los siguientes niveles de inversión pública para cada año del sexenio como proporción del PIB: 2.7% en 2019, seguido de 2.3%, 2%, 2.3%, 2.5% y 2.4% para finalizar en 2024.
Es decir, a pesar de las duras críticas a gobiernos anteriores sobre el abandono a la infraestructura y la necesidad de invertir en el futuro, AMLO se propone tener un nivel de inversión menor que gobiernos recientes. La razón es muy clara: en vista de la congruencia en materia de disciplina fiscal para mantener una proporción constante de deuda a PIB y el incremento en las erogaciones corrientes producto de un mayor gasto social, se termina sacrificando de forma incongruente y más que gobiernos “neoliberales”, la inversión en infraestructura.
El gobierno puede argumentar que estas cifras son preliminares y que serán afinadas en el Plan Nacional de Desarrollo a presentarse en unos meses. Quizá, pero la aritmética será la misma, ya que resulta inviable cumplir con todo al mismo tiempo. Una de las principales críticas a los programas de ajuste macroeconómico es que siempre se sacrifican la inversión en infraestructura. El programa presentado peca de lo mismo.
De manera paradójica, tiene el argumento más poderoso para revertir la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto. En un ambiente de creciente incertidumbre y “una reversión de los flujos de capital de las economías emergentes” (p. 55) se antoja poco estratégico enfrentar a los mercados de capital con una cancelación caprichosa y una negociación con tenedores de bonos que sólo puede terminar mal: o se paga muy cara la recompra, o se enfrentan juicios interminables y se dificulta la colocación de deuda. Lo mejor que podría hacer el gobierno, tal como lo dijo el presidente al invitar a inversionistas a apoyar el Tren Maya, es potenciar la inversión pública con participación privada. Nada ayudaría más a esto que reconocer la inviabilidad de navegación aérea de Santa Lucía (patrona de la ceguera) y comprometerse a la terminación del proyecto de Texcoco. El éxito económico del sexenio dependerá en buena parte de recuperar la confianza en un ambiente renuente a invertir en mercados emergentes.
La asignación de 15 mil millones de pesos para iniciar la construcción de Santa Lucía a la Secretaría de la Defensa Nacional sólo abonará a la desconfianza: al ser un gasto “militar”, no quedará sujeto a licitaciones transparentes ni al escrutinio ambiental, todo bajo el pretexto, igual que Trump, de seguridad nacional.
