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En este último mes del año que hoy concluye, fallecen una niña de siete años y un niño de ocho, ambos guatemaltecos, cuando se encontraban bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Casi al mismo tiempo dos jóvenes hondureños, integrantes de una de las caravanas más numerosas de los últimos tiempos, son asaltados y mueren en Tijuana, antes de llegar a su destino final. Por esos mismos días en Marrakech, líderes mundiales, representantes de más de 150 gobiernos celebran el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y signan un Pacto Mundial para la Migración Segura, que no avalan ni los Estados Unidos ni al menos otros 30 países. No obstante, días después es aprobado el proyecto por la Asamblea General de la ONU, con 5 votos en contra y 12 abstenciones, mediante el cual reafirma su compromiso con una migración segura, ordenada y regular. Aunque no es una resolución legalmente vinculante, tiene como propósito proteger a los migrantes indocumentados e incluye medidas contra la trata de personas y la separación de las familias. Finalmente, mientras que México encabeza un esfuerzo inteligente de inversión cuantiosa en Centroamérica (y en el propio sur-sureste del país) para mitigar los factores que impulsan a los migrantes a abandonar sus países, el gobierno de los Estados Unidos endurece la retórica y aplica leyes rigurosas para cerrar espacios a quienes piden asilo político, para seguir separando a las familias y criminalizar a extranjeros, en nombre de su seguridad nacional. De paso, exige que México verifique el estado de salud de los menores migrantes antes de que entren a su territorio para tratar de eludir cualquier responsabilidad de posibles muertes subsecuentes. Menudo enredo.
Hay que empezar por reconocer que la política del garrote, sea contra los migrantes, sea contra el país de origen o contra los países de tránsito, no funciona. Los cruces fronterizos irregulares tanto en el norte como en el sur de nuestro territorio van en aumento. Lo mismo ocurre en muchos otros puntos del planeta. Se trata de una estrategia fallida, como fallidos han sido los intentos por negociar con México un “Acuerdo de País Tercero”. Para algunos analistas, el más reciente esquema planteado por el gobierno estadounidense, denominado Remain in Mexico (Permanecer en México), es un punto más a favor de la política migratoria de “cero tolerancia”. No obstante, el 52% de su población está en contra de dicha política, según la PBS, una importante cadena de televisión pública.
El hecho inobjetable es que los flujos migratorios recientes hacia los Estados Unidos (voluntarios, inducidos, o ambos) han generado una verdadera crisis humanitaria de dimensiones preocupantes que requiere, ante todo, de respuestas humanitarias eficaces y oportunas, lo cual no significa que se trate necesariamente de capitulaciones. En todo caso, el reto radica en buscar acuerdos que sean justos para los migrantes, sobre todo para aquellos que merecen el asilo político y que no solo se queden en la coyuntura, sino que ayuden a construir paulatinamente un control fronterizo más moderno, respetuoso de los derechos humanos y de la soberanía de los Estados. El panorama no es sencillo, pero justamente por eso, la más reciente resolución de la ONU puede ser una alternativa viable. Se trata de una hoja de ruta que no existía como tal y de la que ahora se dispone para prevenir el sufrimiento y el caos, como lo señaló recientemente el propio Secretario General, Antonio Guterres, quien ha comparado, por su importancia y complejidad, al problema migratorio internacional con el del calentamiento global.
Migrar es un derecho humano, pero para muchos, acaba siendo un delito. Para otros más, sobre todo los más jóvenes y en especial para los menores de edad, se vuelve una experiencia de muy alto riesgo, un verdadero suplicio. Migrar y ser deportado se convierte en un círculo de peligro y dolor, alerta un informe reciente del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). Entre enero y junio de 2018, unos 96 mil migrantes, entre ellos 24 mil mujeres y niños fueron deportados desde Estados Unidos y México a sus países de origen. Señaladamente Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado triángulo del norte centroamericano. Deportar a los niños es regresarlos a la violencia y a la pobreza, es exponerlos al tráfico y a la explotación sexual, concluye el citado informe.
Ciertamente el plan propuesto por la ONU, y del cual México fue uno de los “facilitadores”, no es panacea, pero representa una plataforma para adoptar acciones sensatas, con posibilidades de ser más eficaces y mantener a la vez un sentido humanitario. Se sustenta en dos sencillas ideas: por un lado, que la migración (que siempre ha existido) requiere ahora ser mejor administrada y más segura, y por el otro, que las políticas nacionales, más allá de sus distintas prioridades, tienen más probabilidades de ser exitosas a través de la cooperación internacional que de la confrontación A las personas en movimiento (migrantes) voluntario o forzado, sin o con autorización legal, se les deben respetar su dignidad y sus derechos. En tanto que su seguridad debe ser resultado de un proceso de negociación intergubernamental de buena fe, el Pacto reafirma el principio de la soberanía de los Estados. En consecuencia, ni México, ni ningún otro país signatario pierde soberanía al adoptarlo. La migración no regulada es responsable de miles de muertes y desapariciones anuales. Cada vez queda más claro que los migrantes son a menudo víctimas de los propios traficantes, de los “polleros” y de quienes los contratan, los cuales constituyen una eficaz organización delincuencial. Muchas veces son ellos los que organizan las caravanas y los que además deciden quién entra y quién no. No se puede perder de vista que también hay un lucrativo negocio detrás de todo ello.
Entender con mayor profundidad el fenómeno migratorio, desde el origen mismo, sus verdaderas causas, los inminentes riesgos que conlleva el tránsito, las distintas leyes de cada país, la deportación y sus consecuencias, los derechos de los migrantes y su distorsión, la protección especial que merecen los niños, así como los costos y los beneficios de la migración —que también los hay— ya sean económicos, políticos o sociales, el contexto jurídico internacional, y muchos otros elementos adicionales, están contemplados en los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU. Llevarlo a la práctica e irlo ajustando según las circunstancias específicas es ahora el siguiente reto. México ha sido uno de los primeros países en adoptar algunas de las medidas en él sugeridas. Con el apoyo de la CEPAL se suscribió un primer acuerdo regional para el Desarrollo Integral con los tres países centroamericanos ya mencionados, bajo la premisa de avanzar por la vía de las negociaciones multilaterales, atacando las causas, más que los efectos.
El multilateralismo es la única forma de avanzar, dijo con razón la canciller alemana Angela Merkel al darle la bienvenida al Pacto que, por otro lado, cobró ya sus primeras víctimas políticas, entre ellas el Primer Ministro de Bélgica, que se vio forzado a dimitir, al perder la mayoría de la coalición que encabezaba con el retiro de los independentistas flamencos después de suscribir el Pacto. En general, los gobiernos de derecha y las fuerzas más populistas y nacionalistas se han opuesto al proyecto.
Hoy me pregunto en qué condiciones recibirán al nuevo año los 260 millones de migrantes que hay en el mundo. Muchos de ellos son el equivalente, en nuestro tiempo, a los peregrinos de la tradición judeo-cristiana que también salieron huyendo de su lugar de origen para salvar su vida. Pensar en ellos en esta fecha, así sea por algunos minutos, nos ayudará a darle un sentido más humano a nuestra propia celebración. Feliz año.
Representante Permanente de México ante la ONU
