El presidente de México Andrés Manuel López Obrador no pierde oportunidad para fustigar todo lo que huela a neoliberal. Ve la historia en términos maniqueos entre buenos o malos, conservadores o liberales, pueblo sabio o adversarios, amloistas o neoliberales. Ve también a su gobierno no sólo como un hito sexenal, sino como una transformación que no puede medirse en años, ni décadas, sino siglos. Por eso deben aprovecharse los quinientos años de La Conquista (1521) y los doscientos de la Independencia (1821) para celebrar y poner en su justa dimensión a la cuarta transformación. Nada menos.
Pero en todo este discurso del nuevo gobierno no queda claro qué es neoliberal o cómo definirlo. Quizá la forma más sencilla de hacerlo, en materia económica por lo menos, es considerar que son neoliberales los gobiernos que siguen las recetas del llamado “Consenso de Washington”: un conjunto de 10 políticas públicas que deberían adoptar países en desarrollo para la modernización de sus economías.
Cabe entonces preguntarse si las políticas económicas del gobierno de AMLO siguen o se alejan de estas recetas como parámetro para saber qué tan neoliberal es.
El cuadro adjunto muestra las 10 políticas públicas impulsadas por el consenso, resume la posición del gobierno de López Obrador para cada una de ellas de acuerdo al Proyecto de Nación (PN), los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y la salida o posicionamientos públicos, y se califica el apego al consenso entre cero y uno.
En el cuadro puede apreciarse que la política económica anunciada recibe una calificación de congruencia con el consenso de Washington de 8.5 sobre 10 puntos posibles.
El programa de gobierno parecería alejarse de este consenso de carácter neoliberal en sólo dos rubros. Uno, en términos de privatización de empresas del estado. El gobierno de AMLO tiene una clara preferencia para promover a las empresas productivas del estado y no a las privadas en mercados como el energético, salud u otros estratégicos. Dos, en relación a la redistribución del gasto público a favor de la salud, la educación y la infraestructura, la política económica se aleja parcialmente del consenso a pesar de los esfuerzos de recorte por el impulso a subsidios sociales no necesariamente justificados.
Queda, por supuesto, la duda de cómo se van a implementar estas políticas y si el compromiso con la ortodoxia económica aguantará el paso del tiempo. Puede haber ya cuestionamientos sobre los derechos de propiedad, la libertad para tasas de interés y comisiones bancarias, la disciplina fiscal por programas sociales que sólo pueden crecer, la capacidad para sostener recortes al gasto, la tentación, ya mostrada, de subir ciertos aranceles y la desregulación.
No obstante, a juzgar por el consenso de Washington, la política económica proclamada por el gobierno pareciera 85% neoliberal, o fifí, por el momento.