El presupuesto que elabora un gobierno puede ser un buen indicador de la naturaleza no sólo de una administración, sino del régimen: de sus valores, compromisos y, finalmente de su utopía. Especialmente si se trata del primero, del que busca el contraste con el pasado. Es así como debe de verse y descifrarse el documento que el doctor Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, presentó al congreso en nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 15 de diciembre.
En 1967, James W. Wilkie publicó un libro que buscó someter el discurso de la Revolución Mexicana a la prueba de las grandes cifras, las de los presupuestos del gobierno central. En The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change (U. de California), queda claro que el presupuesto federal siempre ha sido muy superior al del conjunto de los estados (proporción de 3 a 1), y que la diferencia entre el gasto planeado y lo que efectivamente se ejerció puede ser notable, ya fuera por gastarse menos de lo calculado —en el aún turbulento 1919, Carranza apenas pudo ejercer 29 % de lo que se había planteado—, o mucho más —en 1960 López Mateos pudo gastar ¡96% más de lo que había propuesto! Obviamente, el déficit no siempre fue el problema que es hoy (pp. 22-23). Sin embargo, lo más importante de este trabajo no son las discrepancias sino la evolución en la naturaleza de los presupuestos desde el elaborado por Benito Juárez en 1869, pasando por los últimos de Porfirio Díaz (1900 a 1911) hasta llegar a Adolfo López Mateos, el último en la versión original.
Wilkie dividió en tres grandes rubros lógicos el gasto público: administrativo, económico y social. Con Juárez, el gasto en la administración, que incluye al ejército, consumió el 93.4% del presupuesto en tanto que al social —básicamente educación— apenas dirigió el 1.6% (p. 32). Con Porfirio Díaz, el mantenimiento del aparato administrativo siguió consumiendo el grueso de los recursos (77.4%), pero el gasto económico se triplicó (16%). Al concluir la etapa violenta de la Revolución, el perfil del egreso se modificó sustancialmente y el régimen de Lázaro Cárdenas pudo hacerse de una base social: entre 1935 y 1940, y por primera vez en nuestra historia, lo administrativo consumió menos de la mitad del dinero público (44.1%), el gasto económico dio un gran salto (37.6%), seguido del social (18.3%). Con Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, la prioridad fue la inversión productiva (más del 50%) a costa del gasto puramente administrativo (p. 32). En una nueva edición de su libro (Fondo de Cultura, 1978), Wilkie mostró que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz siguió los mismos lineamientos que su antecesor, pero que Luis Echeverría y José López Portillo decidieron aumentar el gasto en proyectos económicos. Al final, la gran crisis económica acabó con el modelo y de sus escombros surgió el neoliberalismo.
Es importante tener en cuenta que antes de la crisis del 82, el gasto público en México llegó a ser superior al 40% del PIB; el actual apenas ronda el 28%, cifra baja si se le compara con países de la OCDE, que supera el 40%. Como sea, equivale a la cuarta parte de la economía.
AMLO se propone un cambio de fondo respecto de la naturaleza del ejercicio del poder presupuestal, como lo fue el cardenismo. El gasto público no le da para lo que desearía continuar o innovar. Para empezar, una limitación notable no es sólo lo relativamente magro del presupuesto sino el peso de la deuda pública heredada, pues el pago de intereses y amortizaciones consumirá casi el 20% del presupuesto de los próximos años (La Jornada, 21/10/18).
Como sea, de los recursos disponibles, el gasto principal se va a dar en el ramo de la energía, en resucitar a PEMEX y a la CFE. Ahí el aumento es espectacular ¡1030%! El siguiente salto notable es el de la Secretaría del Trabajo, con un incremento del ¡1028%! En Turismo, con el tren maya, el aumento de recursos equivale al 136%. Dentro de la clasificación de Wilkie, energía y turismo son rubros netamente económicos, pero el de la Secretaría del Trabajo es una mezcla de gasto económico y social, pues entre sus tareas está integrar a 2.6 millones de jóvenes al trabajo en empresas privadas, sector público y universidades como una medida que los aleje de las filas del crimen organizado. En las secretarías con otras tareas sociales —Bienestar, Sedatu, Sep, Salud— también hay aumentos, aunque modestos. En contraste, aquellas dependencias con tareas básicamente administrativas, como Presidencia, Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda, Economía, las fiscalías y otras, experimentarán recortes. Una excepción muy significativa es la Sedena, que propone un aumento del 16% para recuperar la seguridad, (https://www.finanzazpublicas.hacienda.gob.mx/es/finanzas_publicas/paquete_economico_y presupuesto).
La naturaleza del cambio político en México no se resume en el presupuesto, pero éste sigue siendo un buen indicador del proyecto que se está poniendo en marcha. Y en ese proyecto, que aún debe pasar la batalla de la aprobación, lo administrativo ha perdido relevancia a favor de lo económico-público y lo social. En principio, ese es el arranque y esa es la meta de la IV Transformación. Y ¡hasta el año entrante!
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