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La democracia alentadora del sufragio efectivo, de la representatividad, la reelección y de la impartición de justicia, con los comicios del pasado 2 de junio, dio cuenta de la competitividad, pluralidad partidista y alternancia en los órdenes del gobierno, estatales y municipales, de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, así como del patrón de abstencionismo obeso que se creyó dejaría de ser una anomalía al establecerse el énfasis de la mudanza hacia otro paradigma de la gobernación democrática, hacia otra forma de representar, administrar, conciliar y dirigir a la sociedad.
Ello no ha sido una condición suficiente en la inmediatez para lograr que las transformaciones en curso culminaran en ampliar la participación y abatir los índices de abstencionismo o al menos sostener los niveles de votación del proceso electoral del año próximo pasado.
Al respecto, ilustra el Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE de los 148 cargos populares que habrán de relevarse por los electos en los seis estados referidos.
De los procesos electorales ordinarios, la abstención de votar fue: del 71% de 11 ayuntamientos en Aguascalientes; del 70% en la elección de gobernador de Baja California; del 55% de 39 ayuntamientos electos en Durango; del 78% de 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional electos en Quintana Roo; y del 67% de 22 diputados de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.
En tanto, de la elección extraordinaria de gobernador de Puebla fue del 67% de abstención del electorado, la cual se incrementó al doble con respecto a los comicios de 2018, cuya cifra fue del 33%. Hecho explicable, en gran parte, por el suceso trágico poselectoral, con el fallecimiento de la gobernadora electa en el año pasado, generador de incertidumbre y desconfianza política ciudadana.
Las adversidades a la democracia configuradas por la abstención a sufragar se han llegado a entender y responsabilizar con la pérdida de vitalidad dada por la elección presidencial y hoy se produce como parte de esa crisis recurrente de nuestro sistema electoral, padecido de forma endémica.
Desde otra perspectiva, derivado de las encuestas realizadas por Latinobarómetro y de Parametría, el abstencionismo se traduce por la falta de credibilidad de la política y los políticos por la población mexicana fundada en la desconfianza y descontento por las promesas incumplidas. Y digámoslo también por los quebrantos contundentes del desarrollo, bienestar social y crecimiento económico.
En suma, los resultados electorales de 2019 se han traducido en una crisis de representatividad.
Ante ello, en el funcionamiento democrático, los tribunales electorales, federales y locales, con sus fallos, en sus ámbitos de competencia, han confirmado, modificado o revocado, entre otro orden de asuntos, los procesos internos de selección de candidatos, solicitudes de aspirantes a candidatos independientes, registros de candidatos, inelegibilidad de éstos, integración de planillas de candidatos de ayuntamientos, actos anticipados de precampaña y campaña, propaganda política electoral y el derecho de réplica.
Ahora, en la etapa de los resultados electorales, los órganos jurisdiccionales en la materia, deberán solucionar las controversias que se promuevan, como resolver si se acredita el uso indebido de recursos públicos, anulación de votación recibida en casilla, nulidad de elección, asignación de diputados y regidores de representación proporcional y violación a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, violaciones graves, dolosas y determinantes, relacionadas con el rebase de tope de gastos de campaña, compra de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión.
De este modo, las instituciones de justicia electoral se constituyen en garantes de la integridad democrática, de la legitimidad de elecciones libres, del gobernante electo, del ejercicio del gobierno y del sufragio efectivo, es decir, del derecho del ciudadano al ejercer su voluntad jurídica y política con su voto libre en las urnas, sin injerencia ni presión de partidos, candidatos, gobernantes, por grupos fácticos, por dádivas o por cualquier otro medio que vulnere y capture el voto ciudadano, lo cual conduzca a deformar la democracia.
La vía de la justicia electoral constituye el componente crucial de la democracia para el funcionamiento óptimo del sistema de medios impugnativos en materia electoral, pero no para solventar la problematización del abstencionismo arrasador en los procesos electorales en curso.
Este tema se ha omitido o desestimado, tal vez por descuido, en la agenda legislativa y por los demás actores políticos. Como está por suceder con la apertura de: Foros de la Reforma del Estado y Electoral, con el arranque del día 11 de junio, organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No se encuentra como un tema relevante para la reforma electoral de la democracia. Basta observar los temas político-electoral a discurrir, tales como: la paridad de género, competencia, reestructuración y vigencia de las autoridades electorales, obligaciones de los partidos políticos, campañas, nulidad de elecciones, financiamiento, prerrogativas y fiscalización de recursos públicos, medios de comunicación, derechos de los pueblos indígenas y representación de éstos.
Con ello se deja fuera de foco y sin acento el tema de la participación ciudadana para abatir el abstencionismo en los procesos electorales, en la renovación del poder, de cómo establecer y reestablecer la extensión del sufragio efectivo con todas las instancias institucionales que la democracia requiere para superar el abstencionismo patológico y con ello, la crisis de representatividad.
