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No habría mayor contribución que pudiere hacer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a México que disminuir significativamente la corrupción. Esta extendida práctica es la principal razón del rezago de la economía, de la desigualdad, la falta de servicios públicos, la ausencia de solidaridad social y la extorsión que impiden el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las condena a quedarse así.
El problema del Presidente es uno de diagnóstico. Pareciera que toda participación privada en el ámbito de la producción de bienes y servicios es corruptora de suyo y que, por tanto, toda generación de utilidades es ilegítima. Sin duda pueden encontrarse innumerables ejemplos para probar que, con frecuencia, la acumulación de utilidades ha sido inmerecida y que resulta de protección por parte del gobierno contra la competencia, del intercambio de favores para con el sector público, de evasión de impuestos, uso de información confidencial, abuso de autoridad o de la extorsión.
Sin embargo, dignificar la generación de utilidades es una condición necesaria para el establecimiento de una economía moderna que genere alta productividad en un ambiente propicio al intercambio de ideas para la innovación. Si se considera que las utilidades siempre son ilegales se vuelve imposible establecer un esquema que promueva el crecimiento sostenido.
Así, uno de los primeros pasos para abatir la corrupción es trabajar en la dignificación de la generación de utilidades. Para esto es imprescindible que las empresas sean percibidas, en los hechos, como pagadoras de salarios justos con condiciones laborales dignas, que cumplan con la ley, que compitan y no erijan barreras a otros, que no dependan del gobierno, que inviertan, creen empleos e innoven.
Uno de los beneficios potenciales de largo plazo del nuevo gobierno consiste, precisamente, en lograr una sana distancia de la actividad privada con respecto al gobierno y al sistema político para que las utilidades no sean percibidas como resultado de privilegios de conexiones políticas.
El éxito del gobierno de AMLO dependerá, en mucho, de que su pragmatismo lo lleve a concluir que la única forma de crecer de manera sostenible es en un ambiente propicio a la inversión productiva y a la generación de empleo, pero no sólo de empresas grandes, ni para proyectos de gran envergadura, sino sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas. De manera óptima, todo programa y norma que desarrolle el gobierno debería tener como parámetro la capacidad de las Pymes para usarlo o cumplir con ella.
Más aún, a veces el gobierno pareciera atrapado en la disyuntiva de si promueve la inversión de empresas del Estado o privadas, sin imaginarse que la elección no es o, sino y. Es perfectamente compatible fomentar la inversión de empresas productivas del Estado, de hospitales o escuelas públicas, pero también privadas. La inversión pública y la privada no son excluyentes, ni siempre sustitutas, sino que se complementan una a otra. La noción de que el país está en “bancarrota”, declaración que por fortuna las calificadoras no han tomado en su sentido literal, está relacionada con la percepción de que no alcanzan los recursos públicos. La ironía es que, en un ambiente propicio a la inversión, habría más recursos disponibles para invertir que proyectos listos para ejecutarse.
El principal error que comete el gobierno en su lucha contra la corrupción consiste en igualarla con neoliberalismo. Sin duda, durante los gobiernos que podrían etiquetarse como neoliberales se dieron sonados casos de corrupción. Sin embargo, ésta estaba relacionada de manera íntima con un régimen que ponía por delante, por razones político-electorales y deshonestidad, los privilegios y no los derechos ciudadanos.
Anteponer privilegios a derechos no tiene nada que ver con el neoliberalismo y es, en general, contrario a éste. Más bien al revés, en promedio, a mayor participación del aparato público y mayor la intersección de lo electoral con lo privado, mayor la corrupción resultante.
La clave para el crecimiento sostenido y para la incorporación de regiones, segmentos sociales y sectores a la economía moderna reside en la reducción de la extorsión que prevalece en un clima de impunidad. Muchas empresas optan por permanecer en la informalidad y no crecer para evitar ser extorsionadas por funcionarios públicos, inspectores, movimientos políticos, sindicatos, criminales y participantes privados que bloquean sistemas de distribución y comercialización. Nada contribuye más a abatir la corrupción que generar un ambiente de competencia e inclusión en que primen los derechos y se terminen los privilegios. Ésa es la esencia del funcionamiento de un mercado que sostiene a las economías exitosas.
Se antoja difícil tener éxito en la lucha contra la corrupción sin promover una economía de mercado en que las ganancias sean percibidas como legítimas. La modernización radical y profunda del país depende de ello.
